Algo que resulta imperdonable en un gobierno es la mala fe. Los políticos no están exentos de equivocarse, como cualquiera de nosotros, peor hacerlo de forma deliberada y usar como pretexto graves problemas sociales, es una conducta que llega a rayar en lo criminal.
Cuando el gobierno de Miguel Márquez Márquez pretendía justificar la inversión de dos mil 700 millones de pesos en un esquema de seguridad tecnológico basada en videovigilancia en tiempo real, a través de un despliegue de 3 mil cámaras y arcos carreteros en todas las entradas del estado y de sus principales cabeceras municipales, la argumentación se centraba en el blindaje que el estado requería.
El razonamiento más usado nos hablaba de las delicadas situaciones que se vivían en las entidades vecinas en materia de seguridad y la marcada diferencia con Guanajuato.
Basados en esa justificación los responsables de la política, de las finanzas y de la propia seguridad, defendieron a ultranza no solo la viabilidad de Escudo, sino aún más: su completa opacidad. Hasta ahora no ha sido posible saber porqué el estado deberá pagar alrededor de 600 millones de pesos cada año, hasta que concluya el sexenio, como efecto de una “renta” por el servicio de la parafernalia tecnológica instalada por la empresa Seguritech.
La ocultamiento ha sido ta eficaz que la mayor parte de los ciudadanos ignora que con esos dos mil 700 millones de pesos el gobierno no ha comprado un bien, sino sólo ha adquirido un servicio, una especie de arrendamiento por la información que proporcionan los sistemas de Seguritech a las instancias de seguridad del estado.
Sin embargo, el servicio ha resultado tan deficiente que para empezar incumplió los plazos a los que se comprometió y en lugar de estar listo en diciembre de 2013, recibió una prórroga a abril de 2014 que volvió a incumplir. Hoy, en agosto, es fecha que los botones de pánico entregados a ciudadanos, a instituciones y a dependencias públicas, continúan desconectados, igual que muchas cámaras y posiblemente hasta algunos arcos carreteros.
No se sabe, sin embargo, que esos retrasos le hayan provocado algún tipo de sanción económica al proveedor, como por ejemplo si ocurrió con las empresas que suministran medicamentos al Seguro Popular, que ya recibieron castigos a través de disminuciones de pagos, por los malos servicios brindados.
En el caso de Escudo, el propio gobernador aceptó ante el Congreso una auditoría en torno a la contratación del servicio, pero cuando concluyó la revisión con la sugerencia de sanciones administrativas, el propio mandatario solapó que la Secretaría de la Transparencia, bajo sus órdenes, obviara cualquier castigo.
Y ahora, que a las sospechas sobre irregularidades en la adquisición y contratación del servicio, se suman las fundadas sospechas de que el proyecto no está contribuyendo en nada a una mejores real de las condiciones de seguridad del Estado, pues estas parecen empeorar en los últimos tiempos, vemos como los funcionarios públicos en lugar de reclamar a los proveedores del oneroso servicio de vigilancia, salen en su defensa.
Y ya no son solamente el Secretario de seguridad Álvar Cabeza de Vaca y el Procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, quienes se encuentran convertidos en los mejores jefes de relaciones públicas de la empresa Seguritech, sino hasta el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso, Juventino López Ayala, quien prácticamente ha regañado a los críticos de Escudo al asegurar que este programa “no es una panacea”.
Vaya, pues resulta que cuando querían convencer a la opinión pública de que aceptara la inversión más cara de la historia en un solo proyecto de arrendamiento de servicios, entonces si el proyecto Escudo era una auténtica “panacea”, empleado el término como remedio para todos nuestros males.
Cabeza de Vaca ha presumido intensamente que con Escudo se han logrado importantes capturas… de ladrones de combustible. Pues entonces lo justo sería que Pemex contribuyera a resarcir el costo del programa tecnológico, dados los importantes beneficios recibidos por esa empresa, en la que por cierto se ha probado la existencia de complicidades internas con los traficantes de combustible.
También se pretende que Escudo contribuya a recuperar autos robados, un delito que sobre todo beneficia a las aseguradoras al obligar a la compra masiva de pólizas. la recuperación de autos robados forma parte, por lo demás, de otro lucrativo negocio, tanto que las aseguradoras del país han constituido una empresa que se dedica sólo a esa actividad, por cierto, en gran cercanía con los cuerpos policiacos del país.
Sin embargo, los delitos comunes, el robo de casa habitación, de negocios, de transeúntes, además de la creciente y amedrentadora presencia de la delincuencia organizada, esos no son rubros donde Escudo haya mostrado ni parece que vaya a mostrar gran eficacia.
Ya se ve que no es una “panacea”, pero lo peor de todo es que ni siquiera parece un “mejoralito”, aunque lo hayamos pagado a precio de cirugía en hospital neoyorquino.
Allí es donde se aprecia una doble mala fe o, en el mejor de los casos, una doble equivocación: primero nos lo vendieron como una gran solución; ahora tratan de convencernos de que no era para tanto.
Solo hay que imaginar cómo hubieran reaccionado los actores políticos y sociales del estado si antes de contratar Escudo se hubiera dicho que su utilidad principal sería la detección de autos robados y el robo de combustible a Pemex, a un costo para las finanzas estatales de dos mil 700 millones de pesos.
A todo esto, llama la atención que los propietarios y responsables de la empresa Seguritech sigan sin dar la cara, protegidos por los altos funcionarios del gobierno, que parecen preferir cargar con las críticas y el desprestigio antes que hacer valer el dinero que pagaron, del bolsillo de los guanajuatenses, por un servicio que sigue sin mostrar la calidad y la contundencia que tanto se presumió.
Eso es lo que resulta doblemente sospechoso.
