Arnoldo Cuellar

Del guerrillero chileno a la cacería de brujas

In Botepronto, sinembargo.mx, Zona Franca on julio 5, 2017 at 3:29 am

Personas inocentes, sin antecedentes ni mayor implicación que la de haberse relacionado con un extranjero perseguido por la justicia de su país que llevaba una triple vida en San Miguel de Allende, sufren una injusta persecución que ahora, infamemente, se filtra a medios de comunicación nacionales.

La información espectacular de la detención de un prófugo de la justicia chilena, con antecedentes en la insurgencia antipinochetista y vinculado a un caso de secuestro en San Miguel de Allende, ha comenzado a tomar un sesgo siniestro para un sector de la población de esa tranquila ciudad.

Las indagaciones policiales, aparentemente conducidas por la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato ante la inconformidad de la PGR que ha hecho saber su enojo por las intromisión de la instancia local a través de filtraciones en los medios, tomaron otro rumbo en estos días.

Ayer martes, el noticiero en cadena nacional Despierta, conducido por el periodista Carlos Loret de Mola, publicó una pieza informativa que involucra nuevos nombres de “presuntos cómplices” de Ramón Alberto Guerra Valencia, el aparentemente tranquilo exiliado chileno que hizo vida social en San Miguel de Allende.

Solamente que entre esos nombres se encuentran los de algunas personas de actividad y reputación intachable cuyo único pecado fue entablar amistad y sostener eventuales relaciones comerciales a lo largo de los años con quien hoy ha sido identificado como Raúl Escobar Poblete, el mítico comandante Emilio del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Una de estas personas, cuyo nombre omitimos por elemental respeto, ha visto como su vida se cae en pedazos, primero con el bloqueo de sus cuentas bancarias y después con una infame e ilegal imputación de pertenencia a una despiadada banda de secuestradores seriales, la cual no fue realizada ante ningún juez, sino ante un noticiero de televisión nacional.

Con el más absoluto de los desprecios a los procesos legales establecidos por el sistema penal acusatorio que hoy rige en el país, el noticiero de Televisa exhibió identidades, números de cuentas bancarias y domicilios de personas a las que se vincula a la realización de una serie de sonados secuestros, exactamente en el estilo que complicó el caso Cassez.

Algunas de las personas exhibidas han estado declarando ante las autoridades, pero hasta ahora no tienen noticia de que se les haya realizado una imputación formal. Sin embargo, eso ya parece no importar ante la brutal exhibición de que fueron objeto.

Por si algo faltara, el reportaje se ilustró con elementos que solo pueden obrar en la carpeta de investigación y con imágenes de las audiencias que han sido privadas y las que solo tienen acceso el inculpado, Escobar Poblete, su defensor, el juez y los oficiales del Ministerio Público.

No es inusual en nuestro medio que las autoridades ministeriales privilegien a ciertos medios de comunicación, con los que pretenden quedar bien, con materiales provenientes de los expedientes judiciales. Cuando en cambio quieren ocultar las cosas, ante cualquier solicitud de información la respuesta es siempre que se encuentra “en el secreto de la averiguación”.

¿Cuál es la intención de exhibir a ciudadanos inocentes, que solo tuvieron la mala suerte de cruzarse con un presunto criminal que hacía no una doble, sino una triple vida?

Investigar puede tener sentido, sobre todo por el origen de los recursos con los cuales Escobar Poblete podría haber realizado transacciones, pero presentar como cómplices a quienes fortuitamente se cruzaron en su caminos, puede resultar altamente riesgoso para una investigación que tiene encima una fuerte observación, no solo nacional.

Pero, además, exhibir que los métodos de las autoridades mexicanas incluyen la violación del debido proceso, la afectación los derechos y la privacidad de personas que ni siquiera forman parte de la investigación y hasta la exhibición de datos personales del inculpado, pueden constituir otro grave desprestigio para la justicia local.

Por lo pronto, en San Miguel Allende cunde el enojo, la indignación y también la preocupación. Integrantes de un vasto círculo social que tuvieron tratos frecuentes u ocasionales con Ramón Guerra, no saben si serán citados a declarar o hasta considerados sospechosos.

Los métodos de investigación “científicos” de los que tanto se jacta el procurador Carlos Zamarripa, se han convertido en una vulgar cacería de brujas, al más viejo estilo de las investigaciones judiciales de hace décadas, ahora en cadena nacional. Por vergüenzas no paramos.

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