Basta que se produzca el menor incidente policiaco o de seguridad para que la Secretaría de Seguridad del Estado y la Procuraduría de Justicia estatal inunden las redacciones de los medios con boletines de prensa que le atribuyen todas las bondades de los operativos, chicos, medianos o grandes, a la tecnología de punta del programa Escudo.
¿Será cierto? En realidad no lo sabemos, pues los boletines nunca dan detalles de las virtudes del nuevo instrumental, ni hacen relatos pormenorizados de lo que ha cambiando en materia de seguridad en Guanajuato.
Parece más bien una técnica goebbeliana: una mentira repetida mil veces se convierte en verdad.
Además, resulta curioso que los más interesados en “vender” las bondades de Escudo sean quienes, teóricamente son sus principales supervisores y validadores. En tanto que los verdaderos responsables de que la inversión multimillonaria funcione, los empresarios que a vendieron, brillan por su ausencia.
El que Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa, con sus respectivos equipos de comunicadores, hayan tomado sobre sus hombres la pesada tarea de convencernos de las bondades de Escudo, suena sumamente sospechoso.
Pero, además, lo hacen con tan pésimo tino que terminan trivializando sus intenciones, pues Escudo interviene de igual manera en la captura de la célula más peligrosa del crimen organizado, que en la recuperación de una bicicleta robada.
¿Quién va a cuidar que el dinero de los guanajuatenses esté bien invertido en este programa, si los responsables de valorar su desempeño ya están convencidos de antemano?
Y como ya se sabe que la descafeinada Secretaría de la Transparencia tampoco va a abonar a un balance objetivo de esta inversión, solo nos queda esperar una situación: que se conozca el desempeño de los índices delictivos de los próximos meses y se hagan comparativos entre los datos antes y después de Escudo.
Esos datos son nacionales y los recopila el Sistema Nacional de Seguridad. Allí sabremos si la inversión de dos mil 700 millones de pesos decidida unilateralmente, contratada con la mayor opacidad posible y protegida al extremo para no ser fiscalizada, está funcionando, más allá de los voluntariosos empeños de nuestros responsables de la seguridad.
Hoy por hoy, requerimos que nuestros altos mandos de la seguridad pública se conviertan en representantes del interés de los guanajuatenses, antes que en agentes de relaciones públicas de un proveedor. ¿Es mucho pedir?
