El municipio más poblado del estado ha entrado en una seria espiral de inseguridad. Al incremento de los índices delictivos, finalmente reconocidos por las autoridades, se le suma ahora una crisis en la gestión de la policía, derivada de asuntos meramente políticos. 

León ve como llega su sexto secretario de seguridad pública en 56 meses, a lo largo de una administración del PAN y la mitad de su sucesora priista. La rotación significa una media de nueve meses y 10 días por cada uno de los responsables de resguardar la tranquilidad de los leoneses.

En cualquier empresa sería un auténtico despropósito estar cambiando al responsable de una misión tan relevante con tal frecuencia. Se trata de una ciudad de millón y medio de habitantes, con más de mil colonias y con una policía que no acaba de ser depurada. La falta de continuidad no parece ser la solución, sino todo lo contrario.

La alcaldesa Bárbara Botello, durante su campaña, fue muy crítica de la falta de estabilidad que vivió la seguridad pública en el gobierno de Ricardo Sheffield. Su eslogan más recordado en la campaña fue el de “más seguridad para tu colonia”. Y, a no dudar, daba en el clavo.

Hoy, cuando acaba de pasar la mitad del periodo, la administración priista que recobró el gobierno de la ciudad 24 años después de haberlo cedido al PAN, ya repitió el mismo camino del último alcalde blanquiazul.

La seguridad se ha convertido en la principal asignatura pendiente de las políticas públicas del municipio. El deterioro de ese bien social afecta por igual a todos los niveles sociales, pero se ensaña más con quienes son más pobres y no pueden invertir sus recursos en suplir las deficiencias de un servicio que es responsabilidad de la autoridad.

Atender el incremento de delitos es prioritario no sólo por la afectación al patrimonio, a la tranquilidad e incluso a la vida y el bienestar de miles de ciudadanos, sino también porque un creciente auge delictivo abre la puerta a males mayores, como la penetración de la delincuencia organizada.

Es la famosa teoría de las ventanas rotas: el abandono en el cuidado de cuestiones elementales propicia crecientes atentados a la seguridad. Es la tesis que da lugar a la doctrina de cero tolerancia que lejos de constituir un método represivo, es un mecanismo de prevención y de colaboración entre la autoridad y la población que busca el autocuidado mediante la denuncia sistemática de las situaciones ilegales, así sean mínimas.

Una policía atenta, entrenada, supervisada, orientada a la mejora continua mediante la disciplina, solo puede conseguirse con un esfuerzo de continuidad reforzado con un dominio teórico y práctico de las estrategias de prevención y reacción.

Es una tarea de los políticos, que reciben el mandato de la ciudadanía, seleccionar de forma adecuada a sus colaboradores; darles el tiempo para que entreguen resultados; apoyarlos en los requerimientos presupuestales y administrativos; y, finalmente, evaluarlos.

Eso es, precisamente, lo que no ocurrió en León.

El general Miguel Pizarro, primer Secretario de Seguridad de la actual administración, fue contratado sin evaluación, nunca se le supervisó y se le otorgó un plazo extraordinario sin que arrojara resultados. Su jerarquía militar se impuso ante una administración novata y la combinación de factores derivó en el desperdicio de un tiempo precioso.

El segundo responsable del área, el policía federal Francisco Salazar Soni, fue designado por la recomendación de un funcionario federal que al poco tiempo fue relevado, Manuel Mondragón y Kalb, ex Comisionado Nacional de Seguridad, lo que devaluó su valor estratégico.

Con formación teórica, disciplina y vocación comunicadora, el policía potosino no tuvo tiempo ni siquiera de elaborar un plan, pues duró apenas cuatro meses en el cargo, la cuarta parte que su antecesor. Su repentina salida tiene sabor a desencuentro, a arrebato, a improvisación, quizá de él, quizá de quien lo contrató.

Para sustituirlo se opta por una solución casera al ascender al jefe policiaco Francisco Aguilera Candelas: el cocinero pasa a convertirse en gerente del restaurante, lo que probablemente no haga que mejore el servicio, pero si que se descuide el sazón, pues lo que no se hizo bien cuando se estaba a cargo de la operatividad policial difícilmente puede mejorar si se asumen mayores obligaciones.

De todos estos movimientos lo que queda claro es que no hay un plan, ni de origen, ni para hacer frente a las contingencias. Se quiere que la seguridad mejore, pero parece que no para servicio de los ciudadanos, sino para ahorrarle desdoro y dolores de cabeza a la administración.

El bienestar de la población no es un fin, sino un simple medio para el posicionamiento político de sus servidores temporales.

Como dicen los gurús del pensamiento organizacional: no se puede esperar que las cosas mejores si se repiten los esquemas que ya probaron su falta de funcionalidad: a recetas iguales, resultados iguales.

Todo parece indicar que Salazar Soni se fue porque no lo dejaron modificar los esquemas. No se sabe si el cambio hubiese podido funcionar, pero lo que si parece seguro es que Aguilera Candelas se plegará a las instrucciones que reciba de Bárbara Botello y de Martín Ortiz, quienes tienen como prioridad cuidar su imagen de cara a sus proyectos políticos, más que resolver de fondo la problemática de la ciudad.

Podemos coincidir en desear que le vaya bien al nuevo responsable de la seguridad, pero eso es una cosa; otra muy distinta es cerrar los ojos frente a la evidencia de que las correcciones vistas hasta ahora no parecen de fondo.

Pueden apostar a que nada me gustaría más que equivocarme.