Arnoldo Cuellar

El negociazo de la seguridad

In Botepronto, Zona Franca on noviembre 14, 2012 at 3:39 am

Son ya dos evidencias contundentes: en el municipio de León, durante el mandato del alcalde Ricardo Sheffield, la preocupación ciudadana por la inseguridad fue utilizada para hacer espléndidos negocios de particulares y, probablemente, también de funcionarios.

Primer fue el caso de Portoss, la empresa de Gerardo García Preciado, quien vendió servicios al municipio por más de 40 millones de pesos, consistentes en sistema de videovigilancia y de localización satelital.

El segundo caso es la empresa 5 G Consultores, donde es accionista Roberto Pesquera Vargas, el tesorero de Bárbara Botello, que vendió servicios de capacitación y adiestramiento por 13 millones de pesos a la anterior administración.

En ambos casos, lo que prevalece es la discrecionalidad. Los contratos se otorgan sin licitación bajo el argumento de que se trata del tema de seguridad. Los servicios no resultan o resultan a medias, nadie supervisa y todos se deslindan.

García Preciado es un proveedor con trayectoria en el renglón de los servicios de cómputo. En el tema específico de la seguridad su experiencia es menor. De cualquier manera, su contrato fue totalmente leonino al poner las bases de datos del sistema de seguridad instalado, cuando sirve, en manos de la empresa proveedora y no de la autoridad municipal..

Toda proporción guardada, es como si el proveedor del equipo de cómputo de las oficinas donde se cobra el impuesto predial fuese el dueño del padrón de contribuyentes.

El caso de Pesquera también es notable: un novel político que hacía sus pininos en el PRI, en 2010, decide constituir una empresa proveedora de servicios de seguridad y encuentra rápidamente a su mejor cliente: el municipio panista de León presidido por Ricardo Sheffield.

Con apenas algunos meses de experiencia en su nuevo ramo de negocio, Pesquera y 5 G Consultores logran ventas por más de diez millones de pesos en el 2011, el sueño de cualquier empresario incipiente.

Ya estando Pesquera como responsable de las finanzas en la campaña de Juan Ignacio Torres Landa, el alcalde Sheffield no tiene ningún empacho para ampliar la contratación de servicios y le asigna nuevos proyectos estratégicos en la delicada área de seguridad.

De nuevo no hay licitaciones y sí, en cambio, asignaciones directas.

Lo más delicado de todo es que ni los aportes tecnológicos de Portoss, ni la sofisticada capacitación de 5 G Consultores, pudieron elevar los estándares de actuación de la policía leonesa.

Los índices delictivos de la ciudad siguen altos, la violencia del crimen organizado asoma ya en homicidios de alto impacto y, quizá lo más grave, la descomposición disciplinaria de la corporación se acentuó hacia el final del gobierno sheffielista.

Llama la atención que la asignación de estos contratos hayan beneficiado a contratistas que se encuentran en el ámbito de relaciones de un influyente personaje: Ignacio Ramírez Sánchez, amigo personal y asesor extraoficial del alcalde Ricardo Sheffield.

Sobrino político de García Preciado y amigo y compañero de aventuras de Pesquera, es imposible soslayar la intervención providencial de Ramírez Sánchez en la asignación de estos contratos tan ventajosos para los proveedores y tan desfavorecedores para el municipio.

Lo preocupante, viendo hacia el futuro, es que este grupo continúa vigente en la nueva administración priista, donde ya lograron ubicarse en posiciones de poder: la Tesorería es una de ellas; la otra, la presidencia del Implan.

Así, mientras la parte histórica del equipo de Bárbara Botello piensa en términos políticos, en trascender frente a la quiebra panista y mantener el poder en León y crecer estatalmente; la otra parte, la neobarbarista, parece sólo estar pensando en términos de corto plazo y en oportunidades de negocio.

¿Quién resolverá esa contradicción? Hasta ahora no se ve.

arnoldocuellar@zonafranca.mx

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@Arnoldo60

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