Parece el mundo al revés. El gobierno del estado encabezado por Miguel Márquez decidió quitarle al Instituto de Seguridad Social del Estado el monopolio del suministro de medicamentos al Seguro Popular de Guanajuato, con el argumento de eficientar el servicio y evitar corrupción.
Se aducía que el porcentaje de cumplimiento logrado por el ISSEG se mantenía entre un 90 y un 95 por ciento, cifras complicadas de lograr si se piensa que son más de 600 los puntos de dispensación de medicamentos en el estado.
Para llevar a cabo la decisión tomada, se debió sacrificar a más de 500 empleados, que perdieron su fuente de empleo y antigüedad y la mayoría no fueron recontratados por las empresas privadas que sustituyeron al ISSEG.
Además, se privó al fondo de pensiones de los burócratas del estado y de varios municipios, de una línea de negocio que le producía utilidades netas por 50 millones de pesos al año, nada de desdeñables en los tiempos que corren, donde los fondos de inversión están por los suelos.
Todo eso, se hizo, además, mediante un desaseado proceso de licitación, encabezado por la subsecretaría de administración de la Secretaría de Finanzas, a cargo de José Manuel Casanueva, que incluyó dos licitaciones que fueron declaradas desiertas, con lo que se abrió la puerta a la designación a dedo.
Las empresas escogidas, Intercontinental de Medicamentos, con matriz en Puebla; y Distribuidora de Medicamentos y Equipo Médico, de Jalisco, debieron instalar bodegas a toda prisa y contratar personal, en algunos casos el mismo del ISSEG pero con sueldos reducidos, a marchas forzadas.
La aplicación valía la pena, pues la designación implicaba un contrato renovable que puede llegar a los dos mil millones de pesos por año, como piso, al incluirse además del medicamento el material de curación.
Sin embargo, a sesenta días de que entraron en funciones las nuevas empresas, el desabasto en toda la entidad ha resultado tan escandaloso que la propia Secretaría de Salud, encabezada por Ignacio Ortiz Aldana, ha salido a reconocer, primero que instrumentaría una supervisión especial y, después, al comprobar la situación, que se sancionaría a las empresas responsables.
La gran pregunta que salta a la vista es ¿a quién se le ocurrió componer algo que no estaba descompuesto?
Estaba claro que la corrupción que afectaba al suministro de medicamentos al seguro popular se encontraba en las cabezas del sistema de abasto, con funcionarios como Carlos Henaine, despedidos tras la salida de Miguel Salim y a los que apenas alcanzó una leve inhabilitación para ejercer cargos públicos, algo que ni siquiera les preocupa de acuerdo a la elevación de su nivel de vida en los últimos años.
De esa corrupción, ubicable como pocas, ¿qué culpan tenían los 500 empleados despedidos del sistema? Y, más aún, ¿qué culpan tienen los sufridos derechohabientes del seguro popular que no logran encontrar sus medicamentos?
Parece que en esta, como en otras acciones del actual gobierno, se volvió a actuar sin ton ni son, sin plan alguno y de manera sumamente discrecional. ¿Habrá razones que lo justifiquen? Porque los resultados no parecen hacerlo.
