Los asesores del gobernador Diego Sinhue Rodríguez han colocado en el centro de su acción la preocupación de una buena parte de los ciudadanos de Guanajuato por el desabasto de combustible, en una apuesta que suena lógica: anteponer las urgencias de los gobernados a cualquier otra agenda.

Así, se le vio interactuar desde el primer momento de la crisis con autoridades como el director general de Pemex. Hoy, ante la persistencia del problema y la continuidad de las filas de horas y días ante las gasolineras de ciudades pequeñas y grandes del estado, el mandatario guanajuatense va a Texas a tratar de intermediar una mayor adquisición de combustible importado directamente desde Guanajuato.

Diego Sinhue Rodríguez habla con ciudadanos en una fila de abasto de gasolina este domingo. Foto: Twitter.

Sin embargo, además de los reflectores que son inherentes a la política en nuestros días, también sería bueno que se atendieran las causas profundas que nos han colocado en la situación actual, contribuyendo desde la esfera de las responsabilidades locales.

La tormenta de inconformidad provocada por las incomodidades de la carencia de combustible no debe hacernos olvidar que este problema surge por el crecimiento desmedido del robo y la comercialización ilegal de combustibles, un delito federal que amerita la coordinación local para ser frenado y, aunque suene complicado, erradicarlo.

Porque, de no resolverse de fondo el tema de las bandas organizadas que roban combustible contando con complicidades oficiales en Pemex y en las policías estatales y municipales, incluso medidas como la de traer petróleo texano están en riesgo.

Aquí es donde sería importante que el gobernador de Guanajuato ponga el énfasis, en una tarea que probablemente no deje tantos reflectores como la de intervenir en el aumento del abasto de combustible, pero que es imprescindible: afianzar la vigencia del marco de derecho y hacer que la ley se respete en su territorio.

Para ello hace falta extremar la coordinación de los esquemas de seguridad locales con los federales. Se precisa también echar a andar con eficiencia los costosos sistemas de video vigilancia para intercambiar información con las fuerzas federales desplegadas y por desplegar en la entidad.

Los mandos de la seguridad en Guanajuato deberían dejar de comportarse como señores de horca y cuchillo que se manejan sin ningún control político y sin ninguna obligación de coordinación.

Por eso todo está conectado. La decisión política de Diego Sinhue Rodríguez para entronizar a Zamarripa como el funcionario más poderoso de la escena política de Guanajuato, no puede ser ajena al problema generalizado que se presentó en los años recientes, donde el respeto a la ley, la tranquilidad y la paz se vieron resquebrajadas a ciencia y paciencia de quienes deberían ser responsables de prever y atender ese problema.

Resulta evidente que el PAN, sometido por sus jerarcas invisibles donde ya destaca el ex gobernador Miguel Márquez, decidió la permanencia de Zamarripa no como una solución a los problemas de inseguridad, sino como una primera línea de defensa de sus intereses económicos y políticos. Contar con la policía, la investigación de los delitos y la inteligencia político-policiaca como insumos para la administración del poder y la permanencia en él, no es poca cosa.

Sin embargo, así como López Obrador debe entender que el combate a la corrupción tiene que ir de la mano con estrategias que preserven a los ciudadanos de daños mayores, de la misma manera Sinhue como político deberá hacerse cargo que su proyecto y el de los grupos que representa no puede prosperar si no enfrenta los conflictos reales que debilitan a la sociedad, como ocurre con la actuación impune del crimen organizado en la entidad, para frenar el cual no ha servido la enorme acumulación de poder del Zar Zamarripa.

Ojalá prosperen las gestiones del gobernador de Guanajuato para traer combustible por vías alternativas y dejar atrás la dependencia de un solo proveedor. En todo caso, esa era una de las bondades de la festejada reforma energética.

Sin embargo, de poco servirá proteger la actividad económica del estado si no se inicia una batalla seria contra la amenaza criminal, la cual amerita una gran labor de concertación y de alianzas entre los tres niveles de gobierno. Esa es la tarea que no deberá olvidarse por los reflectores momentáneos que ha permitido la crisis de la gasolina.