El apuro en estos días en el entorno de Márquez para sacar asuntos complicados, parece indicar una inminente licencia que buscaría tardíamente subirlo a la carrera presidencial, con el objetivo de evitarle las penurias del fin de sexenio.
El gobernador Miguel Márquez está cansado, está preocupado y quiere cuidar su futuro. Quienes lo rodean empiezan a darse cuenta de que aumentan las posibilidades de que no concluya el sexenio y siga el camino de Juan Manuel Oliva de pedir una licencia con cualquier pretexto, incluso el de una tardía precandidatura presidencial cuyo verdadero objetivo sería aterrizar en el equipo de Ricardo Anaya.
Muchas cosas dependen de los resultados que arrojen las elecciones del próximo domingo, donde incluso una catástrofe en el Estado de México podría ser compensada por triunfos panistas en Coahuila y Nayarit y propiciar definiciones en la carrera por la candidatura panista.
Sin embargo, el tema nacional no es lo más importante para Miguel Márquez, quien muy probablemente se irá igualmente si las cosas no ocurren como le podría convenir al dirigente nacional panista.
Lo que parece evidente es que el gobernador panista no está disfrutando el último tramo de su gobierno, cuando demasiadas cosas están saliendo de control. Sería muy difícil para un Márquez al que le gusta cortar listones y dar buenas noticias, tener que enfrentar el complicado momento de la inseguridad, originada en el descuido de los últimos años y en la fatiga de imaginación y compromiso del equipo que eligió para atender ese ámbito.
El arribo de la brigada de policía militar en realidad no garantiza nada. Así como la inversión de Escudo no redituó absolutamente nada, ninguna otra medida providencial surtirá efectos si no hay un trabajo arduo, continuado y sin lucimiento en los sótanos de las corporaciones policiacas de municipios y del estado.
Por lo pronto, haber acordado la instalación con el Secretario de la Defensa y sufragar su costo, constituye un mérito político del mandatario con el sector militar, lo que pase después será harina de otro costal.
Como parte de ese apurar las urgencias, este jueves en el Congreso se le quiso dar prisa a la reforma para crear la Fiscalía General del Estado, que otorgará autonomía a la procuración de justicia con un fiscal de 9 años.
La fracción panista pretendía empujar ya la designación, pero la oposición logró posponerla para 2018. De cualquier manera, existe la posibilidad, temible en todos los sentidos, de que el actual procurador, Carlos Zamarripa Aguirre, con 8 años en el cargo, pueda ligar un periodo de nueve años más, lo que le convertiría en un verdadero Fouché, con más poder que todos los gabinetes por venir y aun los gobernadores.
Márquez tampoco quiere lidiar con los reclamos de las grandes empresas del ramo automotriz que decidieron instalarse en un estado pacífico con abundante mano de obra y magníficas interconexiones, pero que hoy ven como la infraestructura colapsa por la ausencia de planeación y la mano de obra capacitada se agota y empieza a encarecerse.
Pero lo más preocupante, quizá, es la existencia de temas abiertos en materia de irregularidades sobre todo en las grandes adquisiciones del sexenio: el programa de vigilancia Escudo, el suministro de medicamentos al Seguro Popular, las tabletas, uniformes y mochilas que se regalaron cada año en cantidades industriales, incluso ciertas asignaciones de obra pública, sobre todo hospitales y escuelas.
Todo ello tiene que ver con el hoy “desaparecido” financiero de la campaña y compadre del gobernador Miguel Márquez, Rafael “Gallo” Barba Vargas, sobre quien se ha pretendido tender una cortina de humo, solo horadada por la construcción de un ostentoso hotel y plaza comercial a la entrada de Irapuato, que es la comidilla en esa ciudad y en cuya estructura de propiedad aparece Barba como varios medios de comunicación han documentado.
Con su partida antes de tiempo, pareciera que Márquez no solo quiere ahorrarse los dolores de cabeza de un gobierno que se desvanece ante el surgimiento de un candidato oficial y el encarnizamiento de la lucha electoral, sino también tener el tiempo de organizar una retirada que amortigüe los señalamientos de corrupción.
Si esta licencia ocurre antes del último trimestre del 2017, el gobernador también evitaría el complicado trance de convertirse en el gran elector dentro del PAN, una operación que dejará cicatrices difícilmente sanables en el corto plazo y que revertirá en su contra, justo en el declive de su capacidad de maniobra.
La salida de Márquez, realizada varios meses antes que la de Juan Manuel Oliva a quien no le alcanzó para fintar la precandidatura y debió conformarse con un cargo de adjunto en el CEN panista, abre la especulación sobre el responsable de cerrar el sexenio. De eso nos ocuparemos próximamente.