Por causas que no han sido explicadas a la opinión pública de León, la actual administración municipal, encabezada por Bárbara Botello, determinó posponer la depuración de la policía, luego de haberse encontrado que 500 de sus elementos carecían de confiabilidad. Con ello dio un mentis a su declarada preocupación por la inseguridad.

Se trata de un asunto de grandes dimensiones. Los elementos reprobados en un examen de control de confianza rezagado desde el último año de la administración de Ricardo Sheffield, constituyen más de la tercera parte de la corporación que preserva la seguridad de los leoneses, lo cual en la práctica hace desconfiable a la institución en su conjunto.

Como opositora, la priista Bárbara Botello fue una dura crítica de los malos resultados de la policía. Una de sus consignas de campaña fue la de “mejor seguridad para tu colonia”. Sin duda, entre los muchos factores que contribuyeron al hartazgo del electorado con el PAN, el de la seguridad fue un asunto decisivo.

Sin embargo, desde que arribó al poder se pudo observar que Botello no tenía la menor idea de qué hacer en el terreno de la seguridad. Así se vio cuando decidió entregar la Secretaría de Seguridad a un elemento ajeno a su equipo y proveniente de la administración de Juan Manuel Oliva, tan lejana a sus querencias: el general Miguel Pizarro Arzate.

Al emerger la terrible noticia del alto número de reprobados en los exámenes de control de confianza, Botello y sus colaboradores, quienes como opositores habrían sido implacables si eso hubiese ocurrido en un gobierno panista, se situaron en el terreno de la negación: primero cuestionaron la validez de los exámenes; después argumentaron que no tenían dinero; finalmente hasta elaboraron una propuesta de reforma legal ¡a una ley federal!

Mientras tanto, el problema de la inseguridad prosigue tan mal y quizá peor que en las épocas cuando la entonces candidata ofrecía en mítines por toda la ciudad, y ante reclamos de la población, que su gobierno trabajaría en mejorar la seguridad.

El despido de policías, que inició con los elementos de menor conflictividad, se complicó por la mala gestión de los funcionarios del municipio, lo que provocó una incipiente organización de los despedidos y serias inconformidades en el resto de la corporación.

Así, al llegar a la cifra de 150 policías cesados, la reestructuración se suspendió. A la fecha el argumento principal es que no se cuenta con recursos para proceder a las liquidaciones.

Sin embargo, en el ínterin León se convirtió en el anfitrión de una costosa reunión de alcaldes a nivel nacional que provocó gastos cercanos a los 10 millones de pesos para la tesorería del municipio, poniendo en evidencia que no es tanto el dinero lo que falta, sino la voluntad.

En la actualidad, en la corporación policiaca de León conviven alrededor de mil policías, que aprobaron de manera satisfactoria sus exámenes de control de confianza, con 350 que no lo hicieron, buena parte de ellos por causas en extremo delicadas.

Si una manzana podrida suele ser una amenaza, 350 son una verdadera hecatombe para la credibilidad y la eficiencia de un cuerpo de seguridad. Sin embargo y de manera unilateral, por justificaciones como la falta de recursos económicos, pero más bien por la falta de recursos políticos y de responsabilidad, la administración de Bárbara Botello ha decidido mantener en una situación de alto riesgo la seguridad de León y los leoneses.

La alcaldesa ha señalado que tiene hasta el mes de octubre para cumplir con el despido de los elementos que no acreditaron el examen de control de confianza, amparándose en una prorroga decidida por los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, la cual sin embargo tenía otra intención: la de ampliar el plazo para las corporaciones que no han sometido a sus elementos a los exámenes.

No es el caso de León. Aquí ya se practicaron los exámenes y ya se tiene el resultado. No actuar en consecuencia es una decisión política que no tiene nada que ver con aplazamientos técnicos.

Al aplazar la decisión de sustituir a esos 350 elementos, la alcaldesa Bárbara Botello está poniendo en riesgo al resto de la fuerza policiaca, regateando la seguridad de la ciudadanía y abriendo la puerta a infiltraciones de mayor calado de la delincuencia organizada.

Posponer con pretextos la depuración de la policía leonesa e incumplir de paso con el compromiso hecho con los ciudadanos en su campaña, constituye un atentado flagrante contra la tranquilidad de una población que ve como se deteriora el entorno de seguridad en el que vive día con día.

Pero, además, con esta decisión Botello está incumpliendo un mandato de ley, lo que contraviene la protesta hecha al asumir el cargo, en una alternancia que traía consigo muchas expectativas favorables por parte del electorado que la votó.

En las últimas semanas hemos visto como la presidenta de León ha lanzado una dura ofensiva en contra de su antecesor, Ricardo Sheffield, a quien acusa de múltiples irregularidades en diversas áreas de la administración.

Si de verdad hubiera la intención de mejorar lo que los panistas hicieron mal y de ofrecer una administración municipal más moderna, más comprometida y más eficiente, el tema de la depuración policial sería un escenario inmejorable para consolidar esa oferta, además de un logro que sería ampliamente agradecible por parte de los ciudadanos.

Pareciera que Bárbara Botello todos los días anda buscando con quien pelearse para acrecentar su fama de política aguerrida y firme. De ser así, no debería darle vueltas: que se pelee con la ola delictiva que esta afectando a la ciudad y con las deficiencias para enfrentarla de la policía a la que comanda.

Esa sería una batalla con la que nadie podrá estar en desacuerdo y que todos reconocerían.