Un funcionario acusado de acoso y hostigamiento que es despedido, pero protegido desde instancias gubernamentales, muestra la fragilidad del compromiso del gobernador Márquez con la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres.

Estos días han escuchado discursos llenos de vehemencia del gobernador Miguel Márquez en torno al compromiso de su gobierno con la equidad de género y la protección a las mujeres.

En el informe de gobierno, en su estilo coloquial y desenfadado, el mandatario aludió a los avances en sus políticas públicas para la equidad de género y la protección a las mujeres contra la violencia, cerrando el capítulo con emoción, algo que ha llegado a simular con gran eficacia como orador.

En realidad, la adscripción de Márquez a una visión de género ocurrió a regañadientes y tras varias derrotas en la opinión pública, a raíz de casos sonados donde su administración dejó ver el rezago en esa materia.

Sin embargo, hay que reconocer que el gobernador se aplicó, autorizando incluso la contratación de un curso sobre las nuevas visiones de la teoría de género, impartido a varios funcionarios de su equipo por la activista y académica Marta Lamas.

La visión adquirida sirvió para empoderar al Instituto de la Mujer, una dependencia que sobrevivía con un presupuesto raquítico y sin ninguna influencia visible en las políticas estatales. Funcionó incluso para que en el relevo de ese organismo, Márquez se decidiera por un funcionaria que domina el tema, como Anabel Pulido.

No obstante, las nuevas competencias del gobernador en el tema de la equidad no fueron suficientes para persuadirlo, por ejemplo, de establecer un criterio de menor desigualdad en su gabinete, donde de una docena de funcionarios de primer nivel, solo hay una mujer.

Lo más grave, empero, no es eso, sino el hecho de que la visión de respeto y dignidad que debe privar en las relaciones entre hombres y mujeres no parece haber permeado a sus colaboradores más cercanos.

Así se ve en el caso de acoso primero sexual y luego laboral protagonizado por un funcionario de segundo nivel en la Secretaría de Turismo, Omar Murillo Núñez, quien a lo largo de varios años hostilizó a una funcionaria bajo sus órdenes, usando como argumento supuestas instrucciones del Secretario de Turismo hasta llegar al extremo de privarla de su trabajo.

La situación fue denunciada en instancias administrativas y en el propio Instituto de la Mujer, lo que motivó la renuncia de Murillo Núñez a su cargo, más por presiones que por decisión propia.

Sin embargo, ante la evidencia de que el funcionario seguía protegido por sus superiores e, incluso, desempeñando labores en la misma dependencia, la familia de la víctima la respaldó para llevar su denuncia a la instancia penal y también hacerla pública ante los medios de comunicación.

La protección a Murillo quedó al descubierto cuando el director de Comunicación Social del gobierno de Miguel Márquez, Enrique Avilés Pérez, proveniente también de la Secretaría de Turismo antes de su actual cargo, se movilizó para hacer control de daños y conseguir espacio en medios de comunicación al funcionario acusado.

Es más que probable que de esto nada sepa Miguel Márquez y sería injusto hacerlo responsable. Sin embargo, Enrique Avilés se ha convertido en los últimos meses en uno de los funcionarios de mayor ascendiente en el gabinete y orienta buena parte de las apariciones públicas y el discurso del gobernador.

El hecho de que se maneje con tanta autosuficiencia e impunidad para revictimizar a una empleada pública que ha sufrido acoso y cuyo caso está siendo tratado por otras instancias del gobierno, solo habla de que el discurso de Márquez no permea, que sus políticas públicas aún sufren de serias resistencias aún en su entorno más cercano y, lo más grave, que sus colaboradores hacen lo que les viene en gana y no lo que al gobierno conviene.

Es la peor noticia en la recta final de esta administración. Justo cuando ya no importa mucho lo que puede hacerse, sino lo que se ha dejado de hacer. Por lo pronto, una nueva batalla por la equidad y la dignidad de las mujeres, esta vez de las que trabajan en el gobierno panista de Guanajuato, está a la puerta.