Las asignaciones presupuestales directas otorgadas por los coordinadores parlamentarios del Congreso de la Unión no constituyen un tema nuevo, tampoco son una práctica sana de planeación.
En realidad es la legalización de un embute o unto proveniente de la administración federal a los legisladores de los diferentes partidos para que no le pongan obstáculos a la aprobación del presupuesto federal.
En un presupuesto de 4.5 billones de pesos, los 17 mil millones de pesos que reparten los diputados en los fondos de pavimentación, de apoyo a las fronteras, de cultura y de infraestructura deportiva, apenas representan un 0.38 por ciento.
Sin embargo, esos 17 mil millones, que se agrupan dentro del ramo 23 de Fondos Regionales y que quedan al arbitrio de los coordinadores parlamentarios, resultan equivalentes a los 18 mil millones de pesos que ocupan los proyectos solicitados por los gobernadores, que tienen responsabilidades ejecutivas.
Los fondos para cumplir caprichos de los diputados son, además, superiores en 2.4 veces a los destinados a los municipios afectados por desastres naturales, que apenas llegan a los 7 mil millones de pesos. Y esto, en un país afectado por ciclones en ambos litorales, de complicada orografía y con vocación sísmica.
Sin embargo, hay cuestiones todavía más delicadas. Para cuadrar el presupuesto y que los requerimientos de los diputados para hacer su mini secretaría de obra pública no obliguen a un déficit fiscal, que este año representaba 12 mil millones de pesos entre la propuesta enviada por el Ejecutivo y la modificada por los legisladores, fue necesario hacer recortes.
Así, el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, la dependencia encargada de la lucha contra la pobreza y la emblemática cruzada contra el hambre, sufrió una disminución de 4 mil millones de pesos, mientras que al IFE se le redujeron 500 millones de pesos.
Toda esta arquitectura presupuestal, depurada por lo menos durante los últimos tres lustros, la cual le trajo una relativa estabilidad a la relación entre la Secretaría de Hacienda y un Congreso de la Unión en el que desde 1997 no se tienen mayorías absolutas, finalmente fue exhibida por los desplantes y la soberbia de un político al que conocemos bien en Guanajuato: Luis Alberto Villarreal García.
Quizá un político de talante florentino como el sonorense Manlio Fabio Beltrones no llegó a imaginar que la posibilidad de acuerdos expeditos que se abrió con el ex alcalde de San Miguel Allende pudiese representar el riesgo que finalmente llegó a ser.
Las rápidas votaciones de las reformas, los consensos sobre ruedas, todo lo que diferenció a la Cámara de Diputados del Senado, finalmente se encontraba respaldado no en coincidencias estratégicas y en negociaciones de alta diplomacia, sino simple y llanamente, en acuerdos monetarios.
Eso es lo que ya brincó y más allá de la negativa absoluta a clarificar el asunto y ni siquiera a investigarlo con una de las tradicionalmente ineficientes comisiones especiales del Congreso, lo que si ocurrirá es que la negociación del próximo presupuesto no podrá seguir los mismos cauces.
Por lo pronto, Luis Alberto Villarreal está convertido en un activo tóxico de la campaña de Gustavo Madero. Es su flanco más sensible y si, como se prevé, su triunfo finalmente ocurre con el apoyo de un gasto desorbitado proveniente de “los moches” en el Congreso, la necesidad de legitimación postelectoral puede pasar por la deposición de Villarreal para encontrar un coordinador parlamentario que goce de buena fama pública.
También es un socio envenenado, como ya se dio cuenta, para Manlio Fabio Beltrones y lo será para el resto de las fracciones parlamentarias involucradas en la permisiva costumbre no sólo de reasignar presupuestos, que eso case dentro de las atribuciones de ley, sino de definir su aplicación concreta bajo mecanismos discrecionales que exceden la normalidad republicana.
La ejecución de presupuestos debería ser una prerrogativa, precisamente, del Poder Ejecutivo. El manejo de un gasto de inversión por parte del Congreso no sólo representa un desorden en los mecanismos de planeación, sino que también resulta en una disolución de los límites claros entre Poderes y por ende, de la división entre ellos que sustenta el equilibrio republicano.
Parece todo un contrasentido que hayamos abandonado el presidencialismo despótico, que se sobreponía a la división de Poderes, solo para transitar, por obra y gracia de políticos venales, a un nuevo grado cero de la República pero ahora por razones de corrupción.
Finalmente, Villarreal está convertido en un político altamente contaminante para los ingenuos panistas guanajuatenses que se han acogido a su protección creyendo que con ello prosperarán en su carrera política.
Empresarios como Beatriz Yamamoto, Elizabeth Vargas y Juan Carlos Muñoz, que supuestamente ingresaban a la política sin ambiciones personales y con el proyecto de aportar su experiencia y visión, hoy se muestran como fieles acólitos de un político cuya escasa ética ha sido puesta en evidencia una y otra vez.
Ya les había pasado con Juan Manuel Oliva y hoy repiten la historia con Luis Alberto Villarreal, vaya forma de repetir patrones- Con el agravante de que ahora se suma la deslealtad y el oportunismo.
Vivimos un momento delicado, cuando los ciudadanos que no parecen tener necesidad de los cargos públicos para vivir, deciden empeñar su prestigio en causas de tan dudosa calidad moral. Ni duda cabe que la historia de los “moches” ha puesto muchas historias en blanco sobre negro. Y lo que falta.
