Si hay personajes preocupados por la crisis de gobernabilidad en la que se encuentra sumida la otrora llamada Puerta de Oro del Bajío, son los altos dirigentes del PAN en el estado, quienes ven, encuestas de por medio, como crece el riesgo de perder este municipio a manos de la oposición en las próximas elecciones.
Desde luego, aunque la preocupación alcanza a todos los mandos panistas en el estado, en lo que no parecen estar de acuerdo es en la forma de enfrentar el problema y aquí es donde se complican las cosas.
Mientras el aspirante oficial a la gubernatura y actual puntero en las preferencias de la militancia panista, Miguel Márquez Márquez, ha iniciado un activismo para recabar el parecer de grupos de empresarios y de la sociedad civil, desde la oficina del gobernador lo que se alienta es la forma de rescatar a Rubí Laura López Silva, la actual alcaldesa, y el grupo que está atrás de ella.
Tarde o temprano, ambas posturas conducirán a un choque inevitable entre el gobernador Juan Manuel Oliva y quien hasta el día de hoy sigue siendo su delfín. Muchos piensan, sin embargo, que de la forma de resolver conflictos como este, se desprenderá la posibilidad de que Márquez crezca y defina su verdadera personalidad, aunque también lo contrario podría ser cierto.
En sus reuniones con las fuerzas vivas de Celaya, Márquez ha recogido la inquietud de que el PAN lance a un candidato municipal que pertenezca a la sociedad civil y se encuentre ajeno no sólo al grupo que ha ejercido el poder en Celaya por casi una década, sino en general de cualquier tinte partidista.
Así, ha crecido la idea de que ese candidato bien podría encarnarse en la persona del empresario Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, actualmente presidente del Consejo Coordinador Empresarial de esa localidad, el cual reúne grandes consensos sobre todo entre el sector productivo de Celaya.
Por lo pronto, se sabe que Miguel Márquez ha establecido compromisos públicos para poner todo el peso político a su alcance en una estrategia que coloque a su partido en Celaya al servicio de este proyecto. Naturalmente, para ello no ha consultado a los panistas celayenses, particularmente a los del núcleo duro del que han emergido los ex alcaldes José Rivera Carranza, Gerardo Hernández y Rubí Laura López Silva, esta última esposa del primero.
Lo que no se conoce por el momento es la actitud que podría asumir el gobernador Juan Manuel Oliva, quien tiene nexos profundos con este grupo al que propios y extraños identifican con el panismo más retrógrado, ligado al mítico Yunque. Rivera Carranza, por ejemplo, es funcionario de segundo nivel en la Secretaría de Finanzas.
El grupo, por cierto, ya ha definido candidato en la persona de Fernando Hurtado Cárdenas, un oscuro subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Económico a donde llegó al desaparecer el Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo, pero que también es el dirigente del PAN en Celaya.
La cercanía de Hurtado con Oliva se puede aquilatar si se trae a la memoria el papel que este celayense jugó en la precampaña de Juan Manuel Oliva, hace más de seis años, donde fungió como responsable de las redes olivistas con las que se logró penetrar el PAN y ganar la candidatura a principios del 2006.
La gran incógnita es si Oliva defenderá las ambiciones de Hurtado aunque ponga en riesgo la viabilidad del PAN en Celaya, donde los índices de aceptación del gobierno panista viven sus horas más bajas, o respalda la decisión que parece haber tomado ya Miguel Márquez.
Los que si parecen decididos son los ultras celayenses, si se toma como señal la abierta militancia del exalcalde Gerardo Hernández en el proyecto de su tocayo Gerardo Mosqueda, donde funge como uno de los coordinadores regionales.
Por lo que se aprecia, las fichas ya se repartieron y sólo falta saber como hace su juego cada uno de los involucrados en este dominó, del que solo habrá que esperar que no tenga un desenlace a la cubana.
Botepronto
Aunque se sometió a un tratamiento de gran rigor, el cual incluyó medidas quirúrgicas, la gran pérdida de peso que muestra el secretario de Desarrollo Agropecuario del gobierno de Juan Manuel Oliva, el agrónomo José María Anaya, no parece deberse sólo a eso.
En efecto, las preocupaciones están a la orden del día en la dependencia responsable de gestionar los apoyos estatales al campo. Por ejemplo, el caso de Iagrocen está congelado en la Procuraduría de Justicia del Estado, porque su eventual conclusión implicaría detener a altos funcionarios de la SDA; está por abrirse un nuevo fraude con el tema de Casa Noble, una empresa de la que la propia secretaría es accionista y, por si faltara, la sequía agudizará todas las contradicciones en el campo en pleno año electoral.
Chema Anaya es otro de los funcionarios que han sido señalados por la Secretaría de la Gestión Pública de Luis Ernesto Ayala y que sólo se han salvado de mayores cuitas por su adscripción a las aventuras políticas recientes del gobernador Juan Manuel Oliva, con una lealtad que en buena medida tiene su origen en el terror.
De cualquier manera, Anaya no parece estar haciendo mucho por tapar los agujeros, confiado en que sus servicios electorales le otorguen el perdón del próximo gobernador.
Aunque las dudas no se despejan: ya en la pasada elección, con todo y su danza de los millones, Chema no logró garantizar triunfos en municipios como Salvatierra, Villagrán, Juventino Rosas o Pueblo Nuevo. Habrá que ver si ya mejoró el estilo.