En estos días de enero han abundado las ejecuciones en Guanajuato, sobre todo en los municipios del corredor industrial y en la franja fronteriza con Michoacán.
Ya se presentaron los primeros feminicidios, continuando una racha que colocó al 2013 como el año de mayor incidencia de este crimen.
La ola de robos ha pasado de las casas habitación en practicamente todas nuestras ciudades medias y mayores, a instituciones públicas, sobre todo escuelas, donde los ladrones desvalijan infraestructuras completas de tecnología para la educación.
Instituciones de vanguardia, como el Cinvestav de Irapuato; universidades tecnológicas como el ITESG en Guanajuato; no se diga bachilleratos técnicos en diversos municipios del estado, han sucumbido a la ola de inseguridad que nos afecta.
Las oficinas de gobierno no son la excepción: hace unos meses robaron en las secretarías de la Transparencia y en Obra Pública; más adelante el Instituto Electoral del Estado sufrió un saqueo descomunal.
La situación no es reconocida por las autoridades que cada vez se muestran más reacias a divulgar los índices de incidencia delictiva, acuerdo que incluso alcanzaron de forma oficial el gobernador del estado y los alcaldes, ante un reclamo de la priista Bárbara Botello.
Se piensa seguramente, que la realidad se puede negar bajo el expediente de no reconocerla. Se podrá negar, pero no se puede resolver con ese método.
Sin embargo, los reconocimientos de facto no faltan.
El procurador de Justicia Carlos Zamarripa ha puesto en marcha una modalidad de ministerios públicos móviles que acuden al lugar de los hechos para levantar denuncias de robos. Son camionetas Van equipadas con la más sofisticada tecnología pericial forense.
Por otra parte, el gobernador ha dado instrucciones para que se abata el tiempo de trámite en el ministerio público.”Una denuncia en un minuto”, fue su consigna.
Es decir, como no se puede detener el auge delictivo, la opción que queda es mejorar la atención a las víctimas. Y eso, cuando decidan denunciar, pues subsiste la cifra negra de delitos que ni siquiera llegan a oídos del Ministerio Público.
Ante este panorama, resulta totalmente ocioso que se pretendan emplear recursos públicos -hombres, equipo y dinero- para blindar la frontera con Michoacán.
El crimen que preocupa a los guanajuatenses, el de todos los días, el que afecta su patrimonio y su calidad de vida, está entre nosotros desde hace tiempo y no vino de ninguna parte.
Sería importante que en un asunto tan delicado como el de la seguridad de las familias, las autoridades no se escapen por la tangente ni se lancen por el camino de la demagogia.
Los problemas están ahí, enfrente de nosotros, y debemos atacarlos en conjunto, pero eso pasa primero porque haya un elemental respeto a la inteligencia de los ciudadanos. Es lo menos.
