El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, hizo desde su campaña el mayor de los énfasis en la necesidad de una mayor participación social en las decisiones de gobierno. Después del susto electoral, donde el PAN vio acercarse peligrosamente al PRI y arrebatarle posiciones clave, la convicción se afianzó aún más.
Márquez parece convencido de que su antecesor, Juan Manuel Oliva, se alejó de la esencia ciudadana del PAN y dejó de tomar en cuenta la opinión de los sectores sociales organizados.
Esa circunstancia abonada por una percepción creciente de corrupción en el gobierno olivista, fue lo que pareció amenazar la hegemonía panista en Guanajuato, de acuerdo a lo que interpreta el nuevo mandatario.
Por eso, se ha dado a la tarea de planear e iniciar una intensa incorporación social a las decisiones del gobierno e, incluso, a sus procesos. Márquez le ha encargado a la nueva Secretaría de la Transparencia la integración de consejos ciudadanos para todas las dependencias.
Recientemente, por ejemplo, 220 personas sin ninguna relación con el gobierno, protestaron como integrantes de 19 consejos tan sólo en el eje de gobierno que se ha denominado economía para las personas y cuyo núcleo lo ocupa la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.
Ante esto, emergen dos preguntas. En primer lugar: ¿se trata en realidad de una estrategia novedosa de gobierno? Y, segundo: ¿la participación de particulares puede mejorar y transparentar el proceso de decidir y ejecutar políticas públicas?
Con un poco de ayuda de memoria podemos saber que la movilización de sectores sociales a lo largo y ancho del estado fue una estrategia que utilizó con gran éxito en su momento el gobernador priista de los años setenta del siglo pasado Luis Humberto Ducoing Gamba, quien escogió la modalidad de patronatos privados para impulsar proyectos de desarrollo regional.
Ducoing convalidó su gobierno y le dio un aire de renovación, sin embargo, ello no impidió que la historia juzgara su gestión como una de las más corruptas de la historia de Guanajuato. Su sucesor, el priista venido de la ciudad de México Enrique Velasco Ibarra, incluso persiguió penalmente a funcionarios de la administración ducoinista.
La participación de los patronatos no impidió el típico trafico de influencias y los negocios en la asignación de obra pública.
Sin embargo, también hay ejemplos entre los panistas y quizá el más cercano es el propio Juan Manuel Oliva, de quien hoy Márquez trata afanosamente de distanciarse.
Allí está, para ejemplo, el Instituto de Planeación del estado, el Iplaneg, que se conformó mediante un pesado consejo empresarial que contó con la presencia de algunos de los principales inversionistas de Guanajuato y que sólo fue utilizado como un costoso adorno.
En otro terreno, más acotado, el Forum Cultural Guanajuato, la más importante inversión en infraestructura cultural de la historia moderna de la entidad, fue sustraído a la burocracia cultural tradicional para entregarla a otro consejo, este de carácter directivo, donde ocupó un lugar preponderante el empresario del calzado Roberto Plascencia Saldaña.
La presencia de este consejo no ha logrado la deseada ciudadanización y a menudo la presencia de los consejeros y la ausencia del gobierno ha envuelto a muchas de las decisiones en materia cultural en prejuicios que nada tienen que ver con una difusión moderna de la cultura.
Por si algo faltara, la participación de muchos de estos ciudadanos ha redundado en negocios personales y tráfico de influencias de algunos de ellos, como lo fue el caso de Juan Antonio García, vocal ejecutivo del consejo del Forum y colocador de las polémicas inversiones del ISSEG en fondos de alto riesgo en el mercado europeo.
Un fracaso más del concentrado núcleo de empresarios a los que Oliva les otorgó representación de los guanajuatenses, se presenta en el parque Xonotli, el proyecto para lavar la cara del desastroso intento de atraer una nueva refinería a Guanajuato.
El altísimo costo tanto financiero como político, de la frustrada planta de Pémex, ha dado lugar a un proyecto agrotecnológico que hasta ahora no muestra avances y que está gravemente cuestionado por un funcionario del nuevo gobierno que sí sabe del tema: el responsable de Desarrollo Agropecuario, Javier Usabiaga.
La participación ciudadana, utilizada como coartada por parte de los políticos, no parece haber producido beneficios ni a sus propios patrocinadores, ni a la sociedad en su conjunto.
Por ello hace falta que en el nuevo intento, que protagoniza esta vez un político cuyo principal capital parecen ser sus buenas intenciones, las fórmulas no se agoten en el aspecto cosmético ni en la simple propaganda, sino que de verdad se construyan mecanismos donde la opinión de la sociedad, y no sólo la de los coyunturales representantes que eligen los burócratas, quede reflejada en el actuar del gobierno.
Si la idea que tiene Miguel Márquez no se traduce en nuevas vías para una consulta dinámica y productiva de la sociedad, la nueva intentona no pasará de ser una puesta en escena que le traerá resultados absolutamente contraproducentes a su administración y otro descalabro más a la intención de modernizar las relaciones entre sociedad y gobierno.
@Arnoldo60
