Arnoldo Cuellar

Movilidad: una ley con destinatario

In Botepronto, Zona Franca on febrero 29, 2016 at 3:59 am

Flecha Amarilla y no Uber, es el verdadero beneficiario de la Ley de Movilidad de Miguel Márquez, elaborada por un exejecutivo del consorcio transportista.

Lo dicho, Miguel Márquez se ha convertido en un consumado artista de la política, de la más tradicional por cierto, de la que busca fintar y engañar para conseguir los objetivos prediseñados. La política al estilo priista, pues.

Así como lo viene haciendo con el tema de su candidatura presidencial, donde aquí niega cualquier intención al respecto, pero desde su nueva jefatura de prensa se alientan artículos y apariciones en medios nacionales para posicionarlo, Márquez está ahora jugando otra finta fenomenal con el tema de su propuesta de ley de movilidad.

Aprovechando la inquietud mediática con las nuevas modalidades de transporte ejecutivo que utilizan aplicaciones tecnológicas, que han centrado la atención de una parte de la opinión pública, Márquez sacó una ley que viene preparando hace tiempo para actualizar el marco normativo de los sistemas estatales de transporte y movilidad.

¿Porqué esperar hasta ahora, cuando se trata de un tema urgente en vista de las fuertes modificaciones que ha sufrido el estado en su distribución de concentraciones fabriles y ciudades dormitorio, a raíz del crecimiento superlativo de la inversión extranjera sobre todo en el ramo automotriz?

Bueno, pues parece que porque, ahora justo, el mayor tema abordado en la iniciativa que tiende a favorecer a un poderoso grupo empresarial siempre cercano a los gobiernos panistas, puede quedar oculto por la cortina de humo de la pugna entre las aplicaciones y los servicios convencionales de taxi.

En materia de porciones del mercado, nada tiene que ver la magnitud del negocio que significa Uber con la que representa el transporte de pasajeros urbano, intermunicipal y foráneo, conceptos que la iniciativa marquista tiende a subsumir en un solo tipo a fin de permitir la jurisdicción estatal en terrenos que hasta ahora eran de carácter municipal.

Más delicado aún es el hecho de que la manufactura de la iniciativa ha estado en manos de un funcionario público de reciente cuño, apenas inició su carrera en el actual gobierno, pero que antes sirvió por largos años a Flecha Amarilla, precisamente como director jurídico del corporativo: Juan Carlos Martínez Hernández, director general de transporte del estado.

Se trata de un funcionario de bajísimo perfil público. Prácticamente no aparece en medios, no obstante lo delicado de su encomienda. Todo indica que su momento estelar era precisamente el que se avecina: la modificación del marco legal para los diversos sistemas de movilidad en el estado.

No está de más recordar que en su campaña, Miguel Márquez viajó a Colombia, junto con los candidatos a alcaldes del corredor industrial, en una gira promovida por los empresarios de Flecha Amarilla, precisamente para conocer nuevas movilidades de transporte.

No es una casualidad que a la vuelta de los meses, después de ganar la elección y tomar posesión, se concretara la designación de Martínez Hernández como director de transporte.

Todos esos preparativos culminan en estos días, cuando el Estado ha adquirido una línea de crédito parte de la cual va destinada a un sistema de movilidad estatal, con lo que la pinza parece cerrarse.

Miguel Márquez ha llevado todo este proceso bajo un velo de discreción, hasta que surgió el tema de Uber que parece haber sido intencionalmente “calentado” mediante los operativos dirigidos precisamente por el director de transporte, para centrar la atención en un servicio eminentemente elitista.

En cambio, la posibilidad de que el consorcio Flecha Amarilla logre cumplir uno de sus sueños de expansión más ansiados: entrar al mercado del transporte urbano, bajo el amparo de una nueva ley estatal y un sistema híbrido que recibiría subsidio estatal, ha pasado prácticamente desapercibida.

Para sintetizar, debe quedar claro que lo que se discute en el Congreso en estos días no es la Ley Uber o Antiuber . Es, sencillamente, la Ley Flecha Amarilla.

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