Las resistencias a la lucha anticorrupción, que por más que lo quieran algunos entusiastas no depende sólo de la buena voluntad de un líder, asoman a cada momento, incluso en el mismo partido del que proviene el gobernador Miguel Márquez Márquez, promotor de esa política.
Este domingo, en el municipio de Cortazar fue electo por una abrumadora mayoría como nuevo dirigente municipal del PAN el ex candidato derrotado José María Anaya Ochoa. Más del 60 por ciento de los votos de los panistas cortazarenses fueron para quien los condujo a una derrota desastrosa y la pérdida de la alcaldía.
Pero no sólo eso, Chema Anaya es uno de los ejemplos más conspicuos de la corrupción que se incubó en el sexenio de Juan Manuel Oliva, al amparo de la coartada de generar recursos para el financiamiento de las campañas electorales.
Fideicomisos como Casa Noble, intervenida al final del sexenio que acaba de concluir y donde apenas se empieza a conocer la punta de un gigantesco iceberg de corrupción; o el destino de cientos de millones de pesos destinados a las integradoras de compra de grano, donde se originó el fraude de Iagrocen, son casos de cuyo esclarecimiento depende que cobre cuerpo la intención marquista de luchar contra la deshonestidad gubernamental.
Más aún, la presencia en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Javier Usabiaga, un funcionario público de reputación insobornable y sin ninguna necesidad de actuar como encubridor, hace tener confianza en que más temprano que tarde se abrirá la cloaca de los desvíos de recursos en el sector agrícola durante la mayor parte del sexenio olivista.
Se trata, por si algo faltara, de situaciones imposibles de ocultar, pues hay agujeros financieros de los que necesariamente alguien tendrá que responder, una vez que la nueva administración proceda a regularizarlos o a liquidarlos.
En ese sentido, habría que preguntar: ¿le hace falta al PAN un nuevo escándalo, como el que seguramente ocurrirá cuando se descubran las responsabilidades de su flamante dirigente municipal de Cortazar?
¿No sería obligación de Gerardo Trujillo, el dirigente estatal panista, prever este tipo de circunstancias y usar sus potestades para evitar un predicamento al discurso marquista, primero; y un desdoro al partido, después?
Trujillo en particular tiene noticias cabales y de primera mano de lo que ocurre en la SDA, pues allí se desempeña como director general de Proyectos Emergentes, su padre, el ingeniero Raúl Trujillo Moreno.
No es el único sitio donde el partido parece ir a contrapelo del gobernador en el tema del combate a la corrupción.
Está también el caso de Mario Barrientos Corrales, representante del PAN en el Instituto Electoral y un cuadro que ha sido cercano a Juan Manuel Oliva, a Fernando Torres, a Gerardo Trujillo y al propio Miguel Márquez, quien presume de un aura de impunidad ante la limpia de funcionarios deshonestos que pretende la nueva administración.
Tan solo habría que investigar las innecesarias remodelaciones de farmacias del ISSEG que se realizaron a lo largo y ancho del estado, dejándolas por cierto más infuncionales tras los millonarios arreglos. En el entorno de Barrientos se conocía que entre las constructoras beneficiadas por contratos directos se encontraban algunas que eran propiedad de familiares del funcionario.
Pero no sólo eso. La compra a un precio fuera de mercado del software Pharmacy, para manejar los abastecimientos de las farmacias, provocó uno de los más grandes desabastos de que se tenga memoria en la historia comercial de la institución
Y si algo faltara, allí está el desastre en que se convirtió la compra del sistema robotizado para el procesamiento de pedidos, instalado en el monstruoso Centro de Distribución del Puerto Interior, el cual fue adquirido en Alemania con tecnología de punta, que permanece inactivo en largos periodos por problemas con el pago de los servicios de mantenimiento, también onerosos.
Estas decisiones, impulsadas por Barrientos y validadas por Miguel Salim en su etapa como director, cuando lo que menos quería era tener problemas con el amigo de Oliva, incrementaron los costos de operación del sistema y provocaron que el área de farmacias del ISSEG operara con pérdida por primera vez en su historia en el ejercicio de 2011.
Es decir, en lugar de que la red de farmacias del ISSEG le aportara al fondo de pensiones utilidades por encima de los rendimientos bancarios, el año pasado debió ser subsidiada por los recursos de los trabajadores. Estas cifras, que conocen muy bien los integrantes del Consejo Directivo del ISSEG, no son de carácter público pues se engloban en información concentrada que oculta las áreas problemáticas.
Barrientos no fue removido de su cargo por Javier Luna, pues fue durante esos meses que pidió licencia para hacerse cargo de la campaña panista en Celaya, de donde retornó vencedor y más fortalecido que nunca.
Ahora, superada la renuncia formal que presentó antes de la llegada de Héctor Salgado Banda, el director del ISSEG proveniente del Banco de México que designó Miguel Márquez, Barrientos despacha confiado en que sus méritos partidistas se harán cargo de minimizar cualquier resultado de las auditorías en su área.
Por eso persiste una pregunta: ¿podrá Miguel Márquez avanzar en su cruzada anticorrupción cuando las primeras y más serias resistencias a ella están en los gerifaltes de su propio partido?
Y aquí es donde queda claro que por más que el nuevo gobernador de Guanajuato se empeñe en dignificar el servicio público, poco podrá hacer si no echa mano de las herramientas de la política; si no concentra fuerzas propias y ajenas para vencer inercias; y, sobre todo, si no se traza un plan estratégico que vaya más allá de la buena voluntad y los discursos emotivos.
Hoy, por hoy, los mensajes desde el mismo PAN que llevó a Miguel Márquez al poder, nos dejan saber que la lucha contra la deshonestidad corre el riesgo de tener una misteriosa muerte de cuna.
Twitter: Arnoldo60
