La alcaldesa de León no se ha dignado contestar la pregunta de Zona Franca sobre las razones para emplear a su prima Victoria Robledo Botello en el Imuvi de León; antes, cuando Robledo laboró en la Feria, todavía nos concedió el favor de su respuesta, aduciendo que ella nada tenía que ver ya que se trataba de una paramunicipal con un consejo autónomo.
De allí, la prima debió renunciar, al exhibirse que cobraba en el Congreso de Michoacán, con lo que incurría en la prohibición de ley de tener dos cargos públicos simultáneos.
Ahora, interrogada sobre su contratación en otra paramunicipal, la alcaldesa sólo ha respaldado la respuesta oficial del propio Imuvi que a la letra señala que Robledo Botello “cuenta con la experiencia y habilidades requeridas para las labores de Desarrollo de Personal”.
Queda la pregunta si también cuenta con el perfil ético para ese cargo, tomando en cuenta sus antecedentes referidos arriba.
Aunque, seguramente la razón más poderosa de que dispone no está nada oculta: la de tener una prima hermana que maneja la presidencia municipal como si fuera su coto personal, circunstancia ante la cual seguramente no le hubiera ganado ni un posgraduado en Harvard que compitiera por el puesto.
Sin embargo, lo relevante, más allá de la vocación por el patrimonialismo, vicio público consistente en utilizar los recursos púbicos como si fuesen de la propiedad de los funcionarios, es la proclividad de la alcaldesa por la mentira.
Y no ha pasado una, sino muchas veces.
Ya lo hizo cuando aseguró que Banobras sólo le otorgaba una tasa preferencial si se le autorizaba el préstamo completo que solicitó al Congreso, tema en el que la desmintió el propio director del banco, Alfredo del Mazo.
Lo volvió a hacer cuando aseguró que las obras para beneficiar al parque industrial de Oscar Flores no superaban los 50 millones de pesos, situación que ya rectificó su subdirector de Obra Pública, Misael Mexicano, cuando aclaró que tan sólo una calle, el bulevar Las Joyas, costará 200 millones de pesos, cuatro veces más que el cálculo de la alcaldesa para toda la infraestructura.
Mintió espectacularmente cuando afirmó que María Esther Santos de Anda, la presidenta del Comité Anticorrupción de León, no había viajado con ella a Las Vegas, justo después de que se exhibiera públicamente un documento oficial de la SCT conteniendo parte de la bitácora de vuelo, donde los dos únicos nombres que se hicieron públicos fueron, precisamente, los de Botello y Santos de Anda. Y, también, después de que la propia involucrada reconociera el viaje y lo justificara asegurando, como Bárbara, que lo pagó de su dinero.
Por cierto, ambas mienten en ese sentido, pues el jet privado de Arnulfo Padilla no tiene autorización para ser usado como taxi aéreo, por lo que no pudieron haber pagado el viaje con sus recursos, de ser así, pondrían en un serio predicamento al empresario leonés.
¿Tiene relevancia que un funcionario público mienta? La respuesta es sí. Un líder comunitario que miente, en lo más o en lo menos, no es confiable para su comunidad y tendría que recibir una sanción, mínimamente política y moral. ¿Cómo puede un munícipe llamar a la participación, pedir comprensión y apoyo, convocar a esfuerzos conjuntos, si no dice la verdad todo el tiempo?
En México eso difícilmente ocurre. Las mentiras de político son el pan de cada día y nos hemos acostumbrado a pensar, como decía el gran Juan Ibáñez, que todo lo que dice un hombre público debe ser interpretado exactamente al revés.
En ese sentido ya somos, como se lamentaba el gran mentiroso público que fue el presidente José López Portillo, un país de cínicos.
Sin embargo, lo menos que puede y debe hacerse es dejar constancia de que las mentiras, sean simples o complejas, inocentes o perversas, maquinadas o improvisadas, sencillamente ya no engañan a nadie.
