Resulta por demás curioso que la regidora Verónica Barrios, uno de los personajes más poderosos en el actual Cabildo de León, traiga a colación al ex gobernador panista Juan Manuel Oliva en relación con los apoyos que el municipio gobernado por Bárbara Botello otorgará al promotor del parque industrial privado Colinas de León, el empresario constructor Oscar Flores.
“Lo que nosotros no vamos a permitir que nos pase es que se sobrevalúen las cosas, como lo ha hecho en otras ocasiones el gobierno del Estado, sobre todo con Juan Manuel Oliva (…) nosotros tenemos que tener (sic) toda la información correcta para hacer las gestiones”, dijo Barrios.
Y resulta curioso por varios motivos. El primero de ellos es que los integrantes del Cabildo leonés, contrario a lo que postula la regidora Barrios, aprobaron una serie de compromisos de apoyo al parque industrial privado sin tener “toda la información”, como se observa en las entrevistas que realizó a varios de sus compañeros el periodista Fernando Velázquez y publicadas en Zona Franca.
¿Puede controlarse el costo de una obra cuando ni siquiera se tiene proyecto?
La calle que aparentemente es de 3 kilómetros, desde el núcleo de Las Joyas hasta el nuevo parque, atraviesa una hondonada y sube un pronunciada pendiente. Sus costos no serán baratos, pero lo peor de todo es que ni siquiera se conocen.
El puente para cruce de vehículos pesados sobre la autopista León – Aguascalientes, es una estructura de proporciones considerables, junto con las gasas de acceso supera por sí solo los 50 millones de pesos de los que se habla tan a la ligera como precio de las obras comprometidas.
Así que, por lo pronto no sólo no se tiene “toda la información”, sino que se carece por completo de ella. Seguir así será la mejor manera de que le ocurra a Bárbara Botello lo mismo que le pasaba a Juan Manuel Oliva, sobre todo cuando empiecen las prisas por el avance de los plazos perentorias a los que el municipio se obligó mediante un convenio con los particulares.
Una situación similar motivó el disparo de los costos del parque Bicentenario, quizá uno de los mayores baldones del gobierno olivista, cuando obligado por la urgencia y el plazo perentorio, se contrataron obras por varias veces su valor.
Es el mismo caso de los terrenos para la fallida refinería, donde fue, otra vez, la prisa, lo que obligó a compras de pánico que motivaron operaciones sin control, al borde o abiertamente fuera de la normatividad y, sobre todo, demasiado caras.
En ese sentido, las obras a las que el ayuntamiento de León se acaba de comprometer, por cierto de manera exprés y escamoteando la información a la opinión pública, son exactamente una copia de algunas de las peores estrategias olivistas.
Por eso, la declaración de la regidora Verónica Barrios se parece, sospechosamente, a lo que los sicólogos llaman un acto fallido, definido por el diccionario como “aquel que pone de manifiesto una expresión diferente e incluso contraria a la intención consciente del sujeto”.
Pero no paran allí los paralelismos con el modo de actuar del vilipendiado ex gobernador. Bárbara Botello estableció compromisos con un empresario como Oscar Flores, que fue un importante promotor de Juan Manuel Oliva desde su precampaña, antes del 2006, incluso a través de dádivas económicas orquestadas a través del entonces director del Instituto de la Vivienda, Juan Carlos Delgado Zárate, para más señas compadre de Oliva.
Zárate manejó una política de cesión de reservas territoriales a crédito que se pagaban por parte de los promotores hasta que vendían los fraccionamientos que edificaban en ellos, convirtiendo el apoyo del estado en un subsidio encubierto, ya que no se cubrían intereses, aunque se liquidar años después o, incluso, no se hiciera.
Esas operaciones redundaron en la quiebra del IVEG, ahora convertido en COVEG, aunque a cambio de ese generoso apoyo, Oliva pudo contar con un flujo de recursos durante su precampaña entre 2003 y 2005 y ya en la campaña de 2006. Quizá por ello, ya como gobernador, Oliva protegió a Delgado Zárate, quien pudo seguir haciendo trapacerías en SOP e INIFEG, hasta que fue inhabilitado finalmente a fines del sexenio.
Favorecer en esta ocasión al dueño de Floper, un veterano apoyador de campañas políticas, tiene un sospechoso tufo a tácticas preelectorales olivistas. ¿Será que el subsidio al negocio privado del empresario podrá traducirse en respaldo a futuras aventuras políticas? Sin duda, Oscar Flores sabe como hacerlo.
Pero hay otras semejanzas con el olivismo. Ricardo Betancourt, el empresario chihuahuense que se encargará de desarrollar y comercializar el parque de Oscar Flores una vez que lo habiliten las obras regaladas por el municipio, fue el promotor industrial más favorecido por Juan Manuel Oliva, a grado tal que le concedió el monopolio de la comercialización del Parque Santa Fe, anexo a Guanajuato Puerto Interior, bajo la modalidad de un contrato privado que fue sustraído al escrutinio público.
Un 50 por ciento de la infraestructura de GPI, un proyecto donde el estado invirtió más de mil 100 millones de pesos, fue manejado por Dintel, la empresa de Betancourt, sin entregar cuentas a los guanajuatenses.
Con Botello incluso le irá mejor, pues manejará el 100 por ciento de la promoción y construcción del nuevo parque, arreglándose solo con el propietario de la tierra y sin responder por la inversión que el municipio realizará y que permanece sin cuantificar.
Finalmente, al igual que Juan Manuel Oliva en la Expo Bicentenario o en la fallida refinería, Botello asegura que recibirá recursos federales para operar con manga ancha.
Sin embargo, como el panista, corre el riesgo de verse sometida a escrutinios de la Auditoría Superior si no hace las cosas con cuidado. Desde luego, en este momento, como lo hizo Oliva en el suyo, la alcaldesa de León cree que su cercanía con el presidente de la República la protegerá de cualquier riesgo.
De manera que, contra todo lo que se diga, el olivismo de Bárbara Botello en este proyecto resulta notable. Ni el propio Juan Manuel reconocería la diferencia.
