Arnoldo Cuellar

Transparencia, del discurso a los hechos

In Sin categoría on octubre 20, 2012 at 11:22 am

Una cosa son los discursos y otra las acciones.

Este viernes se dio el primer jaloneo en el gabinete de Miguel Márquez por los alcances que debe tener la política de transparencia, precisamente al abordar el tema de las liquidaciones de los funcionarios de la anterior administración.

Una primera idea, proveniente sobre todo del secretario de Finanzas Juan Ignacio Martín Solís, seguramente a pedido de los propios interesados, sugería no dar a conocer los montos individuales de las liquidaciones.

Otra postura, proveniente de las áreas de comunicación y asesoría política de Márquez, aconsejaba no retroceder en ese aspecto, pues ya en anteriores gobiernos se había hecho pública dicha información.

El gran pretexto esta vez era la inseguridad y la definición de que los ex funcionarios ya eran sujetos privados. Por otra parte, estaba el hecho de que los dineros empleados para los pagos de retiro son públicos, por lo que no pueden ser reservados.

Tras un debate que no se alargó más allá de algunas horas, se determinó abrir la información, como dan cuenta todos los medios desde el mismo viernes al mediodía.

Lo que se debatía, a final de cuentas, es que tan transparente debe ser la transparencia y cuando debe obedecer a consideraciones de otro tipo, ya sean políticas o personales.

Este debate seguramente no será resuelto de manera fácil ni de manera rápida. El gobierno no puede estar permanentemetne en caja de cristal, sobre todo porque enfrente tiene a grupos de interés político y económico que estarían listos para aprovechar la información de muchas decisiones en su propio provecho.

Queda claro además que entre esos núcleos de interés no hay vocación de equidad ni tampoco intenciones transparentes, por lo que un gobienro totalmente abierto pasaría a convertirse en un factor de desigualdad que daría oportunidades solo a quienes tienen los recursos para aprovecharlas.

Sin embargo, tampoco pueden estarse buscando justificaciones de toda índole para reservar los datos, como ocurrió en el gobierno de Juan Manuel Oliva, gracias a la deficiente ley de transparencia creada por su antecesor, Juan Carlos Romero Hicks.

La ponderación entre el interés público, la vocación de transparencia y los objetivos estratégicos que todo gobierno debe tener, constituye un entramado complicado que no puede limtarse a los buenos deseos de los discursos.

Es allí, en la verdadera dificultad de gobernar, donde hay que ver de qué está hecho el gobierno que estrenamos. Lo otro, las palabras y las promesas, sólo flotan en el viento un instante antes de desaparecer.

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