Arnoldo Cuellar

Entre incompetencia y lenidad, naufraga la guerra anticorrupción

In Botepronto, Zona Franca on mayo 10, 2013 at 3:34 am

Si se toma en cuenta que la batalla contra la corrupción de los funcionarios públicos y el mal uso de los recursos del erario estatal, es un asunto de permanencia, de método y sobre todo de organización interna, lo que ocurre en Guanajuato no puede dar lugar a ninguna clase de optimismo: todo indica que naufraga la guerra anticorrupción.

Primero, se machaca un discurso moralista, emotivo y sin ninguna propuesta instrumental, sobre el compromiso de la nueva administración con a honestidad y la transparencia.

Para soportar el discurso se propicia el envío de varias iniciativas de ley, todas más o menos cosméticas, con medidas tan insustanciales como el cambio de nombre de la Secretaría de la Gestión Pública a Transparencia y Rendición de Cuentas.

Sin embargo, ante la evidencia de que el régimen carece de un compromiso serio con la moralización de la administración pública, se apuesta por las medidas pretendidamente espectaculares, como el cese de dos funcionarios integrantes de un comité de adquisiciones, ante la evidencia de que dicho comité asignó una compra a una empresa vetada por la Secretaría de la Gestión Pública en el pasado reciente.

El cese se opera mediante una orden fulminante del propio gobernador, quien ni siquiera se molesta en dar parte a su área de Transparencia, a la vez que deja indefensos a los señalados, quienes al parecer decidieron acatar el irregular procedimiento.

Ante otras derrotas, como la de la fracción panista del Congreso, que evita la integración de la comisión anticorrupción en contra de Juan Manuel Oliva, pero pierde el debate mediático con los priistas, se decide un control de daños utilizando las auditorias en contra de funcionarios del ISSEG, la SOP, Desarrollo Agropecuario y el Isapeg.

Al recibir un uso político, las sanciones a ex funcionarios, empezando con Miguel Salim y siguiendo con subsecretarios, directores, jefes de área y hasta empleados de esas dependencias, no dejaron contento a nadie, pues las sanciones les parecieron a unos insuficientes y a otros injustas y exageradas.

Ahora, Zona Franca ha difundido una denuncia que no obstante su carácter anónimo se encuentra perfectamente documentada. En ella se detalla una compra escandalosa, tanto así que ha indignado a los propios empleados estatales que la han hecho circular.

Unos aparatos de voceo electrónico cuyo costo, según el modelo especificado en la compra, alcanza un precio de mil 400 pesos al menudeo y hasta 950 pesos por volumen, fueron comprados por los ejecutivos de adquisiciones de la Secretaría de Finanzas, en 3 mil 400 pesos cada uno, logrando un sobreprecio de más de un millón de pesos en la compra de casi 500 aparatos.

La maniobra, a todas luces irregular, fue realizada por funcionarios ascendidos en la administración de Miguel Márquez y de todas las confianzas del subsecretario José Manuel Casanueva, quien fue ratificado en su cargo tras haber servido los seis años de Juan Manuel Oliva en el mismo puesto.

Esta denuncia, hasta ahora, no ha merecido el tratamiento fast track que amerito la de Isapeg, lo cual desde luego puede ser bueno si lo que se trata es de llegar a fondo en la existencia de una posible red de corrupción que estaría en el lugar más delicado: la dirección de recursos materiales y servicios generales de Finanzas, precisamente la que ha centralizado las compras de todas las dependencias bajo el argumento de… acabar con la corrupción.

Por lo pronto, el siempre parsimonioso director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia, Rodrigo Sierra, quien es el único que da la cara ante la vocación de Isabel Tinoco por el silencio y la fuga permanente, ya anunció que se tomará 30 días para analizar el caso.

Por si algo faltara, ayer mismo la Secretaría de Gobierno que encabeza el desdibujado Antonio Salvador García López sale a aclarar que este funcionario no se había dado cuenta de que en la dependencia trabajaba su cuñado, Jesús Enrique Orozco Mora a quien al parecer le había dado trabajo Marco Antonio Rodríguez, subsecretario de  Trabajo, casi de forma clandestina, a juzgar por la aclaración. ¿Creerán que alguien se lo cree?

Así, entre respuestas casuísticas, ausencia de políticas, mensajes cruzados, arranques de histeria, versiones inverosímiles y calma burocrática, el régimen que encabeza Miguel Márquez deja en claro, por si alguien lo dudara, que sus batallas más gloriosas sólo existen en los discursos.

arnoldocuellar@zonafranca.mx

@arnoldocuellaro

 

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