Arnoldo Cuellar

Lecciones del caso Karla Silva

In Botepronto, Zona Franca on marzo 14, 2016 at 3:38 am

La detención de Enrique Solís es un punto de quiebre en la lucha contra la impunidad de las agresiones a periodistas en el país; pero no debemos olvidarnos de avanzar en el tema de la prevención.

La detención del exalcalde de Silao, el priista Enrique Benjamín Solís Arzola, acusado de la autoría intelectual de un alevoso ataque contra la reportera Karla Silva del periódico el Heraldo de León, perpetrado por 3 sujetos y planeado por el jefe de la policía de ese municipio, constituye un acontecimiento central en la vida democrática de Guanajuato.

Cuando en otras partes del país, la violencia contra los periodistas aumenta, junto con la impunidad, lo acontecido a lo largo de estos meses y en los últimos días en la entidad, marca una diferencia sustancial.

Solís Arzola es un político de un partido distinto al de la administración que lo ha encausado; sin embargo, incluso el propio PRI ha marcado distancias y ha asumido una postura alejada de partidismos y sumándose al repudio a los ataques contra periodistas.

Y aunque en el Congreso del Estado una primera y oportunista actuación de la bancada perredista planteó una iniciativa, sumamente elemental, para legislar en torno a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, hasta ahora la clase política en su conjunto manda solo señales tibias en torno a la relevancia que le otorga al trabajo de los comunicadores y a las garantías que se le deben a esa tarea.

En buena medida, la actuación de las autoridades de Guanajuato y el respaldo que parece otorgarle el gobernador Miguel Márquez a su procurador, se deriva de la rápida reacción del propio gremio periodístico, tradicionalmente desmovilizado y balcanizado.

Más allá de su adscripción a distintas empresas, en ocasiones con intereses encontrados; por encima de las diferencias en el ejercicio de la profesión y haciendo a un lado filias y fobias, un sector importante de los trabajadores de los medios se manifestó en Silao a los pocos días de la agresión contra Karla Silva, aquel septiembre de 2014, ingresando hasta la oficina del entonces alcalde en funciones para reclamarle su posible participación en el caso y exigir garantías para el trabajo de la reportera.

La reacción, en buena medida espontánea, convocó a periodistas de prensa escrita, Internet, radio y televisión, incluso trabajadores de oficinas gubernamentales de comunicación social. Curiosamente, la ausencia notable a lo largo de este proceso ha sido la de los empresarios y directivos de los medios que no parecen particularmente interesados en proteger a sus propios trabajadores.

La movilización frenó la hostilidad de los funcionarios de Solís Arzola hacia Karla Silva; impulsó al procurador de los Derechos Humanos a una intervención expedita que determinó razonables indicios de autoría intelectual de la autoridad municipal y posiblemente influyó también para que el ministerio público determinara otorgar protección a la joven comunicadora silaoense.

Pero, sobre todo, la solidaridad activa del gremio dio el marco adecuado para que ese mismo ministerio público asumiera el caso con toda la seriedad y los recursos a su alcance a fin de desentrañar la trama criminal que había resultado en la agresión a la periodista en sus propias oficinas, pero que se había originado en la inconformidad del alcalde y sus allegados con su trabajo cotidiano.

Sin embargo, un resultado como la detención del exalcalde y su vinculación a proceso, no se hubiera logrado si además de la solidaridad y la incipiente movilización, no se hubiera dado un trabajo de seguimiento y continuidad por algunos actores que se tomaron absolutamente en serio la tarea de acompañar a la periodista agredida.

De no haber sido por activistas como Verónica Cruz, del Centro Las Libres y Raymundo Sandoval, enlace de Artículo 19; por periodistas como Verónica Espinosa, corresponsal de Proceso; por los abogados de la Clínica de Interés Público del CIDE, José Antonio Caballero y Javier Cruz, probablemente el caso se hubiera sumado a la larga lista de crímenes impunes contra periodistas.

No deja de ser notable una cuestión: Karla Silva actuaba como una incisiva cronista de los dislates cotidianos del alcalde Solís Arzola y sus colaboradores, pero no lo hacía solo por su iniciativa, sino impulsada en buena medida por la línea editorial del medio en el que sigue trabajando hasta la fecha, lo que vuelve injustificable, aunque no inexplicable, como sus superiores la han abandonado en su lucha por denunciar y obtener justicia.

La movilización, por otra parte, al no mantenerse el ritmo de la reacción inicial de respaldo a Karla Silva, fue insuficiente para poner a trabajar a los diputados de la pasada y la actual legislaturas en el tema de la prevención de la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Los anteriores legisladores fueron incapaces de articular una propuesta solvente, dejando la carga a los propios comunicadores en foros de los que, lamentablemente, tampoco retomaron las propuestas.

La actual legislatura, que recibió la herencia, ha tenido dos momentos: el de la diputada priista Luz Elena Govea, para más señas presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, quien tuvo el descaro de tratar de intercambiar el apoyo a la iniciativa de ley de protección a periodistas por la petición de que los reporteros del Congreso dejaran de publicar el caso de nepotismo protagonizado por ella misma al haber empleado a su sobrino como “asesor”.

El otro es del coordinador panista, Éctor Jaime Ramírez Barba, quien afirma que la solución al tema de las garantías para el trabajo de comunicadores y activistas de derechos humanos no se encuentra en una ley, sin que establezca tampoco, dónde sí se encontraría.

Así, las cosas parecen caminar disparejas para tratar de establecer un sólido marco jurídico y político que ofrezca garantías a la libertad de expresión, no solo de periodistas sino de todos los ciudadanos; pero también al trabajo específico de informar sobre el acontecer político y social; y, además, a la labor específica de acompañamiento a víctimas y a grupos vulnerables.

Lo único claro es que, ante los devaneos de los políticos de toda laya, los periodistas y los defensores de derechos humanos debemos seguir tomando la tarea en las propias manos. Algo que, desde luego, ya se sabía.

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