• El aparato dieguista compromete la campaña de Libia
• Litigantes en León, gremio bajo fuego
• Distrito de Gobierno, buen plan mal ejecutado

1.- “No me ayudes compadre”

Como suele ocurrir en política, la precandidata panista Libia Dennise García Muñoz Ledo tiene su mayor problema en lo que también constituye su mayor ventaja.

Como le ocurrió a Diego Sinhue Rodríguez hace seis años, el aparato controlado por el gobernador saliente, Miguel Márquez en aquel caso, le resolvió la sucesión interna en el PAN y dirigió su campaña política, en un contexto de mayor cohesión del partido, debilidad opositora y un gobierno federal ausente y desinteresado en Guanajuato.

El modelo que Diego sufrió y gozó, que lo convirtió en gobernador y luego le amarró las manos en el nombramiento de su gabinete y lo ató al compromiso de mantener el esquema de seguridad con los mismos encargados, ahora se lo quiere aplicar a su proyectada sucesora.

Solo que los escenarios han cambiado.

Dos errores han evidenciado la insuficiencia del aparato estatal para garantizar la operación política en favor de Libia Denisse: el fracaso en la entrega de recursos de las tarjetas dirigidas a mujeres, por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato y el desbocamiento de un exhibicionista operador de redes sociales contratado por comunicación social del estado, para insultar a la precandidata de MC Yulma Rocha.

Esos episodios marcaron el fin del 2023 y el arranque de 2024. Si hubiese autocrítica al interior del aparato PAN-Gobierno, sería necesario prender todas las alarmas y hacer cambios radicales, pero eso parece imposible ante el peso de las inercias y el juego de las vanidades.

La precandidata panista está atrapada en la intención del gobernador Diego Sinhue de que su ungimiento y elección constitucional se convierta en una deuda de mediano plazo, al menos.

Problemas como el de la tarjeta rosa tenderán a profundizarse, al aumentar el número de beneficiarias que lo reclaman y que no pueden ser desatendidas pues eso se convertiría en un boomerang dentro de la campaña al privilegiar a una minoría de mujeres frente a la marginación de una mayoría.

Por su parte, el ISSEG, cuya función no es ser banco y que ya ha fracasado en otros intentos de servicios financieros como convertirse en canal de remesas para los migrantes guanajuatenses, no garantiza la capacidad de respuesta que se requiere,  con lo que no solo compromete el programa de distribución de subsidios, sino la mismísima campaña de la aspirante panista que ligó su imagen y sus expectativas electorales al éxito de las transferencias.

La pregunta es: ¿fue una decisión de Libia García la realización del programa y la elección de sus mecanismos de distribución? Lo más seguro es que no, y que fue el equipo encabezado por Juan Carlos Alcántara, jefe de gabinete y monopolizador de la operación política del gobierno de Sinhue, quien decidió el rumbo a seguir.

Una situación similar ocurre en el caso del autodenominado “influencer” Otoniel Rivera, con un largo historial de servicio al esquema de propaganda del actual gobierno, inventor de páginas web y de redes sociales que surgen y desaparecen de forma coyuntural, pero siempre patrocinadas con largueza por el fondo publicitario de Comunicación Social del estado.

Con la publicación de un comentario al estilo Vicente Fox, este viernes 5 de enero, donde lanza un insulto denigrante en contra de la precandidata de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha, tiñó de misoginia y violencia política de género una campaña que hasta ahora se había desarrollado con civilidad. 

Pero además del insulto, resalta el error táctico: Yulma Rocha se encuentra en tercer lugar en la medición de preferencias y más que una amenaza al PAN, parece una opción para el electorado distante del blanquiazul pero que tampoco comulga con Morena. Con su exabrupto, Rivera construyó una intensa conversación digital en torno a la emecista y de paso vulneró el discurso de la panista.

Rivera se retrata con frecuencia en compañía de funcionarios del gobierno panista, entre ellos la precandidata Libia García y se muestra partidario de sus proyectos. Además es un beneficiario de recursos públicos en sus emprendimientos.

Pero no solo eso, en medio de la competencia previa a la actual temporada electoral, este personaje creó páginas destinadas a denostar a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, quien también rivalizaba en su proyecto político con la entonces secretaria de Desarrollo Social del estado. 

Antes de atacar precandidatas Rivera también se dedicaba a insultar y descalificar a críticos del gobierno estatal panista. Parece que se trata de un patrón.

Para frenar los ataques a Alejandra Gutiérrez debió intervenir el coordinador de comunicación social del estado, Alan Márquez, lo que muy probablemente debió repetirse esta vez, con la desaparición del tuit ofensivo y la veloz carta de disculpa ofrecida por el “influencer”, en una redacción impecable muy distante de su habitual posteo en redes sociales.  

Es poco probable que el ataque misógino haya sido ordenado desde los cuarteles de Libia García, pero su tibio deslinde del tema, cuando su discurso ha estado centrado siempre en los derechos de las mujeres, hace pensar que no podía ir muy lejos en la descalificación de la conducta de Otoniel.

En ambos casos, el de la inoperancia del ISSEG para comprometer el reparto de recursos a mujeres y el del exceso del operador de redes propanista, se pone en evidencia que la campaña de Libia García está siendo manejada desde oficinas ajenas a la candidata, sobre las que no hay control y a las que no se puede llamar a cuentas.

Ese cortocircuito viene a complicar los desafíos de la campaña de Libia Dennise García que es novedosa en varios sentidos: por ser la primera candidata mujer de su partido, por enfrentar un escenario de hostilidad desde el gobierno federal, por el desgaste de 30 años de gobiernos panistas y por retos como el de la inseguridad sostenida.

Aunque es temprano en la elección, queda claro que el paraguas protector que Diego Sinhue quiso tender sobre Libia para asegurarse de que esta le devuelva la cortesía a su  llegada al poder, tiene demasiados agujeros y que, a la larga, podría resultar más bien en el efecto contrario. 

2.- El crimen organizado también litiga, pero a balazos

En solo nueve meses, cuatro abogados litigantes fueron asesinados en León, en condiciones que obligan a pensar que se trató de hechos relacionados con su trabajo.

Parece otra muestra de la quiebra del estado de derecho en la entidad, algo que hasta ahora había sido insistentemente negado por las autoridades, siempre preocupadas por minimizar la delicada situación de violencia que padecen los ciudadanos de Guanajuato.

De los cuatro casos, solo se ha esclarecido uno, el asesinato de la abogada Marcela Gutiérrez, ocurrido en abril de 2023, en el que fue detenido un sicario, pero no se determinó el móvil del asesinato, lo que deja la investigación a medias y pudiese dejar en la impunidad una posible autoría intelectual. Se sabe, de forma extraoficial, que la litigante había ganado un juicio por despojo y se disponía a recuperar un predio para su cliente cuando fue agredida.

El nuevo caso, el del abogado Juan José Hernández, representante legal de las víctimas de un fraude inmobiliario de carácter masivo realizado por un despacho jurídico llamado Punto Legal, que presuntamente vendía terrenos y casas recuperados en juicios por debajo de su valor comercial, lo que utilizó para despojar de su dinero a más de 300 personas, vuelve a traer a colación el posible nexo entre el trabajo jurídico y el atentado.

Hernández fue privado de la libertad y apareció muerto con signos de tortura y tiro de gracia. La situación ha preocupado a los profesionales del derecho en la ciudad de León, tanto a los que mantienen posturas institucionales como a los más críticos.

Lo cierto es que esta crisis no es ajena a otra mayor, la del año 2023 como el de mayor incidencia criminal en León, principalmente en homicidios, con más de mil registrados por primera vez en la historia reciente.

La guerra de cárteles que se registraba en los municipios del corredor Laja-Bajío, ya se desplazó a León y todo esto mientras la política de seguridad pública se encuentra en manos de un funcionario colocado por intervención directa del gobernador del estado, Mario Bravo Arrona.

Con el peso de esa circunstancia, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, solicitará licencia en menos de 3 meses para realizar una nueva campaña electoral y pedir de nuevo la confianza de los leoneses para repetir 3 años más en el cargo. La edil sufrirá la consecuencia de haber tolerado una imposición.

La situación parece complicada, aunque no tanto para los funcionarios que gozan aún de un importante colchón de preferencias gracias a la polarización entre el panismo guanajuatense y el gobierno de la Cuarta Transformación. 

Sí lo es en cambio para los ciudadanos que siguen viendo a los gobernantes de todos los niveles alejados de sus preocupaciones y aferrados a mantener un poder del que solo parecen servirse para su propio beneficio.

3.- Falla licitación del Distrito de Gobierno

La licitación de la víspera del día de los inocentes fue declarada desierta y el edificio que albergará la primera etapa del Distrito de Gobierno en el Parque Guanajuato Bicentenario, deberá esperar algunas semanas para saber su destino.

La opacidad con la que se ha manejado un proyecto de casi mil millones de pesos no permitió saber si, tras la declaratoria sin ganador de la última semana del año, se dará paso a una segunda licitación o a una asignación directa, pues ambos posibilidades están permitidas por la ambigua y discrecional ley de obra pública del estado.

Lo que está en juego no es poco. La idea de aligerar la carga burocrática de la agobiada zona histórica de la capital del estado es tan vieja como el primer gobierno panista de Carlos Medina Plascencia, hace 30 años. 

La frustración del plan en ese entonces provino de la resistencia de los habitantes de Guanajuato nunca suficientemente informados del proyecto y temerosos de que se perjudicara su economía con el cambio de las oficinas de gobierno. Lo complicó más el hecho de que se pretendía expropiar 3 mil hectáreas de ejido y pequeña propiedad en la zona sur del municipio.

Hoy la realidad es otra. El estamento priista que se opuso al proyecto medinista de los años noventa es ahora aliado del PAN. La burocracia estatal es en buena medida leonesa, tras 3 décadas de gobiernos azules con funcionarios mayoritariamente de ese origen.

Sin embargo, las dificultades del presente provienen de otros ángulos que tampoco son desdeñables. 

El proyecto es más bien tardío, al tratar de concretarse en los últimos nueve meses de la administración y justo en un año electoral. Cualquier complicación se enredará con el debate sobre el agotamiento del largo ciclo panista, más si se entremezcla con señalamientos de corrupción.

Por si algo faltara, optar por una obra que se destine a la infraestructura de la propia burocracia, donde no hay una urgencia flagrante, cuando el estado vive emergencias sociales que no pueden ocultarse, tampoco ayudará.

Finalmente, la poco clara utilización de los fondos de pensiones de Guanajuato donde no se acaba de definir si es un préstamo al gobierno o una inversión de pago por servicios, también deja que desear.

Habrá que estar atentos.