Prácticamente desde su invención, hace década y media, las contralorías municipales entregadas a la primera minoría partidista en los cabildos se han convertido en espadas de Damocles sobre los alcaldes y las administraciones municipales, pero de poco han servido para mejorar las malas prácticas de gobierno.
Así lo hacen los priistas en los municipios donde gobiernan los panistas, que siguen siendo mayoría; lo hacen también los militantes blanquiazules con las administraciones priistas, perredistas o ecologistas. Resultan una verdadera excepción aquellos casos donde los contralores se han dedicado objetiva y sinceramente a cuidar los recursos públicos y sancionar las conductas irregulares sin afanes partidistas.
Sin embargo, no por ello deja de causar asombro que la contraloría del municipio más grande del estado haya pasado a convertirse, como nunca en los tiempos recientes, en un instrumento de venganza política y de precampaña de una corriente priista, que no ha tenido empacho en dejar al funcionario a cargo de la dependencia en un papel de patiño.
Eso es lo que viene ocurriendo en León, donde el esforzado contable que se desempeña como contralor, J. Cruz Hernández Moreno, por más que se esfuerza en realizar un trabajo acucioso, ve sus esfuerzos demeritados, una y otra vez, por la acción guerrillera del equipo que integra el cuarto de guerra de la ex candidata Bárbara Botello Santibáñez.
Así pasó hace unos días con la investigación sobre hechos de corrupción presumibles en el área de expedición de licencias de la Dirección de Tránsito de ese municipio, donde una investigación delicada de la contraloría, realizada mediante un usuario encubierto, detectó una red de coyotaje administrada por funcionarios, la cual, antes de cerrar su ciclo, fue usada para una campaña de desprestigio contra el gobierno de Ricardo Sheffield, mediante filtraciones a medios de comunicaciones.
Esta utilización de la contraloría municipal como ariete para golpear a la administración en su conjunto y no para corregir la desviación encontrada, puso en evidencia, una vez más, intenciones partidistas, que no buscan precisamente depurar el servicio de la administración y beneficiar al público. La actitud resultó totalmente tergiversadora de la función correctiva y de previsión que se encuentra en el origen de los órganos de control interno.
Por lo demás, resulta difícil de creer que la filtración de los datos y el video de la investigación hayan sido responsabilidad del contralor Hernández e, incluso, del regidor que preside la comisión de Contraloría, el priista José Arturo Sánchez Castellanos. Ambos son expertos auditores, uno en el ámbito público y el otro en el privado, que conocen las consecuencias de transgredir códigos y políticas de la profesión. No quedan, sin embargo, exentos de corresponsabilidad al haberlo permitido.
Es más viable que el conducto para convertir una investigación interna en un escándalo mediático, haya sido Verónica Barrios, la ex vocera de Botello, quien se desempeña como directora de Seguimiento y Evaluación Gubernamental de la contraloría y se ha convertido en la detentadora del poder real en el órgano de control a la vez que conserva sus redes en los medios.
Por otra parte, la respuesta panista al desaguisado tampoco pudo presumir de razonable. El extrañamiento realizado a Sánchez Castellanos y a Hernández Moreno cayó en el nivel de la venganza y en vez de cuestionar una conducta lesiva de la institucionalidad, se optó por el intercambio de acusaciones y la descalificación, lo que convirtió la sesión de cabildo del jueves pasado en un pleito de barriada.
El episodio dejó claro, como si hiciera falta, el bajísimo nivel del debate público que debemos padecer los guanajuatenses, desde el mayor municipio en términos de población y actividad económica, hasta el más modesto de los cabildos.
Gobierno y oposición, mayorías y minorías, liberales y conservadores, las opciones políticas entre las que podemos optar los guanajuatenses no están limitadas sólo en número, tampoco se distinguen por su capacidad. Desde que se inauguró una transición basada sobre todo en la alternancia, la calidad del diálogo político y del procesamiento de decisiones en la esfera pública han caído a niveles de lamentación.
Lo peor de todo es que la existencia de una campaña electoral permanente, evidente en la búsqueda adelantada de candidaturas y la beligerancia partidista constante en la toma de decisiones del gobierno, tanto de quienes detentan el poder como de quienes se asumen como oposición, ha terminado por paralizar la eficiencia de las políticas públicas.
El desgobierno campea. El nombre del juego no es hacer, sino no dejar hacer. Los ciudadanos, ajenos a este sainete de pésima calidad pero de costosa producción, sufragada además por nuestros bolsillos, no parecemos tener opción, salvo la de asumir con mayor rigor nuestra participación en la vida pública: es decir, intentar recuperar lo que nos ha sido arrebatado.
Botepronto
Mientras senadores como Luis Alberto Villarreal, Francisco Arroyo y Ricardo Torres Origel andan a la caza de fotógrafos que documenten su “intensa preocupación” por los problemas de Guanajuato, su compañero el panista leonés Humberto Andrade, se puso a trabajar en serio en la comisión que preside, la de Población y Desarrollo.
La semana que pasó fue aprobada la Ley de Migración, que busca afrontar la oleada migratoria que vive el país, tanto de quienes lo cruzan en tránsito a Estados Unidos, como de quienes lo tienen como destino final, garantizando el respeto a su dignidad como personas y un mayor orden en ese flujo.
Por lo pronto, la nueva legislación recibió el beneplácito de los gobiernos centroamericanos, región de donde proviene buena parte de los migrantes, también de activistas de los derechos humanos como el sacerdote Alejandro Solalinde, que se esfuerzan en combatir el tráfico de personas y la explotación que el crimen organizado y hasta las propias policías mexicanas han hecho de este fenómeno social. Enhorabuena.