En materia de combate al crimen, el gobierno estatal saliente parece solo querer patear el bote; en cambio, la concesión multimillonaria a Grupo México si merece toda su atención y cabildeo.

Llama la atención la voluntariosa actitud de Miguel Márquez para lanzar un proyecto como el de la concesión de un libramiento carretero de 17 kilómetros con el inconcebible costo de dos mil millones de pesos, otorgado a Grupo México justo en los últimos seis meses de su gobierno.

Contrasta, sin duda, con la ausencia absoluta de decisión para operar una estrategia de seguridad ante el asalto de bandas del crimen organizado a los más importantes municipios de Guanajuato.

Estos días se ha conocido la decisión del municipio de Irapuato para instruir a sus policías para que se retiren del combate frontal a las bandas del crimen organizado, tras los ataques sufridos y las bajas de elementos de esa corporación.

En lugar de pensar una mejor forma de enfrentar la nueva situación de riesgo, en lugar de extremar las gestiones para coordinar fuerzas, se opta oficialmente por una posición de brazos caídos.

No es la única mala noticia en el horizonte. Aunque hace mucho tiempo la Procuraduría de Justicia del Estado de Carlos Zamarripa está convertido en un agujero negro de donde difícilmente sale otra información diferente a la que conviene a su titular, esta semana se ha conocido la instrucción desde el más alto nivel para que los agentes de la policía ministerial se retiren de los temas vinculados al robo de combustible.

La presión al interior de las corporaciones está al rojo vivo, ante la situación de desamparo en la que se sienten ante el mayor poder de fuego y el factor sorpresa de parte de las bandas criminales, pero también a causa de la nula capacidad para reaccionar con inteligencia táctica de parte de los estrategas gubernamentales.

Ya se vio en el caso de las Fuerzas de Seguridad del Estado, donde las muestras de inconformidad fueron acalladas con medidas disciplinarias y despidos, pero las inquietudes que las propiciaron no recibieron atención.

Así, la promesa de que la llegada de las fuerzas federales, traídas a costo del estado y los municipios, no solo no ha redundado en una mejor organización frente a la amenaza del crimen, sino que la situación empeora al darse una resistencia de los mandos de  las policías estatales y municipales a incorporarse a un nuevo esquema táctico.

¿Para qué traer al ejército si no hay un plan de cómo sumarse, coordinarse y evitar la duplicación de esfuerzos o la posibilidad de, como vulgarmente se dice, hacerse bolas?

En todo esto, se nota la ausencia de una cabeza, de un mando ejecutivo máximo que ponga a trabajar y a coordinarse a los diferentes responsables de la política de seguridad. El gobernador Márquez tuvo el poder de traer a la brigada militar al “convencer” (un poco o un mucho a fuerza) a los municipios para aportar recursos y cubrir el costo de esa movilización que no es gratuita.

Sin embargo, ahí parece terminar la intervención política. Después de eso, no ha pasado nada en términos de un trabajo de coordinación que se refleje en mayor presencia de las fuerzas de seguridad, de recuperación de la certeza y la tranquilidad de la población y de freno al alza de los delitos cometidos.

En cambio, en el tema de la concesión multimillonaria, se nota un mando centralizado y una decisión férrea. La Secretaría de Obra Pública, la de Transparencia, la de Finanzas, la de Gobierno el Iplaneg y la vocería del gobierno actuaron en una operación concertada y a velocidad exprés para cumplir con la encomienda del gobernador.

Una vez que ocurrió, se publicó un jueves santo, tratando de evitar el ruido, lo que no lograron al darse cuenta empresas que están atentas a los temas relacionadas con obra pública, se estableció un control de daños, ofreciendo explicaciones al por mayor y entrevistas a medios que se prestaron como escaparate sin mayores cuestionamientos.

Si con una decisión similar, con una organización equivalente, se estuviera enfrentando el problema de seguridad, en el que hay mucha más gente interesada y comprometida, como ocurre con las organizaciones de la sociedad civil tanto de tipo empresarial como ciudadano, otra cosa estaría ocurriendo y otros resultados estaríamos viendo.

Sin embargo, parece que esa no es la idea. En materia de seguridad, el gobernador Márquez parece solo querer patear el bote y, si puede, heredarle al próximo gobierno a su procurador.

Sin embargo, en materia de contratos y concesiones, el mandatario quiere dejar todo perfectamente hilvanado, para lo cual ahora ya se mueve el domesticado Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, desde el cual parece tirarse línea a la presidenta y responsable del Comité de Participación Ciudadana, Arminda Balbuena, para operar un control de daños.

Así viene la recomendación de solicitar una observación externa al proceso de asignación de la concesión y su encaminamiento a que sea una OSC o “una universidad”, algo que lleva dedicatoria innegable al alma mater de Balbuena e institución proponente de su candidatura al CPC: la Universidad de Guanajuato.

¿Se trata de “un dando y dando”? Sería terrible que la naciente participación ciudadana oficializada en el primer órgano transversal para el combate a la corrupción se prestara a este tipo de juegos. Pero pasa.