Arnoldo Cuellar

Botello y Pesquera, S. A.

In Botepronto, Zona Franca on febrero 20, 2013 at 4:09 am

La licitación para contratar un arrendamiento de 150 vehículos terrestres “de 4 cilindros, para 5 pasajeros”, emitida por el municipio de León el pasado 3 de enero, contempló una modalidad que se antoja extraña en estos tiempos: limitar la participación solamente a “las personas físicas o morales que tengan en municipio de León (sic) su domicilio y el principal centro de sus negocios.”

En tiempos en los que se valora, por encima de todo, la competitividad, las administraciones municipales no pueden darse el lujo de favorecer sólo a las empresas de su demarcación, pues esa situación elevaría de inmediato los costos y reduciría las opciones, con la consecuencia de gastar de forma poco eficiente el patrimonio público, siempre insuficiente.

El propio tesorero de León, Roberto Pesquera, un graduado en Columbia con posgrado en administración pública, ha explicado que se optó por el esquema de arrendamiento para evitar la erogación que significaría una compra al contado de vehículos, para un presupuesto que está demasiado apretado.

Sin embargo, no parece tener mucho sentido comprar a plazos para terminar gastando más del doble de lo que deberían haber costado las unidades a precio de agencia.

El auto Hyundai i10 Gl Plus, el de tipo intermedio, tiene un precio de línea de 128 mil pesos. Las 150 unidades, compradas al contado y sin ningún tipo de descuento, deberían tener un costo de 19 millones 200 mil pesos.

En cambio, gracias a la estrategia de licitación acotada y arrendamiento, Pesquera “logró” un precio de 37 millones 600 mil pesos. Es decir, un sobre costo de 18 millones 400 mil pesos, un 95 por ciento más. Por dónde se le vea, el resultado no sale.

Si se toma en cuenta que se trata de un arrendamiento por 30 meses, el Ayuntamiento de León, encabezado por la priista Bárbara Botello, estará erogando el costo total de los vehículos más un financiamiento de poco menos del 100 por ciento, prácticamente un 3 por ciento mensual, es decir, como si se hubieran adquirido con una tarjeta de crédito convencional y no de las más baratas.

No sólo para un graduado en una de las más prestigiosas universidades norteamericanas, sino incluso para un modesto auxiliar de contador de algún bachillerato con opción terminal, sería evidente que este resulta un mal negocio para las finanzas municipales, por donde se le vea.

Sin embargo, una negociación de este tipo sólo sería plenamente explicable si hubiera de por medio un abierto caso de corrupción y pago de cohechos, lo cual si bien no sería justificable, al menos sería una forma de entender las cosas. El sobreprecio, en este caso, podría estar incluyendo una cantidad de dinero para repartir entre funcionarios del municipio.

Por eso resulta por demás razonable que el regidor priista Aurelio Martínez Velázquez haya solicitado, antes de votar, un desglose de las amortizaciones que se pretende pagar por el arrendamiento contratado, la cual le fue negada y originó su abstención en la votación del comité de adquisiciones.

En el Cabildo se ha manejado la versión, de manera discreta, de que personajes cercanos a la alcaldesa Bárbara Botello solicitaron el apoyo de los integrantes del comité de adquisiciones, explicando que se trataba de retribuir un favor político.

Parece una jugada maestra: al hecho en sí mismo condenable y más aún para una administración que se ha vendido a sí misma como la solución de años de malos manejos en el erario municipal, se suma la insidia de repartir las culpas con aparentes beneficiarios que probablemente ni siquiera estaban al tanto.

Sólo pensando en que se hace con cinismo, se entiende una declaración como esta del tesorero Roberto Pesquera: “Si los compráramos todos de un trancazo requeriríamos 28 millones de pesos y arrendarlos costará por año de 9 a 10 millones de pesos, la suma siempre con arrendamiento va a ser más caro, pero en flujo de efectivo es mejor sacar un arrendamiento que sacar 28 millones de pesos de un golpe” ( Nota de Carolina Vargas Sánchez, El Sol de León, 16 de febrero de 2013).

La cifra ofrecida por Pesquera no cuadra: 28 millones de pesos por 150 vehículos daría un costo por auto de 186 mil 666 millones de pesos, cuando el modelo más caro del Hyundai i10, el GLS Premium, tiene un precio de 149 mil 900 pesos.

La falta de recato y el cinismo mostrado por el tándem Botello – Pesquera, apenas a cuatro meses de haber iniciado la primera  administración priista en un cuarto de siglo, al tiempo que revela desesperación, muestra la muy clara decisión de ejercer el poder de la misma vieja forma patrimonialista a la que nos tenían acostumbrados hace 25 años.

Parece que habrá que prestar oídos a las leyendas urbanas que hablan de que Bárbara Botello estará utilizando la presidencia de León para reunir los fondos necesarios para iniciar una temprana campaña por la gubernatura, sin detenerse ante lo que digan ni la opinión pública ni sus adversarios políticos.

Probablemente, la alcaldesa está pensando que desde ciertas oficinas de la ciudad de México le estarán ayudando cada vez que se meta en un lío, además de que  seguirán persiguiendo a sus críticos.

Es una apuesta peligrosa, pues puede terminar por convertirla en un lastre para quienes hasta ahora la han considerado como un activo político en Guanajuato.

Ciertamente, Bárbara Botello realizó una hazaña al desplazar al PAN del poder en una plaza tan emblemática como León, pero eso debía ser continuado con un gobierno de excelencia, algo de lo que no forma parte un asunto tan turbio como comprar coches a prácticamente el doble de su valor, por más que se enreden en explicaciones la alcaldesa y su tesorero, sin que aclaren lo principal: ¿por qué tan caro?

arnoldocuellaro@zonafranca.mx

@arnoldocuellaro

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