Un negocio de inversionistas foráneos que ronda los $4 mil 500 millones de utilidad, pretende omitir el pago de $275 millones a la ciudad de León, con la complicidad de políticos de todos los partidos.

Las características de la ciudad de León, su gran superficie construida, sus enormes huecos de urbanización, el costo de la tierra y la cada vez más escasa área de crecimiento, han modelado uno de sus mayores problemas en la actualidad: la especulación inmobiliaria situada por encima de la capacidad de regulación de la autoridad.

A lo largo de las últimas cinco o seis administraciones municipales, el área más conflictiva, donde se resumen las quejas por arbitrariedades o decisiones polémicas, es la de Desarrollo Urbano junto con el Implan, justo donde se autorizan las modificaciones de uso de suelo que permiten convertir grandes espacios con vocación agrícola o ecológica a zonas de desarrollo habitacional.

Fuera de la épica batalla dada por el Instituto Municipal de Planeación (Implan) a principios de la década pasada para evitar que una amplia franja en el sur del municipio cambiara de un tajo su clasificación para permitir un megadesarrollo que hubiera desequilibrado a la ciudad, de allí en delante las administraciones municipales han venido cediendo espacio a nuevos y antiguos especuladores, de modo que el crecimiento ha pasado por alto los lineamientos originales que buscaban regular el crecimiento de la mancha urbana.

Uno de los desarrollos que ha encontrado terreno fértil para evadir las reglas de la planeación urbano e, incluso, obtener beneficios a costa de las finanzas de una ciudad de por sí exhausta en sus fondos, es El Molino, un desarrollo que originalmente reunía a inversionistas regiomontanos y jaliscienses y que en los últimos años devino como propiedad mayoritaria de la familia Leaño de Guadalajara.

Se trata de uno de los desarrollos más ambiciosos de los últimos tiempos, con una superficie total de 600 hectáreas de terrenos considerados originalmente como reserva ecológica y que se han venido convirtiendo por etapas en espacios habitacionales de lujo, con 300 hectáreas susceptibles de fraccionar y vender.

En el arranque de este fraccionamiento y campo de golf, el planteamiento fue que los inversionistas de El Molino irían asumiendo obligaciones de equipamiento urbano, entre otras cosas para resolver los graves problemas de movilidad en las agobiadas vialidades de la zona, que nunca fueron diseñadas para soportar los crecientes flujos a los que ha contribuido la explosión inmobiliaria del norte de la ciudad.

El negocio que representa la urbanización y comercialización a los precios más altos del mercado, convierte esas obligaciones en un asunto razonable para la ciudad y realmente menor para la dinámica del fraccionamiento.

Las 300 hectáreas vendibles de El Molino, a los precios actuales del mercado inmobiliario de lujo, en León, representan un potencial de ventas por 10 mil millones de pesos. Si se piensa en una utilidad de alrededor del 40 o 45 por ciento, este fraccionamiento dejará a sus inversionistas ganancias por alrededor de 4 mil 500 millones de pesos.

Frente a esa cantidad, el precio de los requerimientos establecidos hasta ahora, 275 millones de pesos, resulta no solo razonable, sino hasta irrisorio. Por ello pareciera un abuso la resistencia a cubrirlo, pero sobre todo, una grave omisión de las autoridades el aceptar posposiciones y plantear condonaciones, en una actitud incluso susceptible de generar responsabilidades.

Sin embargo, una y otra vez, los cabilderos del fraccionamiento El Molino han logrado ventajosas negociaciones tratando de forma directa con altos funcionarios del municipio, incluyendo los alcaldes, para posponer sus obligaciones, fraccionarlas y recibir incluso condonaciones, en un trato que no ha recibido ningún otro inversionista.

El responsable de la operación de El Molino en León, Alejandro Arámbula González, ha mostrado una capacidad de operación que ya quisieran desarrollados históricos como Guillermo Velasco, tan vinculado al auge político del panismo en la entidad desde sus orígenes.

Particularmente dos administraciones del PAN y una del PRI, han sido ampliamente permisivas con El Molino, como quedó en claro en la información que se ventiló esta semana en una sesión de la comisión de Implan en el Ayuntamiento de León: la de Vicente Guerrero Reynoso, donde El Molino tuvo como cabildero de lujo al secretario del ayuntamiento, Francisco García León; y la de Ricardo Sheffield, donde los grandes negociadores con el fraccionamiento fueron el síndico Braulio Monreal y José Luis Manrique, primero secretario particular y luego secretario de ayuntamiento de Ricardo Sheffield.

Entre ambas administraciones se pospusieron y luego se recalendarizaron los 275 millones de pesos de las obligaciones de El Molino. Se trata de dinero para obras de infraestructura en la zona norte de la ciudad que mitigarían el impacto del crecimiento que trae ese fraccionamiento e incluso contribuirían a cumplir con la oferta de exclusividad y comodidad que ofrece como parte de sus ventajas.

De esa cantidad, el municipio y otras instancias, como la Federación, ya han invertido más de la mitad en las obras necesarias para la zona, convirtiéndose de forma involuntaria en socios del fraccionamiento de lujo, sin obtener ningún beneficio a cambio.

En una ciudad con la ingentes necesidades de León, con sus graves problemas de pobreza e inseguridad, constituye un absoluto despropósito que la siempre renqueante administración municipal omita requerir o condone recursos millonarios destinados a subsidiar a un fraccionamiento de lujo y a convertirlo en un negocio de ensueño para sus propietarios, quienes ni siquiera viven ni reinvierten en León.

Todavía en la administración de la priista Barbara Botello, El Molino intentó ampliar sus beneficios con la búsqueda de que los costos de las vialidades laterales del distribuidor Benito Juárez, aún en construcción, fuesen asumidas por el municipio y no como parte de sus obligaciones. Solo la reciente salida de la alcaldesa para buscar una diputación impidió que se consumara este nuevo atraco a la ciudad.

¿Qué les da Alejandro Arámbula a los políticos de León para tenerlos completamente a su servicio?

Los superficiales señalamientos del candidato a síndico panista Carlos Medina Plascencia sobre el desorden y corrupción en Desarrollo Urbano en la administración Botello, palidecen frente al historial de estas concesiones durante los gobiernos panistas, sobre todo tomando en cuenta que algunos de los principales responsables están hoy de regreso en el equipo de Héctor López Santillana, como Francisco García León y José Luis Manrique.

En todo caso, hay una gran pregunta por hacer a los candidatos en campaña, sobre todo los que puntean la contienda: ¿habrá llegado el momento de poner orden en Desarrollo Urbano y en el Implan para impedir las chicanas inmobiliarias de alto y bajo nivel en la ciudad?

De continuar el desorden que tiene postrada a la ciudad, envuelta en el caos vial, orientada hacia la inversión en megaobras cada vez más insuficientes, olvidada de las necesidades de sus sectores mayoritarios, hundida en el abandono de colonias cada vez más inseguras y depredadas, no habrá modernidad ni innovación que valga,

Ese sería un buen tema para las insípidas campañas y los aburridos debates de estos días.