Arnoldo Cuellar

El presidente ya no es lo que era

In Botepronto, sinembargo.mx, Zona Franca on noviembre 23, 2014 at 8:17 pm

Más para bien que para mal, la figura del presidente de la República ya no es lo que fue durante el siglo XX mexicano. El mandatario intocable y todo poderoso, por encima incluso de la ley, está obligado ahora a someterse a los controles básicos de una democracia: la crítica de la opinión pública y los mandatos de la ley.

Gracias a la publicación de un reportaje de investigación que además hizo uso de un extraordinario sentido de la oportunidad, aunque haya dado pábulo a la malsana rumorología que ve en toda desacralización del Tótem presidencial una conspiración antipatriótica, hoy tenemos a un presidente que, forzado por las circunstancias, ha aceptado reglas mínimas en una democracia moderna.

Enrique Peña Nieto, digno discípulo de Carlos Salinas de Gortari, pretendía hasta hace no mucho una modernización unilateral basada en la renuncia a la soberanía del estado en la regulación económica, para poner el país a tono con una globalización que ha puesto en retirada a los viejos estados nacionales para sustituirlos con corporativos multinacionales, tan arbitrarios y reacios a la rendición de cuentas como lo fueron aquellos en su momento de mayor poder.

Sin embargo, la modernización nunca buscó tocar otros ámbitos elementales: el estado de derecho, vulnerado por el auge delictivo y la impunidad; el sistema educativo nacional, cuya reforma fue más laboral que pedagógica; el sistema político, donde solo se recentralizó a los órganos electorales; y, fundamentalmente, la profunda crisis originada por la extendida corrupción en el sector público a todos los niveles.

El empeño político de Peña Nieto tuvo sus mayores rendimientos en el ámbito estrictamente económico de los sectores energéticos y de las telecomunicaciones. Visto de manera simple, el diagnóstico solo remodeló el segundo piso de la casa y dejó de lado los cimientos.

Para lograr los acuerdos no hubo reparos en ceder posiciones de poder y, sobre todo, económicas a los partidos dueños de los votos necesarios en el Congreso. El pacto por México, visto a la distancia, no parece un acuerdo político que incorpore agendas de todas las fuerzas del sistema electoral, sino un grosero intercambio de voluntad política por beneficios tangibles para las cúpulas partidistas.

Para muestra allí está el manejo discrecional de importantes partidas del presupuesto federal, a cambio de los ominosos “moches”.

Así, con dádivas, no con acuerdos políticos, Enrique Peña Nieto buscó restablecer el margen de maniobra de su gestión, en la que pretendía restaurar el viejo presidencialismo priista con su capacidad de ejercer decisiones providenciales de forma discrecional. La presidencia donde todo se podía, sin los límites de la ley o de la molesta fiscalización de medios y ciudadanos.

Sin embargo, a diferencia de aquella plástica frase acuñada por Jesús Reyes Heroles para justificar la primera reforma política importante después de 1968, “lo que resiste, apoya”, esta vez los partidos de oposición fueron un flaco apoyo en la medida en que ya no se resisten a nada.

El PAN, que fue desplazado de la presidencia de la República; el PRD, que fue la oposición más emblemática en las dos últimas elecciones, se sumaron con gran docilidad a un pacto que inicialmente fue presentado como la posibilidad de un gobierno de confluencia y composición, pero que terminó siendo un intercambio de votos por prebendas.

Por eso, en la crisis que asoma hoy, se encuentran juntos el gobierno de Enrique Peña Nieto y el sistema de partidos, afectados por la misma falta de credibilidad. Como nunca, el centro del debate se ha desplazado de la partidocracia a la sociedad.

Hay quienes ven en esta circunstancia un peligro para el país, en la medida en que esta sociedad variopinta, dispersa, con agendas múltiples y encontradas, no tiene las herramientas que si posee la clase política para ordenar el debate, convertir las propuestas en ordenamientos legales, modificar las instituciones y plantear políticas con cierto nivel de consenso.

La falacia que resulta evidente es la de no tomar en cuenta que han sido los partidos y sus gobiernos, en diferentes niveles, los que han desperdiciado ese monopolio de la acción política del que han dispuesto hasta la fecha. Cierto, los políticos no deberían irse, tendrían que quedarse a tratar de componer el desastre que han provocado, pero el gran problema es que no parecen dispuestos.

El hartazgo de crecientes capas de ciudadanos, muchas de ellas aún ausentes de las calles y del debate público pero de alguna manera instaladas en la misma desconfianza hacia las intenciones y la eficacia de los políticos, parte del hecho, evidenciado hasta el cansancio, de que aún en sus peores momentos de crisis, los políticos encuentran la manera de sacar raja personal y aprovecharse de los recursos públicos para fines personales.

Lo que muchos de estos ciudadanos indignados están planteando es la necesidad de que cese el aprovechamiento de los recursos que aporta la sociedad en su conjunto para el beneficio de quienes ostentan la representación.

Por eso el enojo con la casa multimillonaria del presidente y con el desdén con el que el tema es abordado por los responsables de ese escándalo. En este caso, Enrique Peña Nieto paga los platos rotos de todos sus congéneres en la clase política, de todos los partidos. Pero, además, fue él quien ofreció, como parte de su propuesta reformadora, un programa anticorrupción, algo que se quedó en el tintero con la complacencia de esos mismos partidos que le permitieron abrir el sector energético a la inversión privada nacional e internacional.

Enrique Peña Nieto ya no podrá ser, después de Ayotzinapa y la casa Blanca, el presidente que buscaban construir quienes diseñaron su proyecto: un combinación de Carlos Salinas con José López Portillo, un reformador que puede hacer lo que quiera más allá de la ley, un presidente absoluto en México pero con prestigio internacional, la llave de reformas con dedicatoria a cambio de una presidencia de ensueño.

En cambio, si logran entenderlo los asesores que lo rodean y lo hacen pasar del papel de simple mascarón de proa de una modernización incompleta, para asumir la responsabilidad de una presidencia democrática en tiempos de crisis, tendrá que empezar a trabajar en lo único que puede dar significado a este gobierno: la recuperación del impulso de una sociedad más activa y crítica que nunca, en políticas que la tomen en cuenta para combatir las grandes lacras del momento: la inseguridad, la violencia, la corrupción y el complemento de todas ellas, la impunidad.

En el programa de análisis semanal de Televisa, Tercer Grado, el más eficiente de los voceros presidenciales subrayaba muy gráficamente el momento de polarización que vive el país. Joaquín López Dóriga apuntó que las críticas a Peña Nieto no cederían, incluso “si este caminaba sobre las aguas en la bahía de Acapulco”.

Llama la atención esa imagen del presidencialismo mexicano: un presidente que camina sobre las aguas, providencial y refractario a la crítica. Todo ello, desde luego, oportunamente reseñado en los noticieros de Televisa.

Algo ha cambiado, sin embargo, en ese concepto de país y de gobierno. Gracias a la reacción social tras la desaparición de los normalistas y a trabajos periodísticos como el realizado por el equipo de Aristegui Noticias, hoy los noticieros y los medios oficialistas, hasta hace poco ocupados en restaurar el presidencialismo de hace medio siglo, le dan espacios destacados a las manifestaciones de la sociedad y a la precaria rendición de cuentas, así sea a regañadientes, del presidente y su esposa.

Si “lo que resiste, apoya”, como quería Reyes Heroles, en estos momentos lo único que puede ayudar al gobierno peñista es el entendimiento de que la verdadera oposición a su gobierno ya no está en las Cámaras, a cuyos integrantes hizo unos ineficientes cómplices, sino en las calles y las universidades del país.

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