Arnoldo Cuellar

Guanajuato: seguridad vs. transparencia

In Botepronto, sinembargo.mx, Zona Franca on enero 3, 2013 at 3:17 am

Ya lo sabíamos, pero siempre la esperanza muere al último: las promesas de los políticos son más efímeras que la vida de las moscas… y mucho menos prolíficas.

En la semana de menor actividad del año, cuando los medios de comunicación disminuyen su ritmo, los analistas políticos se toman un descanso y el público atiende otras prioridades antes que las decisiones de sus autoridades, el gobierno de Guanajuato dio a conocer la adjudicación de un contrato de dos mil setecientos millones de pesos (doscientos millones de dólares), a una empresa cuya identidad permanece desconocida.

El encargado de anunciar lo que quizás es el proyecto más importante del nuevo gobierno, fue el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, en una rueda de prensa en la que no lo acompañó nadie más, no obstante que aseguró contar con el aval de las secretarías de Transparencia y de Administración Financiera.

Si en política la forma es fondo, no se entiende que uno de los proyectos centrales del gobierno de Miguel Márquez Márquez, quien ha hecho un compromiso explícito y personal con la transparencia como obligación ineludible de su gobierno, se haya dado a conocer de manera tan subrepticia.

En la exitosa serie de televisión El Ala Oeste de la Casa Blanca (The West Wing), que se transmitió de 1999 a 2006 abordando las vicisitudes cotidianas de la alta política en una ficticia administración demócrata, los protagonistas del equipo de prensa y comunicaciones del presidente Josiah Bartlet (Martin Sheen), le llaman a los viernes “el día de tirar la basura”, refiriéndose con ello a los temas polémicos que podían afectar la popularidad del mandatario.

¿La razón? El inicio del fin de semana registraba los índices más bajos de audiencia de los medios escritos y electrónicos, lo que disminuía las repercusiones de cualquier escándalo.

Como hoy en día la televisión continúa siendo una gran educadora, incluso de políticos, no es remoto que entre los avispados asesores de la administración Márquez, haya surgido la idea de concretar el proyecto Escudo el viernes 21 de diciembre, último día hábil de la burocracia, y hacer su anuncio oficial en la mitad de las vacaciones navideñas.

“No hagas cosas buenas que parezcan malas”, decía esa vieja sabiduría popular a la que tan afecto se muestra el primer gobernador que nos ha dado Purísima del Rincón.

Y ese es el caso con el proyecto Escudo, donde si en efecto no hay nada que ocultar, no tenía ningún sentido esconder las decisiones en torno al mismo en la hojarasca del cierzo decembrino, dejándo la carga del desgaste a un solitario secretario de Seguridad que va a necesitar más acompañamiento si en verdad se quiere que el programa de blindaje funcione e impacte de manera decisiva en la tranquilidad de los guanajuatenses.

Hasta ahora, con la limitación normal en las habilidades dialécticas que es de esperarse para un funcionario cuyo fuerte no es la exposición pública, Cabeza de Vaca se ha situado en una posición defensiva para tratar de explicar la  legalidad de la decisión y la legitimidad del proceder que se eligió. Es lo peor que le puede ocurrir a un proyecto de tal envergadura y donde están puestas tantas expectativas no sólo del gobierno sino de la propia sociedad.

Pudieran ser atendibles las razones de discrecionalidad en la elección y de reserva de la información por tratarse de un tema de seguridad. Sin embargo, existirían formas de darle certeza a la opinión pública sobre la pertinencia de la decisión. El propio Márquez ha tratado de darle concreción a su intención de transparencia mediante la conformación de consejos  de ciudadanos que conozcan y validen las decisiones de los diferentes ámbitos de la administración, algo que no ocurrió en este caso.

Si la elección del proveedor de los mecanismos de vigilancia que contempla el proyecto Escudo hubiese sido conocida y apoyada por un grupo de ciudadanos representativos, quienes igualmente habrían de estar obligados a no divulgar pormenores, se hubiera evitado la impresión de apresuramiento y de ocultamiento que se deja sentir en el anuncio realizado el pasado 27 de diciembre, la víspera del día de los Inocentes.

Sólo el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García, se sumó con un día de retraso al intento de dar explicaciones. Se ha dicho que la empresa beneficiada “es confiable” por el hecho de que presta servicios en otras siete entidades del país. Bueno, valdría la pena saber cuáles son esos estados y acudir después a sus estadísticas en materia delictiva, a menos que lo que se quiera evitar sea precisamente eso, la posibilidad de hacer comparaciones.

Se dice que la licitación pública no se realiza para evitar “la infiltración del crimen organizado”, lo que nos hace preguntarnos ¿qué mecanismo garantiza que la empresa de seguridad tiene los suficientes controles para evitar esa infiltración? En el caso de los servidores públicos se cuenta con el expediente, imperfecto por cierto, de los exámenes de control de confianza, pero ¿a qué nos podemos atener para validar el profesionalismo y la ética de los empleados de un contratista privado?

Otro factor que hace inexplicable la prisa es el del viaje que el gobernador y los funcionarios del área de seguridad hicieron, también en secreto en su momento, a la ciudad de Washington, para entrevistarse con la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Janet Reno, dónde supuestamente se trato el tema de la búsqueda de fondos para poner en marcha el proyecto que nos ocupa. ¿Si se inició ese trámite porqué no esperar a su resolución antes de comprometer los recursos del estado?

Es en la falta de respuesta a todas estas interrogantes en un proyecto central del nuevo gobierno, donde queda la sensación de que en materia de transparencia y de compromiso del gobierno con la sociedad, no hay nada nuevo bajo el sol.

Los argumentos que hoy se esgrimen para justificar una decisión que atará las finanzas del estado por seis años y que entregará la vigilancia de nuestras ciudades y carreteras a una empresa sin nombre, un verdadero Big Brother sobre el que no tenemos ningún control desde la sociedad,  son las mismas que podría haber esgrimido Juan Manuel Oliva, el mandatario más desprestigiado  de la era panista en Guanajuato.

Resulta altamente contraproducente para la consolidación de un gobierno que arribó con intenciones renovadoras, sobre todo presionado por el margen electoral más estrecho de las últimas cuatro elecciones, que su discurso y sus actos se separen de manera tan dramática en tan corto tiempo.

Pero, sobre todas las cosas, lo más alarmante es que un gobernante que acaba de hacer una campaña política; que hace no mucho apelaba a la madurez del electorado para vender la idea de que no era “más de lo mismo”; que se presentó como un hombre sano y sencillo, “uno de nosotros”; apenas a tres meses de haber tomado posesión muestre tan escaso respeto a la inteligencia de la sociedad que le dio su confianza.

¿Creerían Miguel Márquez y sus asesores que por tratarse de días de guardar, era necesario hacernos comulgar con tales ruedas de molino?

arnoldocuellar@zonafranca.mx

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@arnoldocuellaro

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