Propaganda, autodesmentidos, silencio y filtraciones no pueden constituir una línea de comunicación confiable y creíble, como ha pasado en el manejo de la fosa que contiene una cifra incierta de cuerpos superior a la veintena; peor andaremos si a la violencia y el horror criminal se suma la desconfianza en la autoridad.
El modelo de comunicación social que ha instrumentado el núcleo de seguridad del gobierno de Guanajuato, conformado por el tándem Procuraduría de Justicia y Secretaría de Seguridad, excluyendo a la Secretaría de Gobierno que solo aparece en el papel pero que ninguno de los otros toma en cuenta, solo se preocupa por hacer propaganda y no por informar.
Ya son numerosas las ocasiones en que el área de comunicación de Carlos Zamarripa se cierra a dar información precisa de lo que ocurre en un suceso que tiene en vilo a una comunidad.
Ha pasado en San Miguel de Allende con la muerte de 3 menores hace un año; o con el reciente secuestro del balneario y la muerte de 3 personas, incluyendo dos funcionarios municipales. Ahora ocurre con la fosa encontrada en Villagrán donde se han localizado al menos dos docenas de cuerpos humanos.
Cuando la PGJE salió a informar el viernes pasado de la localización de la familia secuestrada en Celaya, en realidad estaban tratando de reivindicar un “logro”, el “esclarecimiento” de un caso. Sin embargo, a esas alturas probablemente ya sabían que en la inhumación clandestina había más cadáveres que los reportados solo para efectos de enaltecimiento de la dependencia.
Al ocurrir la inconformidad de los familiares de las víctimas presuntamente localizadas e intervenir incluso el obispo de Celaya, Benjamín Castillo, para exigir a la procuraduría y al gobierno del estado mayor claridad, Carlos Zamarripa no tuvo ningún empacho en desmentir su comunicado y atribuir la confusión a unos medios que no habían hecho más que recibirlo y transcribirlo, ante la carencia de otros elementos de valoración.
Después de eso, la única política ha sido la del silencio, subrayada por filtraciones, no se sabe si intencionadas o fortuitas, desde el seno de la PGJE, que van dando cuenta del incremento del número de cadáveres que se han localizado en el socavón de Villagrán, hasta estar rondando los 30 al filo de este jueves.
El hermetismo alcanza a otras entidades de seguridad, sobre todo las federales, pese a que existe un grupo de coordinación que podría coadyuvar y contribuir a un esclarecimiento de identidades y de casos que fuese más expedito.
¿Por qué debe de ocurrir así? Alguien debería explicarlo. Lo cierto es que el incremento de las desapariciones en esa zona del estado habla de una situación de extendida impunidad, un clima de terror que sería urgente hacer retroceder lo cual no se puede hacer sin el concurso de todas las instancias de gobierno y de la propia sociedad civil.
En el silencio que rodea al foso de Villagrán se reflejan buena parte de las insuficiencias que pudieron habernos llevado a la situación que vive el estado hoy y de la que tratan de evadirse los gobernantes que concluyen sus encargos y sobre la que aún nada nos dicen los que buscan llegar a los puestos de gobierno.
Urge romper ese cerco y conocer a qué nos estamos enfrentando como sociedad y con quiénes contamos para revertir el horror.
