Los dos Guanajuatos chocan cada vez más: el que ven los funcionarios parece un simple botín político; el que sufren los ciudadanos se complica y preocupa crecientemente.

Este primer fin de semana de abril se desataron los demonios. Frente al promedio de un asesinado a diario en enero en León, ligeramente incrementado en febrero, tuvimos siete muertos en hechos violentos en 48 horas. La cifra del estado ronda los 20 homicidios dolosos entre sábado y domingo.

Es imposible dejar de pensar que algo muy profundo está ocurriendo en las entrañas del fenómeno delictivo tal y como lo hemos conocido en Guanajuato.

Al auge de la desigualdad y la marginación, que prosigue imperturbable pese a que Guanajuato presume de un crecimiento económico de tigre asiático, que impacta directamente en la criminalidad común, también las redes del crimen organizado y violento están sufriendo una sacudida.

En los últimos años Guanajuato ha invertido fuertemente en el área de seguridad. Se nos ha dicho que las tareas de inteligencia están cubiertas, que hay un tratamiento científico en la persecución del delito y que ojos electrónicos vigilan buena parte de las zonas urbanas y las carreteras de la entidad.

Pese a eso, los grandes jefes policiacos de Guanajuato, que hoy además actúan no solo coordinadamente sino bajo el mismo esquema táctico, parecen impotentes frente a una ola de violencia cuyos autores ya no tienen recato alguno para exhibir su poderío y su impunidad sin importar horarios ni lugares.

¿Debemos callar? ¿Debemos aguantar en silencio el avance de las hordas criminales y la ineficacia de cuerpos policiacos que han recibido cantidades ingentes de dinero y que aseguran requerir más, pese a su probada falta de resultados?

¿Dónde están los políticos que recibieron el voto ciudadano, que ofrecieron hacerse cargo de los problemas y que hoy huyen alegremente de la responsabilidad de tomar decisiones, limitándose, simplemente, a dejar que pase el tiempo y vengan otros a hacerse cargo de la tarea?

Este domingo, mientras casi una veintena de crímenes violentos asolaban el corredor industrial de Guanajuato y sus zonas aledañas, el gobernador Miguel Márquez disfrutaba de una charreada en Salamanca y tuiteaba sobre ese deporte como patrimonio cultural de Guanajuato.

Y no es que queramos que el gobernador no se tome sus ratos de asueto, a la par que apoya actividades de esparcimiento, pero sí sería deseable que una situación como la vivida en estos días fuera abordada con seriedad y preocupación por el máximo responsable político de la entidad y sus colaboradores en el área de la seguridad, además de que se emitieran comunicaciones a la población que la tomen en cuenta como la sociedad adulta que es.

Estamos lejos de ello. El ánimo parece ser de evasión y de contención del desgaste personal. Quizás lo más que escucharemos en estos días serán los típicos intercambios de acusaciones entre los niveles de gobierno.

Y mientras los ciudadanos viven esta angustia, los políticos están absolutamente quitados de la pena. En León el alcalde Héctor López Santillana presume 400 obras que están por verse en su realización y en su verdadera trascendencia, pues parece haber más cuentas de vidrio que metal sólido.

Eso sí, su ayuntamiento autoriza un incremento salarial al DIF disfrazado de reestructura, que se justifica en el bajo salario de los médicos y sicólogos, pero que empieza por un alza del 50 por ciento a la directora, Alma Cristina Rodríguez, cuya mayor virtud es ser hermana del visible precandidato a la gubernatura.

A nivel estatal, Fernando Torres Graciano, Humberto Andrade, Diego Sinhue Rodríguez y Éctor Jaime Ramírez Barba, juegan al viejo pasatiempo de mostrar quien tiene más burócratas de su lado, sin darse cuenta de que el PAN hace mucho que dejó de ser un partido al servicio de la sociedad y hoy es una élite tan corrupta como la priista.

Su tragedia es que no tienen oposición y entonces pueden permitirse toda la mediocridad el mundo. Creen que la verdadera elección es la interna y esa lógica, más pronto que tarde, les deparará una sorpresa.

Así es como se han generado los dos Guanajuatos que tan bien definió Álvar Cabeza de Vaca: el que ven los ciudadanos con creciente preocupación y el que simplemente resulta el botín de políticos con mas ambiciones que ideas.

¿Cuánto podrá sobrevivir esa dicotomía? Lo sabremos muy pronto.

Botepronto

Medio centenar de periodistas de los más diversos medios de Guanajuato, así como corresponsales nacionales, se manifestaron este domingo en el centro de la capital en protesta por los asesinatos de comunicadores a nivel nacional, agudizados en las pasadas semanas.

Desde el atentado contra Karla Silva, reportera de el Heraldo de León en Silao, del que está imputado un exalcalde priista actualmente en prisión, la comunicación, la solidaridad y un sentido de identidad gremial se ha acrecentado al interior de una comunidad tradicionalmente disgregada.

Son buenas noticias. Más allá de perspectivas editoriales, de pertenencia coyuntural a empresas, de filiaciones políticas o doctrinales, los periodistas de Guanajuato hacen sentir que tienen derechos en los que no están dispuestos a ceder. El más básico de todos: no ser importunados y mucho menos agredidos por aquello que publican.

El caso actual del reportero de A. M. Gilberto Navarro, arrollado en su moto por un vehículo conducido por un empleado del municipio de Guanajuato, exhibido por ese comunicador en un acto de prepotencia días antes, se inscribe en la misma lógica: rechazo a la agresión física a un periodista por aquello que publica.

No hay nada más que eso, aunque la familia del agresor, Jorge Alberto Rodríguez Rocha, quiera hacer pasar la reacción del gremio por hostilidad contra un medio de comunicación que manejan. Nadie quiere afectar a la emisora capitalina TV Guanajuato, pero tampoco que esa filiación provoque la impunidad de un acto presuntamente doloso que conlleva responsabilidades por lo pronto civiles.

Al final del día, los periodistas que piden esclarecimiento y acción expedita de la justicia no quieren orientar ninguna decisión, sino simplemente evitar omisiones.

En el fondo, sigue haciendo falta legislar sobre los delitos específicos en contra de la libertad de expresión, un ámbito en el que Guanajuato no ha seguido la tendencia nacional. Una agresión que busca silenciar a un periodista no es precisamente un delito del fueron común, tal y como lo reconocen legislaciones y tratados internacionales que México ha suscrito.

Esperemos que a ese círculo si le encuentre cuadratura el coordinador de los diputados panistas y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso.