El gobernador de Guanajuato ha vendido magníficamente su imagen de operador político en el entorno de Los Pinos. Lo hizo sobre todo en el 2010, con las campañas a gobernador de estados como Oaxaca, Puebla e incluso Aguascalientes, donde perdió el candidato panista.
Juan Manuel Oliva, a diferencia de muchos panistas del Distrito Federal, es un político todo terreno que se mueve con gran soltura en los espacios donde confluyen las movilizaciones partidistas y las contiendas electorales. Desde luego, también ha aprendido los protocolos de las reuniones de alto nivel, la confluencia de ambas vertientes es uno de los secretos de su buena imagen en el centro del país.
Gracias a esa afortunada reunión de circunstancias, Oliva ha podido librar las batallas locales en el escenario nacional. Han sido escasos los temas de conflicto magnificados por la prensa local que llegan a los espacios mediáticos del Distrito Federal.
Incluso un tema tan delicado como el de las mujeres presas en razón de parentesco, es decir por abortar, algo que siempre tiende a complicarse en el caso de los gobiernos con tendencias fundamentalistas, fue bien librado por Oliva, sobre todo por la rápida reacción de dos de sus colaboradores más cercanos: la vocera Juana de la Cruz Andrade y el procurador Carlos Zamarripa.
Con esas prendas, Oliva se presenta en este momento como uno de los operadores estrellas al servicio del proyecto presidencial de hacer crecer la precandidatura del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, algo que de entrada se antoja como una misión imposible ante las características del prospecto y el crecimiento notable de algunos de sus adversarios, sobre todo los dos legisladores con licencia: Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel Miranda.
El papel de Oliva se acrecienta por el hecho de que es le gobernador panista más conspicuo en el círculo de Cordero, ante la decisión del ala ultraderechista del PAN de mantener la candidatura del gobernador de Jalisco, Emilio González, una posición a la que no se descarta que se sume el morelense Marco Adame, aunque proteste lealtad al funcionario hacendario por razones coyunturales.
El reto, sin embargo, no parece nada fácil. La fama de operador político de Juan Manuel Oliva, que se mantiene incólume en la ciudad de México, está demasiado fracturada en Guanajuato, sobre todo después de la división que sobrevino en su grupo político tras la elección del diputado Gerardo Trujillo como nuevo dirigente estatal del PAN.
Enfrente del mandatario se alza un nuevo grupo político al que le da cuerpo, en buena medida, el ex dirigente panista Fernando Torres Graciano, quizá uno de los mejores operadores surgidos en el PAN de Guanajuato en los años recientes. Con fuerte ascendiente sobre buena parte de los alcaldes de su partido y de los dirigentes de comités municipales, el también aspirante al senado no será un hueso fácil de roer.
La coincidencia de Torres Graciano y el ex gobernador Carlos Medina Plascencia, sin descartar al alcalde de León, Ricardo Sheffield, en las huestes de Vázquez Mota en Guanajuato, representan una seria posibilidad de que la ex secretaria de educación se alce con la victoria en la entidad, cuando sea la elección interna. A la capacidad de operación se le sumará su propio crecimiento personal en el ánimo de los panistas de a pie.
Oliva batallará con una mengua en su margen de maniobra que no sólo deriva de su debilitamiento como jefe de una corriente, ahora dividida, sino también por el hándicap que representa la pobre presencia de Ernesto Cordero entre los panistas, por lo menos al día de hoy.
En este escenario y sin ánimo de profundizar más pues será sólo el tiempo quien nos informe de un cambio en las circunstancias que aquí reseñamos, queda claro que la apuesta del gobernador de Guanajuato debe ir por la de lograr la mayor cantidad de apoyos del gobierno federal en los próximos meses, en reciprocidad por su lealtad al proyecto de Calderón, porque lo más probable es que no vaya a haber un bono de éxito.
A final de cuentas, Oliva se ha mostrado como un político de espíritu ampliamente pragmático, así que no es hora de flaquear.
Botepronto
Un reflejo del desorden que priva en algunas áreas del gobierno estatal, quizá a cuenta de un ánimo de fin de sexenio muy anticipado, ocurre en el sector agropecuario.
Hace unas semanas el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, José María Anaya, optó por pedir la renuncia de uno de sus más cercanos colaboradores, su jefe de asesores Carlos Orta. La decisión no fue de Chema, sino que vino ordenada de otros niveles, donde no se descarta la intervención del secretario particular Román Cifuentes.
Días después, Orta fue visto en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, probablemente buscando la manera de litigar su reinstalación, quizá también con la anuencia del propio Chema Anaya, quien nunca estuvo conforme con su salida.
Hoy, la noticia es que la Secretaría de la Gestión Pública, de Luis Ernesto Ayala, esta concluyendo un expediente que probablemente termine en el Ministerio Público, sobre actuaciones de Orta a principios de este Sexenio, lo que daría un giro inesperado al affaire.
Y eso que todavía no llegan al complicado asunto de Casa Noble, la empresa formada por el gobierno del estado para otorgar coberturas y bajar subsidios a los productores, en la que cada día que pasa es más difícil cuadrar las cuentas.
