Como en otros campos de la vida pública, algunos magistrados del STJE también realizan precampañas, más por ambiciones personales que por proyectos sustanciales: malas noticias para la justicia.

En la desinstitucionalización que vivimos, donde los individuos que transitoriamente ocupan posiciones de poder eluden la responsabilidad que esos mismos cargos conllevan para cuidar solo sus intereses personales, hoy le toca el turno a la una institución cuya independencia y profesionalismo debería ser vital para una adecuada vida en sociedad.

Hoy vemos alcaldes que pretenden reelegirse sin mérito alguno, solo porque la ley les abre la puerta, pero sin hacerse cargo del mal desempeño que han realizado.

Vemos a un gobernador panista empeñado en la construcción de un delfín que lo proteja de las consecuencias de un gobierno que ha tomado decisiones oscuras y para beneficio de amigos y compadres, sin importar el deterioro de las instituciones que tiene a su cargo.

Vemos a diputados a los que no les importa votar leyes inconstitucionales y regresivas por simple y llano populismo, como ocurrió con el adefesio de la “legítima defensa”, una verdadera renuncia al monopolio de la fuerza por parte del estado, para propiciar el ajuste de cuentas entre ciudadanos.

En ese marco de desgobierno propiciado por quienes tienen el monopolio de las decisiones públicas y el manejo de los presupuestos, toca el turno al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, una institución prestigiada hasta ahora, no obstante la manipulación de nombramientos en su seno que han realizado los partidos políticos.

La próxima sucesión en la presidencia del Tribunal de Justicia, Miguel Valadez concluye su encargo este mes de diciembre, ya tiene en campaña a varios de los magistrados que integran el Pleno del Poder Judicial, olvidados de las crisis que ha propiciado la mala aplicación de la reforma penal y de los retos del sistema judicial en general, como por ejemplo el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género tan ausente.

La designación de nuevos magistrados y de un consejero de la judicatura, ha dado pauta a que se muestren algunas de las ambiciones que anidan entre los magistrados.

Por ejemplo, resulta increíble que uno de los aspirantes a regresar a la presidencia del STJEG sea el titular de la Tercera Sala Penal, Alfonso Ernesto Fragoso Gutiérrez, quien ya encabezó el Poder Judicial los años de 2012 y 2013, arrancando cuando aún era gobernador Juan Manuel Oliva y quien viera impedida su reelección por haber llegado a término su periodo de siete años como magistrado.

Fragoso, un ex catedrático de derecho de la Ibero que nunca hubiera alcanzado la posición de magistrado de no haber sido por Fernando Torres Graciano, quien fue su alumno y lo impulsó desde la dirigencia del PAN, parece sentir que se le debe el regreso a la presidencia y la posibilidad de quedarse allí por 4 años, como si se tratara de una decisión escriturada.

Al igual que los pésimos alcaldes que padecemos y que creen tener escriturada la reelección, el magistrado penal no se hace cargo de que su presidencia fue entre banal y anecdótica y que buena parte del fracaso que se observa en la impartición de justicia en Guanajuato al día de hoy, se debe a las deficiencias de la instrumentación de la reforma penal acusatoria.

Por eso se antoja casi una burla que Fragoso aliado con Miguel Valadez pretendan colocar a la exmagistrada Imelda Carbajal como nueva consejera del Poder Judicial cuando ella fue la responsable de la reforma contratada por honorarios por el Supremo Tribunal, precisamente bajo la presidencia de Fragoso.

Pero los otros candidatos no ofrecen mucho más, La magistrada de la Cuarta Sala Civil, Claudia Barrera Rangel aparecerá de nueva cuenta patrocinada por Rafael Barba Vargas, su paisano irapuatense y compadre del gobernador Márquez, para intentar lo que no pudo ser en 2014: infiltrar al Poder Judicial desde su nivel más alto.

Un tercer aspirante es el magistrado penal de la Cuarta Sala, Héctor Tinajero Muñoz, actualmente mano derecha del presidente Miguel Valadez y un auténtico delfín, como parece estar de moda en los círculos públicos de la entidad.

Dos figurantes que tienen escasas posibilidades son los magistrados Eduardo Hernández Barrón, de fuerte filiación olivista, titular de la Segunda Sala Penal; y José Luis Aranda Galván, de la Octava Sala Civil, a quien no parece serle de mucha utilidad su abandono de la filiación torresgracianista para adscribirse con Diego Sinhue Rodríguez, propiciando que se infiltre la pugna preelectoral panista en un recinto que debería ser refractario a esos devaneos.

Lo lamentable es que ninguno de los mencionados tenga ni de lejos un plan de reforma o reestructuración de la impartición de justicia en Guanajuato, sino que todos ellos quieran la posición para convertirse en edecanes de compañía del próximo gobernador.

Mientras esto ocurre en el seno de la judicatura de Guanajuato, donde los sueldos altos, los viáticos indiscriminados y las prestaciones de lujo no dejan que se sienta el rigor de la realidad, afuera en las calles, el crimen y la injusticia se enseñorean y se ceban sobre los ciudadanos de a pie.

Dice el clásico que no hay buena ley cuando hay malos jueces. Parece ser el caso.