Ola de delitos violentos se abate sobre la entidad a dos semanas de las campañas, mostrando la inutilidad del Programa Escudo, mientras el gobierno se dispone a repartir tabletas en tiempo de veda.

Miguel Marquez no parece preocupado: el gobernador se placea por toda la entidad aprovechando los últimos días antes de la veda electoral, haciéndolo además de la mano de los candidatos panistas en cada lugar, y se muestra empeñado en culminar la feliz ocurrencia de repartir tabletas electrónicas con el logotipo de su gobierno justo en la jornada electoral.

Mientras tanto, en el terreno que verdaderamente preocupa a la sociedad, el de la seguridad pública, las cosas no mejoran ni con la panacea de Escudo ni con las promesas de mejor coordinación entre instancias de gobierno.

La semana pasada fue particularmente violenta. León y Celaya vivieron series de ejecuciones y de ataques: balaceras en zonas concurridas, ajustes de cuentas entre presuntos delincuentes y una agresión a un elemento de la policía ministerial.

Por lo menos cuatro de estos enfrentamientos, incluyendo el de Cañada del Refugio del lunes 16 de marzo, donde un grupo de policías abatieron a un peligroso delincuente, implicaron disparos de armas de fuego en zonas habitacionales.

Antes de finalizar el domingo, dos hombres fueron heridos mientras esperan en un restaurante de comida rápida en una populosa colonia de León, El Rosario.

Cada vez más parecen habituales hechos de violencia que hace no mucho eran absolutamente esporádicos.

Se nos dijo hasta el cansancio que para evitar un deterioro de la situación de seguridad era que el Gobierno invertía una cantidad de dinero dos veces superior al gasto estratosférico de Juan Manuel Oliva en la Expo Bicentenario o en la adquisición de un latifundio inservible en los linderos de Salamanca y Villagrán.

No ha resultado cierto. Es un pobre consuelo escuchar la retórica de Miguel Márquez, Álvar Cabeza de Vaca o Carlos Zamarripa al respecto.

Se nos dice que de no haber comprometido 2 mil 700 millones de pesos en el Programa Escudo, hoy estaríamos peor, algo que no puede probarse de ninguna manera y que solo queda como conjetura.

Casi como burla, se argumenta que los asesinados son delincuentes, como si existiera una “pena de muerte de facto” en Guanajuato, obviando por lo demás que los asesinos también lo son y salen doblemente airosos al liquidar a sus oponentes y no ser castigados, pues el índice de impunidad sigue siendo alto.

Lo real, es que los funcionarios no tienen respuestas ante lo que está pasando y que las explicaciones de toda la vida ya son insuficientes: ni efecto cucaracha, ni fronteras contaminantes se explican, pues sobre eso era que Escudo nos iba a vacunar. Lo real es que la capacidad de reacción sigue siendo baja y que la tecnología, de la que desconocemos su atingencia y calidad, es insuficiente.

Lo único que habla bien de Escudo son los boletines oficiales que todos los días y machaconamente emiten la Secretaría de Seguridad y la Procuraduría de Justicia, duplicando el esfuerzo pues generalmente abordan los mismos hechos, donde se dice que todo lo que se logra es “resultado de Escudo”. Por cierto rara vez los medios retoman esa retórica, incluso los de corte más oficialista.

Y todo esto acontece a dos semanas escasas de que inicien las campañas políticas. Los candidatos y los partidos ya han hablado de solicitar seguridad. Eso es una cosa, otra será lo que pase con los ciudadanos que acudan a las actividades masivas de proselitismo y que resultarán imposibles de resguardar en caso de un incidente como los que ya hemos visto.

El tema es la seguridad, lo será en las campañas para que los candidatos respondan sobre lo que ofrecen en torno a ello, pero también lo será en la propia operatividad de las campañas y del día de la jornada electoral.

Sin embargo, nadie parece hablar de eso. Ni los partidos signantes de un pacto de civilidad que solo duró la víspera; ni los funcionarios estatales y federales que lo propiciaron; mucho menos el gobernador, ausente allí como también en la capacitación sobre la veda electoral a funcionarios estatales y municipales.

Claro, el mandatario anda ocupado en su gira de precampaña o de postinforme, ya no se sabe bien, de la mano de los candidatos panistas e inaugurando obras a todo vapor.

El tema es la seguridad, pero nadie se da por aludido. Nos ocupan las tabletas y los desafíos a una nueva legalidad electoral que parece haber nacido muerta. Pronto, sin embargo, puede despertarnos otra realidad, una para la que nadie parece estarse equipando, distraídos como están, candidatos y funcionarios, en ignorarnos como ciudadanos y tratarnos como clientes.

Ojalá nos equivoquemos.