Mientras los problemas crecen en el seno de la sociedad y se acumulan otros en el horizonte por fenómenos como la fragilidad del entorno macroeconómico, vemos como los conductores de las instituciones públicas, o los aspirantes a hacerse cargo de ellas, persisten en actitudes ensimismadas donde hasta sus pequeños conflictos y ambiciones personales tienen más importancia que la realidad que los rodea.
En la semana que paso, observamos una disputa absolutamente fútil entre los dos precandidatos del PAN con mayor posicionamiento. Nos referimos a las afirmaciones de Miguel Márquez Márquez sobre lo aparentemente infundado del problema del brote de influenza en 2009, en lo que pareció como un intento de desvalorizar el desempeño protagónico de José Ángel Córdova, su rival en la carrera por la gubernatura, en ese lance.
No fue la única desavenencia entre políticos que no tuvo nada que ver con problemas reales de los ciudadanos, sino únicamente con animadversiones subjetivas. En otro espacio, el secretario de Gobierno de Juan Manuel Oliva, Héctor López Santillana, se enfrascó en una sorda disputa entre bambalinas con el presidente del PRI, José Luis González Uribe.
¿El problema? Un malentendido por el protocolo de una cita entre el funcionario estatal y el dirigente partidista, quien tuvo el “atrevimiento” de llegar acompañado por sus homólogos de otros institutos políticos.
¿Qué tienen que tratar en secreto el secretario de gobierno y el líder priista cómo para que aquel se ofenda por la presencia de testigos? ¿Hay partidos que son más relevantes que otros? ¿Se trata, simplemente, de falta de oficio político o así trataba López Santillana a los ejecutivos de las empresas extranjeras que querían invertir en Guanajuato?
Por lo pronto, parece sólo la secuela del ya prolongado aprendizaje del nuevo funcionario quien probablemente llegue a convertirse en un consumado negociador… cuando ya esté a punto de dejar el cargo.
No es el único lugar donde la agenda particular se opone a la más alta de los intereses públicos. Allí está el caso de la fracción panista en el Congreso local que, por la voz de la legisladora Leticia Villegas, consideró un atrevimiento inadmisible que su colega priista Alicia Muñoz Olivares hiciera público el finiquito excesivo que se otorgó al ex magistrado Eduardo Hernández Barrón, actual titular del Instituto de Acceso a la Información Pública.
El millón setecientos mil pesos con los que se autogratificó un funcionario que ha mostrado lealtad a toda prueba con el PAN, de los cuales por lo menos 500 mil pesos han sido considerados excesivos por el órgano de fiscalización, no fue considerado el problema principal, sino la infidencia de la diputada priista integrante de la Comisión de Hacienda, hacia los medios de comunicación.
Habría que preguntarle a la diputada Villegas y a quien la envió a la tribuna qué puede ser más relevante para los ciudadanos de Guanajuato: si la codicia y la complacencia de un funcionario que no era cualquier funcionario, sino un magistrado encargado de velar por la legalidad y que ahora es responsable de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, o el atrevimiento de una diputada de hacer valer su fuero en materia de opinión y posicionamientos públicos.
La inversión valorativa de los miembros de un partido político cuyos principios estaban sustentados, precisamente, en valores, y que en esa calidad ganaron el favor ciudadano, parece ser otro de los motores de la crisis de gobernanza, entendida ésta como la calidad y la eficiencia de las decisiones de quienes ejercen algún tipo de autoridad.
Botepronto
En la crisis de gobernanza que vive el estado, por si algo faltara, el único diputado federal priista, Gerardo Sánchez García, acompañado del suplente de Yulma Rocha, Guillermo Ruiz de Teresa, quien ahora se hace pasar por oriundo de Guanajuato, se están arrogando el poder de definir el destino del presupuesto federal del próximo año, en foros que realizan por todo el estado.
De acuerdo a los posicionamientos de ambos políticos, si la Secretaría de Hacienda no autoriza una bolsa de 150 mil millones de pesos de reasignaciones, no aprobarán el gasto en la fecha tope del 20 de octubre.
Ante públicos priistas que les aplauden a rabiar, los señores Sánchez y Ruiz no explican que la decisión no está en sus manos sino en las de sus líderes parlamentarios y partidistas y que su única intención es promocionarse como aspirantes al senado por Guanajuato, en otra muestra clara de que las agendas públicas se encuentran secuestradas por objetivos personales, algo que en el PRI ha sido costumbre.
Y en los desaguisados no se quedan atrás los verdes ecologistas, que viven su propio drama por el diputado que se les fue al PAN, David Cabrera, y que administra la cartera presupuestal de la fracción y las negociaciones en la junta de coordinación política, donde se ha convertido en un alfil de la mayoría blanquiazul, ante el pasmo de Carlos Chacón y de Beatriz Manrique, líderes formal y real de ese partido.
Vaya clase política para presumir.
