La incongruencia es la marca del momento político. Los gobernadores hacen en sus estados lo mismo que el presidente a nivel federal. Allá lo combate el PAN, en Guanajuato lo convalida.
A nivel nacional Ricardo Anaya libra una difícil contienda no solo contra los otros aspirantes presidenciales, sino contra el gobierno de la República que ha elegido priorizar una investigación en su contra dejando de lado los casos que involucran a otros personajes de la política, sobre todo priistas.
De haberse tomado con la misma velocidad y enjundia los casos de Odebrecht, de la estafa maestra o hasta de la casa blanca, probablemente ya tendríamos algún miembro del gabinete de Enrique Peña Nieto tras las rejas y, quién puede saberlo, quizá su popularidad no estaría en los suelos como ahora.
Sin embargo, no ha sido así. Normalmente los gobiernos no se investigan a sí mismos, sino que lo hacen con sus antecesores, cuando son de otro partido, y sus opositores. Lo vemos también en el Guanajuato del gobernador aparentemente “anayista” Miguel Márquez Márquez.
Como Peña Nieto, Márquez ha tenido en sus manos la posibilidad de investigar contratos inexplicables como los de las cámaras de Escudo, los de la compra anual de medicamentos y los de las obras públicas que realizan los fideicomisos de la Secretaría de Turismo. Casualmente, solo este último ha “prosperado”, acabando en un castigo de tres días de suspensión laboral para el titular del área, Fernando Olivera. Ejemplar, sin duda.
Márquez se ha rodeado de un procurador de Justicia, un procurador anticorrupción y una titular del Poder Judicial que le son cercanos y leales. Las instancias de fiscalización actúan bajo la sospecha de recibir instrucciones del gobierno panista y actuar de forma sesgada.
Además, designó un procurador de derechos humanos que actúa bajo consigna y con una perfecta ignorancia de las obligaciones en la materia que el país ha convenido en acuerdos internacionales.
Es decir, todo aquello contra lo que hoy Ricardo Anaya y el movimiento por México al Frente están combatiendo y han cuestionado de raíz, ocurre con un gobernador que no es solo su correligionario, sino que ha sido su asociado en las soluciones políticas tomadas en Guanajuato recientemente.
Pero las cosas no quedan ahí. Márquez no solo no se ha preocupado por hacer un gobierno que evite las tradicionales trapacerías priistas que hoy ponen en jaque a Ricardo Anaya, sino que de fondo tiene alianzas fundamentales y funcionales con el gobierno de Enrique Peña Nieto, evidenciadas más después del conflicto entre Javier Corral y la Secretaría de Hacienda.
Quizá es por eso que el PAN no respaldó la propuesta de Márquez de enviar como candidato a diputado a Luis Alberto Villarreal, el panista más cercano a Manlio Fabio Beltrones desde que ambos inventaron la famosa partida de los moches, en una legislatura de la que también formó parte Ricardo Anaya.
Ahora que se tensa más la cuerda de la relación entre la campaña frentista de Ricardo Anaya y el gobierno de Enrique Peña Nieto, los gobernadores del PAN y del PRD tendrán que dejar claro de que lado están. Difícilmente podrán actuar como los gobernadores priistas del 2006 que terminaron inclinando la balanza a favor de Felipe Calderón y dejando caer a Roberto Madrazo al tercer lugar.
Una cosa sería evitar los desfiguros gubernamentales de mandar señales encontradas, lo que por ejemplo complica extraordinariamente el deseo de Márquez de designar a Carlos Zamarripa como primer fiscal general de Guanajuato, justo cuando Anaya y el Frente endurecen la posición del fiscal autónomo.
Otra cosa, muy distinta, sería que les haya pasado por la mente la idea de traicionar electoralmente al partido al que pertenecen para comprar impunidad. Podría ser un error de funestas consecuencias.
