Se trata de un asunto polémico de por sí, pero no contentos con eso los protagonistas le siguen echando leña al fuego.
En el arranque de la aplicación del subsidio de 350 millones de pesos para la construcción de un parque industrial privado en León, surgió una escaramuza en el Ayuntamiento, pero no precisamente con los pasivos regidores panistas, sino con los ecologistas, aliados de la alcaldesa Bárbara Botello.
El tema parece que supera la capacidad de asombro. El municipio prácticamente le va a construir al empresario inmobiliario Oscar Flores Pérez una opción para un jugoso negocio con una reserva territorial condenada al olvido y a la inviabilidad.
Lo va a hacer a costa de sacrificar un subsidio conseguido con el gobierno federal que muy bien podría servir para impactar necesidades sentidas de miles de leoneses en cualquier otra inversión de las muchas que requiere la ciudad.
No será así, los 350 millones irán a construir una calle cuya prioridad resulta inexplicable, un acceso carretero que implica un paso a desnivel sobre la autopista a Aguascalientes y los accesos a servicios como agua, luz, gas, y drenaje a un parque industrial cuya utilidad será para beneficio exclusivo de particulares.
Eso no es todo, la aportación a costo multimillonario de esos servicios habilitará otro medio millar de hectáreas aledañas al parque industrial Las Colinas de León, que verán elevada considerablemente su plusvalía, todas ellas propiedad del mismo Oscar Flores a través de su empresa, Constructora e Inmobiliaria Floper.
Lo menos que podría ocurrir, ante tamaña generosidad de la alcaldesa con fondos públicos, sería que Flores Pérez contribuyera con la cesión de los derechos de vía en los terrenos donde pasará la nueva vialidad y de cuya construcción sacará un provecho sustancial.
No fue así, el municipio, o mejor dicho la alcaldesa, acordaron pagarle las afectaciones, incrementando con ello el subsidio al empresario, a cambio de que renunciara a un derecho para uso de suelo que le permitía construir vivienda, obtenido también en una polémica decisión del ayuntamiento de mayoría panistas encabezado por el fallecido alcalde Vicente Guerrero Reynoso.
Cabe señalar que el uso de suelo H7, destinado a vivienda de alta densidad, ya es inviable ante las nuevas reglas de las políticas de vivienda federales que buscan evitar los desarrollos alejados de los centros de las ciudades.
No obstante esos antecedentes, este miércoles el comité de adquisiciones del municipio, encabezado por el tesorero Roberto Pesquera, pretendía votar a favor del empresario el pago de las afectaciones sin que este hubiera renunciado al uso de suelo, como se acordó de forma previa.
El asunto suena demasiado sospechoso. ¿De qué influencias se vale Oscar Flores para imponer condiciones a una administración como la de Botello que se ha caracterizado por hacer prevalecer sus intenciones sin importar con quién deba enfrentarse?
De forma innecesario, tomando en cuenta lo mucho que va a ganar con las decisiones ya tomadas, Flores le crea un conflicto político innecesario a su principal favorecedora, propiciando una estratagema de deslinde del Partido Verde que muy necesitado está de empezar a marcar distancias.
¿De qué privilegios goza Oscar Flores para que la enérgica y combativa alcaldesa le permita tales desplantes?
La pregunta parece tan interesante como la respuesta.
