La semana pasada un grupo de directores de medios de comunicación fuimos invitados a una reunión del grupo de coordinación en materia de seguridad pública en el estado. El objetivo, explícito, era dar la certeza de que se está trabajando desde distintos órdenes de gobierno, con plena colaboración.

Ciertamente, la presencia de las más altas autoridades del Estado y de las agencias federales que actúan en la entidad, y la interacción que allí se mostró, dejaron en claro que hay una permanente comunicación e intercambio de información entre el gobierno federal y el estatal.

Sin embargo, me llamaron la atención varias cosas. Una de ellas, la ausencia de los responsables de los principales municipios del estado, lugares donde se están disparando las estadísticas delictivas y donde los trabajos de coordinación y comunicación, sobre todo en los hechos, no parecen tan fluidos como los que se vieron entre los gobiernos de Miguel Márquez y de Enrique Peña Nieto.

Si bien ya hay un mando único de facto, vía convenios entre el gobierno estatal y varios municipios de las franjas sur y norte del estado, eso no ocurre en los principales municipios de la entidad.

León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao y Guanajuato concentran el grueso de los delitos que se registran en la entidad. Sus liderazgos políticos y sus jefaturas policiacas, por diversas causas, no parecen tan interesadas en intercambiar información y propiciar mejores esquemas de coordinación.

León, por ejemplo, pidió una intervención directa del Ejército a través de la Décimo Sexta Zona Militar, ante el auge de crímenes violentos de las últimas semanas, la cual fue otorgada.

La presencia de elementos militares en esa ciudad ha aumentado y, contrario a la tendencia nacional, los soldados se hacen cargo de tareas policiales en León, con todos los riesgos que ello conlleva, aceptando además suplir deficiencias de la policía local.

De manera que la coordinación entre las fuerzas federales y las estatales tiene sus zonas oscuras, pues hubiera sido más viable que una intervención paliativa en León se diera de manera coordinada y no unilateral.

Esta participación ocurrió merced a la buena comunicación entre la alcaldesa priista de León, Barbara Botello, y los mandos militares en la entidad. Sin embargo, lo que se nota es la falta de un protocolo estricto y la existencia de decisiones más bien discrecionales. O, acaso, ¿cualquier alcalde del estado puede contar con el mismo apoyo solo con pedirlo?

La logística, sin embargo, no es lo único que preocupa. También inquieta un discurso que no parece aislado entre algunos de los altos responsables de la seguridad en el estado, sobre las presuntas “inconveniencias” que significan las políticas de respeto a los derechos humanos para una eficaz tarea de combate a la inseguridad.

Se trata de una visión anacrónica que, lamentablemente, también tiene eco en la sociedad y según la cual las corporaciones de seguridad deben de tener “manga ancha” para sus tareas.

Se parte de un maniqueísmo según el cual hay “buenos” y “malos” que se enfrentan en una lucha sin cuartel, sin darse cuenta de que algo de lo que se ha borrado en México, a raíz de los acontecimientos más recientes, es precisamente esa línea divisoria no entre buenos y malos, sino más secularmente entre agentes de la ley y presuntos delincuentes.

Es, además, profundamente preocupante la repetición del mantra, tan caro a la administración de Miguel Márquez, sobre “la crisis de valores” que se vive en la sociedad y que estaría originando nuestros principales males hoy en día.

Lo que no se dice es que los valores, a diferencia de lo que postulan las campañas gubernamentales, ni son únicos ni son unánimemente compartidos. La intención de tal postura es la de evitar el diálogo e imponer una sola visión de la realidad.

Además, el hecho de centrar el punto de vista sobre la inexistencia de un “respeto a los valores” en los jóvenes, aumenta la preocupación pues esa concepción está en la raíz de actitudes políticas cada vez más presentes, que tienden a criminalizar a las nuevas generaciones.

Hoy en día, la seguridad pública constituye una tarea del Estado cuya eficacia depende del establecimiento de políticas que le permitan a la sociedad participar y también evaluar. Hace mucho tiempo que dejó de ser funcional el estado paternalista que ofrecía a los ciudadanos tranquilidad a cambio de no inmiscuirse en sus decisiones ni ponerlas en tela de juicio.

Guanajuato vive un creciente deterioro de sus niveles de seguridad si se le compara con sus propios estándares del pasado reciente y no, cómo gustan de hacerlo los políticos en busca de estrellas en la frente, con estados en severa crisis como Tamaulipas, Michoacán o Guerrero.

Cuando los políticos nos quieren hacer creer que ha hecho las cosas bien solo porque estamos mejor que esas entidades, generan una profunda sospecha sobre su verdadero compromiso con el servicio a la sociedad. Más razonable, más decente, sería aceptar que se han equivocado por el hecho de que, en cada una de nuestras ciudades, estamos peor que hace unos años y unos meses.

¿O creen que no nos damos cuenta?