Ninguno de los principales contendientes de la elección municipal de León se ha pronunciado sobre la muy probable existencia de prácticas ilícitas por parte de sus equipos de campaña.
Las evidencias abruman: el PRI, el PVEM y el PAN están echando mano de tácticas que incurren en la ilegalidad para ganar votos en León. Hay suficientes elementos de prueba exhibidos en los medios, ante la inacción, la complacencia y la tibieza del nuevo órgano electoral.
No es ninguna novedad, en los últimos años la vieja estrategia priista de sustituir la voluntad popular por la actuación de las organizaciones vinculadas al Estado, apoyadas con dinero público, información y recursos gubernamentales, ha sido adoptada en el resto de los partidos políticos, por lo menos por los que han llegado a ejercer responsabilidades de gobierno.
El PAN en Guanajuato, tras 24 años al frente del gobierno estatal, es ya un gran maestro en las artes oscuras de la defraudación electoral por la vía del empleo de recursos públicos. El artífice de esa transformación fue Juan Manuel Oliva, desde sus años de dirigente del partido, afinado en su paso por la Secretaría de Gobierno y, finalmente, depurada la técnica como Gobernador del Estado.
Hoy, cuando Carlos Medina afirma que si Oliva estuviera presente en la campaña de León, él no estaría, no hace más simular o mentir. Oliva está presente a través de todos y cada uno de los operadores políticos o de los candidatos que se formaron en su escuela y que no saben hacer las cosas de otra manera.
Si Héctor López Santillana logra convertir la inconformidad ciudadana hacia la administración priista de Bárbara Botello en votos útiles, ello ocurrirá si y solo sí Oliva y sus muchachos consiguen movilizar a los votantes de las zonas marginadas hacia las casillas a través de las dádivas derivadas de programas de gobierno.
No por nada el exsecretario de Desarrollo Social del gobierno de Miguel Márquez y exsecretario de Salud con Oliva, Héctor Jaime Ramírez Barba, es hoy candidato a diputado local en León; no por nada la exsecretaria de Desarrollo Social de Oliva, Alejandra Reynoso, es candidata a diputada federal; no por nada el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, fue titular de la misma dependencia; finalmente, no por nada, el actual titular de Sedeshu, Diego Rodríguez, es el padrino de la campaña de López Santillana.
Así, ante la ineficacia de un discurso que solo apela al productivismo económico, cuando la ciudad reclama otras urgencias, como el fin del azote de la inseguridad; ante la total falta de entrega y de emoción política, López Santillana sustenta su posibilidad real de triunfo en la movilización de los electores a las urnas, lo que no puede ser de otro modo más que con el tradicional acarreo olivista.
Vaya paradoja para un personaje como Carlos Medina Plascencia el exalcalde y hoy aspirante a síndico: pasar de un triunfo apoteótico en 1988, basado en la movilización ciudadana contra el fraude y la manipulación, a una pobre victoria fundada en el mapachismo de un actor político al que niega de día, pero con el que se tendrá que entender en lo oscurito.
Del otro lado de la acera no están mejor las cosas. El doctor José Ángel Córdova, expresidente del histórico Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, el que garantizó imparcialidad, eficiencia y legitimidad a la historia electoral de Guanajuato a lo largo de casi dos décadas, está hoy dependiendo de que el viejo PRI eche a andar su maquinaria de compra de votos el día D.
Córdova renuncia a su militancia panista después de haber visto en acción a la maquinaria olivista en el proceso interno del PAN en 2012, de donde emergió la candidatura de Miguel Márquez bajo la lógica del presupuesto público y las estructuras gubernamentales puestas al servicio de un delfín, en una operación implacable y sin escrúpulos.
Hoy, Córdova enfrenta a esa misma maquinaria en una elección constitucional, sin embargo, sus armas para contrarrestarla no son mejores: la plataforma barbarista construida con dinero sucio producto de un manejo fraudulento de la obra pública; de extorsiones a empleados públicos y de programas sociales aplicados con orientación política. Es decir, la misma medicina olivista pero en su original envoltura tricolor.
Candidatos a diputados como Luis Aviña, exhibidos en una descarada recaudación de dinero “para la causa”, a cambio de dar empleos en la administración municipal; el reparto de dádivas del partido Verde, tan cínica y apabullante, como ineficiente; la nada improbable llegada del reparto de dinero en efectivo de la Sedesol de Rosario robles y Claudia Navarrete, todas esas circunstancias enfrentarían a Córdova a una grave incongruencia: no se puede ser agente de cambio si se beneficia de los mismos métodos políticos que ha repudiado.
Ni Héctor López Santillana, ni José Ángel Córdova Villalobos se han pronunciado hasta ahora sobre la muy probable existencia de recursos que transgredirían los límites de la ley en sus respectivas campañas. No saben y no quieren saberlo.
Así es como los ciudadanos ejemplares y los candidatos no partidistas, los hombres de manos limpias, se pasan al bando de los malos: por su decisión de no saber lo que ocurre en las alcantarillas de sus equipos políticos.
Por eso, también, las cosas no cambian. Por eso la podredumbre se extiende y los políticos inescrupulosos nos recetan su particular ética: “déjenos tomar las decisiones a los que sabemos y ustedes quédense en sus casas”.
El problema de la mala política es que en ella no funcionan los bien intencionados que, más temprano que tarde, deben enfrentar el hecho de que para tener éxito es necesario salirse de las sendas que marca la ley. Una vez fuera, ya puede pasar cualquier cosa.
Por eso los partidos tradicionales han dejado de tener soluciones y aunque todavía pueden librar la aduana de la próxima elección, su inviabilidad ética continuará lastrándolos y a nosotros con ellos. Hasta que decidamos ponerles un alto.
