Este domingo, al suscribir el código de ética del PAN, otra iniciativa para tratar de paliar los escándalos de la pasada administración estatal, el gobernador electo Miguel Márquez Márquez, aseguró que la ética será la base predominante de su administración. Llegó a afirmar: “la política es ética”.
La insistencia en este discurso, que se traduce ya en acciones directas como los despidos de funcionarios altos y medios del gobierno estatal saliente, marcados por señalamientos de la secretaría de la Gestión Pública o del órgano superior de fiscalización, parece surgir más de un sentido de culpabilidad que de un programa de acción.
En realidad no se sabe bien a bien, por más que se hagan encuestas, análisis e introspecciones, si cierto voto de rechazo recibido por el PAN en la elección pasada se debió a los escándalos de corrupción del régimen encabezado por Juan Manuel Oliva, muchos de ellos más mediáticos que reales.
Debe recordarse que el contexto de los comicios del 2012 estuvo marcado por otras dos variables: el operativo mediático-financiero en torno a la candidatura del priista Enrique Peña Nieto, primero; y el hartazgo nacional por la ola de violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico, identificada como una iniciativa del panista Felipe Calderón, después.
Al hacer de la estrategia de “renovación moral” del panismo su principal eje de gobierno, Miguel Márquez está asumiendo la responsabilidad por los pecados del régimen del que formó parte. Es allí donde se encuentra la sensación de culpabilidad que se desprende de este discurso.
El próximo gobernador formó parte del gobierno que ha sufrido la mayor cantidad de cuestionamientos por cuestiones de transparencia. Pero no lo hizo de cualquier manera, sino de una que lo involucra directamente: fue el responsable de la vigilancia del manejo administrativo y legal del gobierno, como titular de la Secretaría de la Gestión Pública, durante la mitad del periodo.
Más aún, la fuerza política que Oliva ejerció al interior del gobierno y del PAN, inapelable en la primera parte de su administración y que no puede separarse de su manejo patriarcal y corporativo del poder, fue precisamente lo que lo puso en posibilidades de designar a Márquez como su sucesor y construir su candidatura paso a paso.
Por todo ello, el discurso marquista tiene toda la pátina de ser una rebelión contra la paternidad política de Oliva y su forma de ejercer el poder, de administrar el gobierno y de controlar al partido.
Si está línea de conducta se aplicara con plena congruencia, Márquez no sólo estaría comprometido a vigilar de cerca el comportamiento de sus funcionarios, sino también a separar plenamente las acciones de gobierno del control del partido y, más aún, a cesar la colaboración entre su gobierno y el PAN a nivel nacional.
El próximo gobernador de Guanajuato, de acuerdo a este esquema, se limitará a ser para su partido “un buen ejemplo”, pero no un operador político.
Hay que recordar que buena parte de los problemas de dinero fuera de control que afectaron la gestión de Juan Manuel Oliva, derivaron de su descarado activismo a favor de candidatos panistas o aliados al PAN en comicios como los de Tlaxcala, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Nayarit y Michoacán.
Esa circunstancia provocó la intensificación del expolio a empresarios, sobre todo en el sector de la construcción, con pretextos partidistas. Sin embargo, es también la causa de que el gobernador con licencia sea considerado un consumado operador político y en ese carácter opere ahora en el PAN nacional.
La decisión de Márquez de hacer un gobierno transparente, honesto y alejado del activismo político, sin duda tendrá trascendencia en todos los sentidos. Uno de ellos será, seguramente, el debilitamiento de las estructuras panistas en el estado y el aislamiento de su régimen de un PAN nacional metido al trance de su reconstrucción.
Paradójicamente, esta decisión del próximo mandatario de Guanajuato ocurre justo cuando sus adversarios priistas han reeditado sus viejas formas de hacer política en base a recursos económicos de origen desconocido, como nunca se había visto en la historia moderna del país.
Así, mientras Márquez cierra la llave de la interacción gobierno – partido en el PAN, en contrapartida el PRI de Guanajuato puede empezar a vivir momentos estelares con apoyos provenientes del centro del país o de gobiernos de otros estados.
En la ecuación entre ética y política, habría que recordar los planteamientos del viejo Max Weber, quien asignaba a la política un “ética de la eficacia”. Un Estado que debe preservar a viabilidad de una comunidad, no puede estar atado a los conceptos que obligan a los individuos o por lo menos no de la misma manera.
Esta es la paradoja que vivirá Miguel Márquez desde el arranque de su administración: si aplica con plena congruencia los lineamientos del discurso con el que ha pretendido distinguirse del régimen del que emanó, atándose a la vez de manos para ejercer un mandato coordinado entre su gobierno y su partido, no podrá posicionarse como el nuevo factótum político del panismo de Guanajuato.
Si Márquez se limita a tratar de hacer un gobierno decente y renuncia a gobernar a su partido, abrirá huecos que aprovecharán otros políticos: Fernando Torres Graciano, el propio Juan Manuel Oliva o Luis Alberto Villarreal. En ese caso, más pronto que tarde veremos a un gobernador débil, lo que limitará su eficacia.
Otro aspecto delicado de esta apuesta ética a ultranza como línea fundamental de su propuesta, se encuentra en el hecho de que desde el Ejecutivo difícilmente podrá gobernar el comportamiento de sus alcaldes y regidores, protegidos por la autonomía municipal, pero en cambio sus desmanes si pueden contribuir a abollar el discurso de la honestidad.
Finalmente, si Miguel Márquez logra imponer un sentido ético al gobierno, pero ello no trasciende a realizaciones materiales importantes, obra pública transformadora y gestiones que mejoren la calidad de vida de sus gobernados, igual será insuficiente.
A final de cuentas, la apuesta de un gobierno debería ser por transformar la realidad que recibe, asumiendo la honestidad como lo que debería ser: una condición ineludible de la función pública garantizada por la ley y la voluntad política para aplicarla, más no una finalidad en sí misma.
Twitter: Arnoldo60