• Poder Judicial : más concesión que toma de poder
• El Covid suelto y el gobierno en repliegue
• Enrique Sosa: premio en SDES, tras fechorías como tesorero de León

1.- Poder Judicial, nuevo coto de Luis Mariano Hernández

Luego de haber sido dos veces secretario del ayuntamiento de León en los albores de la era panista, con los alcaldes Eliseo Martínez y Luis Quiroz, el abogado y notario público leonés Luis Mariano Hernández Aguado inició una próspera carrera como desarrollador inmobiliario a través de la empresa Mahersa, de su propiedad.

Mientras eso ocurría, su despacho jurídico también crecía, convirtiéndose en una de sus socias de mayor confianza la abogada Rosa María Medina, quien se había desempeñado como juez civil en la década de los ochenta y tuvo un fugaz paso como directora jurídica de la presidencia municipal de León en el primer gobierno panista encabezado por Carlos Medina Plascencia.

En ese mismo despacho realizó sus prácticas como pasante de abogacía y tuvo algunas de sus primeras responsabilidades profesionales el joven militante panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, incluso antes de ocupar su primer cargo público como regidor del ayuntamiento en el año 2006.

La cercanía de la nueva presidenta del Poder Judicial con el gobernador del Estado, al que acompañará en la recta final de su administración, podría interpretarse como la consolidación de un nuevo grupo hegemónico al interior del panismo que domina la política de Guanajuato desde hace treinta años.

Sin embargo, hay matices que deben tomarse en cuenta antes de hacer esa afirmación. Si la designación de la abogada Medina como magistrada primero y después como titular del Supremo Tribunal de Justicia fue impulsada por el empresario y notario Luis Mariano Hernández, el proyecto al que se estaría fortaleciendo probablemente no sea uno de corte político, sino económico.

En la segunda parte del sexenio, etapa que se inició en septiembre del año pasado, el tema central al que se enfrenta el grupo gobernante es el de la sucesión, por primera vez amenazada por una circunstancia de orden nacional que ningún gobierno panista había vivido en las pasadas 3 décadas.

Tras dos escarceos en los comicios estatales de 2018 y 2021, con la presencia del ex panista Ricardo Sheffield como punta de lanza para abrir la fortaleza panista de Guanajuato, en 2024 podría darse la madre de todas las batallas por la perla conservadora de Guanajuato entre el morenismo y el panismo, donde ningún escenario es descartable, sobre todo a causa de la polarización al alza.

Queda claro que los partidos que se oponen al PAN en Guanajuato carecen de cuadros historicos que pudieran plantear una seria competencia: PRI, PRD, PVEM se han venido diluyendo sobre todo a causa de las complicidades bajo la mesa que han establecido con el grupo gobernante.

Morena, radicalizado pero poco eficaz hasta ahora, también carece de cuadros propios con el suficiente conocimiento y arrastre popular, por lo que seguirán dependiendo de las defecciones de panistas inconformes, las que ya se dieron y las que podrían darse.

Por eso es relevante la dinámica que se ha generado entre quien formalmente se asume como la actual cabeza del panismo, por una parte; y quienes insisten en conservar poder y regatearle a Sinhue el control total de las corrientes políticas en Guanajuato, léase Miguel Márquez, por la otra.

Si el movimiento en el Poder Judicial se correspondiese a un diseño institucional para fortalecer al grupo del gobernador, cuyo principal operador es Juan Carlos Alcántara, podría entenderse que se están cerrando filas de cara a la asignatura más delicada de un líder político: la transición no traumática del poder.

Sin embargo, si en la determinación de hacer titular de un Poder a quien fuera mentora del gobernador en el inicio de su carrera influyen más los intereses de Hernández Aguado, un factor de poder cada vez más influyente, que las necesidades políticas de Diego Sinhue probablemente nos encontramos ante otro signo de la renuncia del mandatario a ejercer el poder.

Ya no parece muy atractivo discutir la gran simulación que significa que un poder autónomo sea manejado al contentillo del Poder Ejecutivo, lo mismo que ocurre con el Congreso, pues esa anomalía democrática está plenamente normalizada y a nadie parece escandalizar, lo que por cierto habla del deterioro ético en el que vive el panismo gobernante.

Sin embargo, incluso adscribiéndonos a los usos y costumbres de la devaluada “real politik”, el hecho de que una posición tan importante como la cabeza de la administración de la justicia sirva para consolidar un pequeño imperio de influyentismo y no para fortalecer al gobernador que sigue viendo cuestionada su autonomía, constituye un síntoma que mucho debería preocupar a los factores de poder del panismo profundo.

Un gobernador que ni siquiera controla políticamente al aparato de gobierno, totalmente penetrado por los emisarios del ex gobernador, y que se encuentra cercado por factores de influencia que anteponen proyectos económicos, no parece el mejor conductor del proceso sucesorio que se avecina.

Si además coincidimos en que la mayor amenaza electoral que enfrenta el PAN provendrá de sus fracturas internas, el manejo desequilibrado de la sucesión o una pugna mal resuelta entre grupos de poder, aumentaría el riesgo.

Las pesadillas del mañana se construyen con las decisiones de hoy. La “solución” en el Poder Judicial más que una decisión es un síntoma.

2.- La cuarta ola Covid o la irresponsabilidad

El aumento de contagios de Covid-19 empezó a registrarse con el inicio del año, rápidamente pasamos de máximos de 300 diarios a cifras de entre 500 y 700 contagios cada 24 horas durante la primera semana de enero.

El mundo entero ha entrado en una cuarta ola de Covid provocada por la variante Omicron, de la que se destaca su alta capacidad de transmisión sin que quede clara aún su peligrosidad para la salud humana.

Como además ha quedado claro que incluso las personas inmunizadas, bien por haber padecido la enfermedad, bien por la vacunación, son susceptibles de contraer de nueov el padecimiento, no queda de otra que extremar las precauciones que han confirmado su eficacia: distancia social, cubrebocas, medidas higiénicas.

Sin embargo, parece ser que las autoridades del estado y de la federación ya han dejado la totalidad de la responsabilidad en los ciudadanos, renunciando a medidas de política pública para frenar los contagios.

Se dice con gran facilidad: la gente está cansada del aislamiento y el encierro. Sin embargo, parece que los más cansados son los responsables de la salud pública, quienes no soportan el desgaste que les ha producido en sus planes y en su imagen la gestión de la mayor pandemia que haya vivido la humanidad.

En Guanajuato parece un absoluto contrasentido verificar las cifras de contagio mientras se escucha a las autoridades sanitarias, como el secretario de Salud Daniel Díaz Martínez, asegurar que se está en semáforo verde y que se realizarán actividades masivas como la Feria Estatal de León, suspendida el año pasado aunque reciclada con una feria de verano que igual produjo auge de contagios. El funcionario quien alienta ambiciones políticas ya no parece estar actuando exclusivamente como profesional de la salud.

Igualmente, el sector educativo estatal ya ha decidido un regreso a clases con mayor tiempo presencial, por lo menos así lo anunció el secretario de Educación Jorge Enrique Hernández Meza, quien aun no acaba de llenar la enorme responsabilidad que le encomendó Diego Sinhue Rodríguez después de dos sexenios y medio de repartir becas y financiamientos educativos.

Con ese panorama nos vamos a enfrentar a los desconocidos efectos de la variante Omicron. Hay que recordar además que la Feria de León es el tipo de evento que atrae visitantes de casi todo el país y de los Estados Unidos, circunstancia que puede agravar la proliferación del virus.

Ante ello no se escucha la voz del gobernador, tampoco la de los legisladores.

Ya se han detectado casos de contagios masivos en dependencias municipales de Silao y San Miguel de Allende, pero nada de eso parece hacer recapacitar a quienes tienen en sus manos la toma de decisiones para cuidar a la sociedad.

Parece que lo políticos quieren que nos cuidemos solos porque ellos ya se cansaron de tomar decisiones que no se prestan para el aplauso.

La pregunta es ¿y entonces cómo van a desquitar sus fabulosos sueldos, si no es haciéndose cargo de la responsabilidad colectiva que les fue encomendada?

3.- Sosa, el vendedor del kínder, cobijado por Mauricio Usabiaga

La contraloría de León se encuentra investigando los procedimientos que condujeron a la venta irregular de un predio educativo a un particular cercano al gobernador del estado, proceso que fue conducido, supervisado y culminado por el ex tesorero de la pasada administración leonesa, Enrique Rodrigo Sosa Campos.

Al menos eso es lo que han dicho tanto la alcaldesa Alejandra Gutiérrez como el síndico José Arturo Sánchez Castellanos. Hay que recordar que la venta tiene varias aristas de ilegalidad: el tesorero Sosa ocultó a la SEG la intención de vender el predio cuando solicitó su devolución; el tesorero Sosa engañó a los integrantes de la Comisión de Adquisiciones cuando hizo pasar el predio recortado al kínder como “un baldío” para integrarlo a una subasta; finalmente, mediante el mecanismo de la subasta, el tesorero Sosa remató el predio a un valor varias veces inferior al precio comercial de la zona al único postor. el prestanombres del empresario Gabriel Padilla Cordero.

La ilegalidad de la operación fue tan evidente que no hubo manera de sostenerla y con la llegada de la nueva administración y la exposición pública del caso, el beneficiario no tuvo más remedio que regresar el predio a la propiedad municipal para que fuera reintegrada al kínder.

Aunque la reparación del daño es importante, no debería borrar las responsabilidades del funcionario público que pasó por encima de normas y mintió flagrantemente a sus superiores y a otras dependencias para otorgar un beneficio indebido. Enrique Sosa debería ser sancionado, al menos, con una inhabilitación temporal.

Debe recordarse que es el mismo funcionario que autorizó el millonario descuento al impuesto predial del Club Campestre bajo la figura de un subsidio agrícola.

No sabemos si será así, pero por lo pronto el funcionario ya goza de la protección del gobierno estatal a través de la secretaría de Desarrollo Económico, a cargo de Mauricio Usabiaga Diaz Barriga. Sosa ocupa desde diciembre la dirección de Prospectiva Laboral en el área del subsecretario Ramón Alfaro, quien siempre ha estado identificado con Héctor López Santillana.

Hay quienes leen este nombramiento y el de Gonzalo León, ex secretario particular de López Santillana, en la dirección de normalización y Certificación de la propia SDES como la preparación para el posterior aterrizaje del exalcalde a la dependencia que manejó por una década.

También puede ser, simplemente, el pago de favores y la portección para no dejar cabos sueltos desde el más alto nivel del gobierno a quien solamente cumplía órdenes.

En cualquier caso, es una ominosa evidencia de que en el panismo gobernante de hoy la corrupción no solo no se persigue, sino que se premia.