Arnoldo Cuellar

¿Qué les da El Molino a los funcionarios de León?

In Botepronto, Zona Franca on junio 29, 2015 at 3:40 am

En un municipio con grandes carencias y extensos cinturones de miseria, gobiernos del PAN y del PRI han decidido subsidiar al desarrollo más lujoso de la ciudad.

Imagínese el tamaño del compromiso de la alcaldesa con licencia de León, Bárbara Botello, para con los inversionistas del fraccionamiento de lujo El Molino. Lejos de estar ya dedicada a su próxima diputación federal y a la recomposición de su grupo político, Botello activó intensamente estos días en el municipio, a través de sus regidores afines, para saldar sus deudas políticas con ese consorcio.

Así, logró pactar con la fracción priista en el Ayuntamiento, cuatro regidores de adscripción salimista, que hoy obedecen ya instrucciones de su dirigencias estatal y, través de ella, del gobierno del Estado que encabeza Miguel Márquez, que el respaldo para autorizar el cambio de uso de suelo del parque industrial Santa Ana tendría como contraprestación los votos necesarios para liberar el pago de afectaciones pendientes del libramiento norte, a cargo de El Molino, mediante un subsidio municipal de 21 millones de pesos.

¿En serio esa es una prioridad para León? Lo es sin duda para Botello, como lo fue en su momento para otros políticos, como Ricardo Sheffield, Braulio Monreal o Francisco García León. Una y otra vez, los funcionarios públicos del municipio de León, panistas y priistas, han hecho malabares con al ley y con el tesoro público, para quedar bien con unos fraccionadores que han llegado a León a urbanizar 600 hectáreas, el negocio inmobiliario más grande de la historia de la ciudad, y eludir una y otra vez el pago de sus obligaciones.

¿Cuántas calles de las colonias periféricas de León se podrían haber pavimentado con los 300 millones de pesos que adeuda El Molino en obligaciones a la tesorería leonesa? ¿No se hubiera podido construir ya el otro cuerpo del bulevar Aristóteles en las Joyas, esa arteria congestionada que hace dos veces más difícil la habitabilidad de uno de los desarrollos más populosos de la ciudad?

No es así. Los gobiernos del PAN (Vicente Guerrero y Ricardo Sheffield) y del PRI (Bárbara Botello y Octavio Villasana) han considerado como una prioridad el subsidio a una colonia residencial en lugar de hacerlo con los cinturones de miseria de la ciudad.

Sin embargo, hay malas noticas para estos administradores públicos que han mostrado tales urgencias que no puede pensarse simplemente que que sea a cambio de nada.

Un análisis jurídico empieza a abrirse paso entre la maraña de “acuerdos” y de “pactos” realizados en las últimas tres administraciones municipales para favorecer a El Molino, cuyos desarrolladores han recibido un continuo trato de excepción que ya genera una crisis política en el municipio.

De acuerdo a este análisis, El Molino, como todo desarrollo tiene una serie de obligaciones que derivan de la propia ley, o bien de acuerdos tomados por la autoridad competente, ya sea el Ayuntamiento o la Dirección de Desarrollo Urbano o incluso alguna otra en relación con temas específicos.

Esas obligaciones, si suponen la inversión en infraestructura o en pago de derechos, no pueden ser “perdonadas”, pues dejar de cobrarlas supondría un daño al patrimonio municipal, ya sea al dejar de recibir el pago de que se trate, o al tener que asumir el costo de la infraestructura omitida por el desarrollador.

Ese sólo hecho podría llevar a plantear, ya sea ante la Contraloría Municipal, o ante el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del estado, una denuncia por ese posible daño a la hacienda municipal; sin importar que el mismo derive de acuerdos del Ayuntamiento, pues es muy probable que no haya contado con facultades suficientes para ello.

Es decir, el Ayuntamiento, por más autónomo que sea, no puede “acordar” pasar por encima de la ley. Si lo hace, tiene consecuencias legales.

Para este análisis no importaría que las obras realizadas para absorber la obligaciones de El Molino se hubieran realizado con recursos federales, estatales o de fondos como el de Fimetro, pues el punto de origen sería que la obligación de un particular se asume como pública por decisión del municipio en alguna de sus instancias. Si después se gestiona el recurso en los diferentes niveles de gobierno, esa es harina de otro costal.

Al día de hoy, un ciudadano, un partido político o una organización civil, podrían interponer una demanda por daño al erario público en una o varias de las decisiones que diferentes administraciones han tomado para favorecer a El Molino y perjudicar a todos los leoneses. La responsabilidad legal sería del funcionario o del órgano que haya validado la decisión, asumida en forma personal.

Sería un caso jurídico por demás interesante, además de que encontraría una vena chauvinista en una parte de la opinión pública, al plantear una especie de consigna: “León para los leoneses”.

La responsabilidad de este chauvinismo la tendrían los administradores tapatíos de la empresa El Molino Residencial & Golf, encabezados por Alejandro Arámbula González, que no han parado mientes en seducir y presionar a los políticos del municipio de León, de unos años a la fecha, para recibir favores que al final del día son subsidiados por una ciudad plagada de necesidades y con presupuestos siempre insuficientes.

Por cierto, en los últimos días se ha sabido de una nueva trastada de El Molino, ahora a cargo del director de Sapal, Enrique Torres, quien sospechosamente ha permitido la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en los terrenos del fraccionamiento que colindan con la nueva preparatoria, Centro de Estudios de Bachillerato, sin contar con los permisos de Desarrollo Urbano ni con la manifestación de impacto ambiental.

Torres, sorprendido en la jugada, ha dicho que no se trata de planta de tratamiento sino de un cárcamo de rebombeo de agua potable, para lo cual tampoco tienen permiso. Sin embargo, si de algo sabe el director de Desarrollo Urbano de León, Oscar Pons, empresario de la curtiduría, es de plantas de tratamiento. Y la de el Molino tiene toda la pinta de ser una instalación de ese tipo.

Así que, una vez que Barbara Botello se ha retirado dele escenario, relativamente, y concluido su era de favores a El Molino, ahora, en las narices de Octavio Villasana, funcionarios menores de la administración se mueven por la libre y hacen sus propios tratos con la poderosa empresa, tan influyente ante los burócratas leones como escasamente respetuosa de las leyes y normas del municipio.

Veremos, en unos cuantos meses, si esta historia de arreglos en lo oscurito y desarreglos de la legalidad municipal continua en el gobierno de Héctor López Santillana, quien ha dicho una y otra vez que llega al cargo de alcalde sin compromisos.

Quién sabe, quizá El Molino ya se afilió a Business Network International, el lobbing trasnacional cuya franquicia maneja en México el flamante síndico electo Carlos Medina Plascencia. Recuérdese que siempre hay un roto para un descosido.

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