Conforme se acerca la fecha para que asuma el cargo de alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, la primera mujer que lo ocupará en la historia y la primera priista en casi un cuarto de siglo, deja ver que ha crecido su comprensión de la magnitud de la responsabilidad que le otorgaron los ciudadanos el pasado primero de julio.
Van quedando atrás ciertos estilos de su etapa de política opositora, muy entendibles por cierto, en que importaba más la vehemencia de la declaración y la velocidad de la reacción, que la ponderación de las consecuencias.
Por ejemplo, si alguna de sus recientes decisiones denota la maduración que debe poseer quien se va a encargar de guiar los destinos colectivos de una comunidad de la importancia de la leonesa, es la de invitar al general Miguel Pizarro Arzate, ex secretario de Seguridad Pública del Estado, a hacerse cargo de esa misma tarea en el municipio.
En otras circunstancias y en otras épocas, el último desempeño de Pizarro, por lo demás un militar de amplísima trayectoria, en el gobierno panista de Juan Manuel Oliva, hubiera sido causa suficiente para que Bárbara Botello no lo contemplara como opción.
No ha sido así, a los buenos acuerdos de la transición que mantiene con Ricardo Sheffield, ahora Botello suma la incorporación de un funcionario que perteneció a un régimen al que ha calificado duramente, mostrando de paso con ello que no todo lo que hizo Oliva fue negativo.
Los que ganan, al final del día, son los ciudadanos de León, cada vez más preocupados por las implicaciones de una creciente ola de inseguridad, que si bien no alcanza tintes de violencia generalizada, sí afecta de manera grave la tranquilidad y el patrimonio de todos los sectores sociales.
Miguel Pizarro tuvo varios logros importantes cuando llegó a restaurar el desastre en el que había convertido Baltazar Vilches a la Secretaría de Seguridad: el primero de ellos fue recomponer las relaciones de colaboración y la comunicación con la Procuraduría de Justicia del Estado, de Carlos Zamarripa; la segunda fue la de profesionalizar las Fuerzas de Seguridad y dejarlas listas para ser la base de una futura policía estatal.
Otra cuestión, nada menor, fue la de establecer una disciplina férrea en la dependencia, incluidos sus mandos civiles, a los cuales conminó a presentar sus exámenes de control de confianza. Producto de ello, Pizarro decidió prescindir de los servicios del subsecretario Felipe de Jesús López Gómez, quien recibió un no acreditado en su prueba.
Esa decisión debió vencer la resistencia del secretario de Gobierno de entonces, Héctor López Santillana; e, incluso, la del propio gobernador Juan Manuel Oliva, a quien no pocas veces le temblaba la mano en cuestiones de seguridad.
Pero, aunado a sus virtudes personales y a su carácter espartano alejado de los reflectores, quizá lo más valioso que aportará Pizarro Arzate al equipo de trabajo de la alcaldesa priista será su conocimiento del terreno, adquirido a lo largo de los dos años y medio en que se desempeñó como secretario de Seguridad estatal.
Esa fue, precisamente, una de las fallas en el caso de la mayor María Guadalupe Anguiano, la militar designada por Ricardo Sheffield como directora de Seguridad al principio de su gestión: su desconocimiento de León.
Pizarro es militar, general divisionario y está empapado de la realidad de Guanajuato. Ante esos factores, su circunstancial pertenencia al gobierno panista de Juan Manuel Oliva parece un mero accidente que no merece ser tomado en cuenta. Así lo hizo Bárbara Botello y, sin duda alguna, hizo bien.
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