En el año 2011, el actual tesorero de León, hoy declarado priista, se convirtió en uno de los principales proveedores de capacitación y tecnología para la dirección de seguridad pública de ese municipio, bajo la presidencia del panista Ricardo Sheffield Padilla.

Roberto Pesquera vendió asesorías por casi 14 millones de pesos en la segunda mitad del 2011, a la policía de Sheffield. Todos los contratos estaban destinados al área de seguridad. Incluso se polemizó sobre su cumplimiento.

Entre otras muchas cosas, la empresa de Pesquera, Cinco G Consultores, se comprometió a entregar un “diagnóstico para conocer la eficacia y propuestas de mejora de los programas de la Secretaría de Seguridad Pública”, por el cual se cobraron casi 700 mil pesos.

Para asesorar “la selección de personal para la Policía Municipal”, se cobró otro millón de pesos. Por “elaborar un manual de la Unidad Táctica y Preventiva tipo SWAT”, se facturaron otros 983 mil pesos. El entrenamiento a un equipo de 20 elementos de la policía municipal con instructores certificados en SWAT, costó un millón 661 mil pesos.

Finalmente, el diseño y suministro de la famosa “casa de tiro para entrenamiento táctico”, significó otro millón y medio de pesos del erario abonados a la cuenta de la empresa de Pesquera, hoy extrañamente en hibernación, habida cuenta de su éxito.

Cuando todos estos datos salieron a la luz al principio de la actual administración, Roberto Pesquera salió a defenderse a los medios argumentando que su posgrado en administración pública en la Universidad de Columbia estaba, precisamente, enfocado en temas de seguridad.

Hoy, cuando la policía de León vive una de sus más grandes crisis, la cual además trasciende a la ciudadanía en la peor forma con una inédita elevación de la actividad delictiva, tanto la común como la organizada, resulta importante recordar que uno de los hombres de mayor confianza de la alcaldesa Bárbara Botello, tenía un profundo conocimiento de lo que ocurría en la corporación leonesa.

Hoy que tanto Botello como Martín Ortiz y el regidor Aurelio Martínez, aseguran que recibieron una policía violenta, desmantelada, no certificada, en avanzado proceso de descomposición, no tienen que ir muy lejos para documentarlo, bastaría con darse una vuelta a la tesorería del municipio y sostener una charla franca.

Porque si el diagnóstico de Cinco G Consultores fue realizado con el profesionalismo que gusta de presumir Pesquera enfundado en su diploma neoyorquino, entonces resulta creíble pensar que allí se pudieron haber detectado algunos de los males que hoy hacen crisis.

Y, por ello, resulta aún más llamativo que al día de hoy nadie se acuerde de eso: ni Pesquera, que guarda prudente silencio envuelto en su nueva aura de tecnócrata financiero y precandidato a alcalde; ni Botello, tan proclive a buscar explicaciones en el pasado más que en el presente, ni el propio Sheffield, que pagó generosamente por la asesoría y que podría usarla en su defensa.

Lo cierto es que los contratos de Roberto Pesquera con Ricardo Sheffield evidencian, como pocas cosas, la trama de complicidades  mediante las cuales Bárbara Botello llegó al poder y que ella misma, con su estilo caótico de hacer política, ha dinamitado.

Por eso las cosas parecen estar tan enredadas y sin solución fácil a la vista. Veamos:

– Botello eligió no hacerse cargo de la seguridad y contratar una especie de maquila que dejó en manos de funcionarios vinculados al panismo y no precisamente al de Sheffield, sino al de Juan Manuel Oliva.

– Pesquera, el gran especialista, tampoco quiere saber nada del tema que le permitió hacerse de una respetable cantidad como contratista en el último año de gobierno panista.

– Martín Ortiz sólo ve como lo quieren enviar a sacar del atolladero una situación en la que no tuvo la menor intervención.

– Por si algo faltara, el regidor Aurelio Martínez, presidente de la comisión de Gobierno y Seguridad Pública, ya no busca queso, sino salir de a ratonera mediante el expediente de embarcarse en una improbable búsqueda de la dirigencia estatal del PRI, lo que, a querer o no, lo distrae de lo que debería ser su principal obligación.

La grave irresponsabilidad radica en que la administración esté abandonando a su suerte a los ciudadanos leoneses en el tema de la seguridad, cuando se suponen que algunos de sus miembros tienen herramientas suficientes para hacer frente a los problemas.

La preocupante irresponsabilidad está, también, en el hecho evidente de que la alcaldesa no quiera ver los problemas en seguridad y los delegue a un equipo al que ni siquiera conoce y que no le representa confianza.

Es como si el voto de los leoneses hubiese sido para elegir a una reina de la ciudad y no a una presidenta municipal.