Probablemente, a juzgar por el escenario nacional y por las circunstancias locales, la próxima elección de gobernador vaya a ser la más competida de los últimos tres lustros, aunque quizá sólo se quede en eso.
Todo apunta a que la principal oposición guanajuatense, es decir el PRI, difícilmente podrá aprovechar ese momento político, principalmente a causa de sus propias decisiones.
En 2012, por primera vez en cuatro elecciones, iniciando con la extraordinaria de 1995 sobre la que se cernía el efecto de la crisis económica de un año antes, el momento político estará a favor del PRI, como ya lo señalan las encuestas serias que se realizan desde hace unos meses a nivel nacional.
En 2000, la euforia desatada por Vicente Fox tuvo su epicentro en Guanajuato, de donde era originario y donde había sido gobernador después de dos campañas políticas y el derribo de un gobernador electo del PRI. Eso marcó la elección de gobernador en la que Juan Carlos Romero Hicks derrotó a Juan Ignacio Torres Landa.
En 2006, el temblor generado por las campañas del miedo en contra de Andrés Manuel López Obrador impactaron de manera exponencial en el territorio conservador de Guanajuato, volcando hacia el PAN votos que probablemente podrían haber ido al PRI, apanicados ante la posibilidad del triunfo perredista.
Esta vez, las cosas se presentan muy diferentes. El movimiento de tierras es hoy a favor del PRI; la presencia panista nacional está debilitada y el perredismo es una pálida sombra de su anterior aparición electoral. Es decir, nada potenciará el voto blanquiazul, que se verá limitado a sus cifras duras, en tanto que la volatilidad esta vez puede favorecer al PRI.
Para que los nuevos factores impactaran en los resultados de la que, no obstante el desgaste de veinte años de ejercicio del poder, sigue siendo la reserva de votos panistas del país, sería necesario que el PRI local hiciera un juego perfecto lo que, como todos pueden ver hasta ahora, no ha ocurrido.
Pero, si bien los priistas guanajuatenses tienen una larga experiencia en el cultivo de la discordia, la diatriba y la descalificación intestina, podría ocurrir que desde su dirigencia nacional, con tal de sembrar una mayor confusión en el de por sí complicado cuartel panista, se esmeraran en afinar una ofensiva en estas tierras.
Tampoco parece ser así. Humberto Moreira ha tomado decisiones, en sus pocos días al frente del PRI, que hablan claramente de una de dos cosas o de ambas a la vez: no tienen intenciones de recuperar Guanajuato; no le importa lo que ocurra en Guanajuato.
Así lo dice con el delegado personal que envío: un cuadro jalisciense de ínfimo perfil, Francisco Santillán, adscrito formalmente a la línea de mando de Gerardo Sánchez. Así lo reitera su reciente visita en el marco de una ofensiva cenecista para copar la política local. Así lo deja claro su discurso, donde un triunfalismo vacuo, deja de lado los conceptos políticos que podrían orientar a sus correligionarios.
Al hacer malabarismos cortesanos para quedar bien con los diversos actores de la fragmentada política local, Humberto Moreira continuó en la línea de dar mantenimiento a lo que ya constituye una verdadera bancarrota, sin entrar en el tema de fondo.
Quizás, la razón final de todo este comportamiento la haya dado el despistado alcalde priista Leonardo Solórzano, quien, desde su enternecedora inocencia de precandidato a la gubernatura, hizo la pregunta del día: “Presidente, díganos ¿está negociado Guanajuato?”
Como siempre, son los simples de espíritu los que, sin buscarla, se tropiezan con la verdad.
Botepronto
Empieza a despejarse el panorama de la conjura que llevó a Víctor Domínguez Aguilar a encontrarse con la espléndida beca que es el asiento que ocupará en el Consejo del Instituto Electoral por los próximos 4 años.
Con el antecedente de haber sido auditor en la comisión de fiscalización del IEEG, Domínguez es el cuarto miembro del consejo que proviene de las filas burocráticas el propio instituto de lo que sólo se escapa el empresario J. Refugio Lozano, dejando sólo en el recuerdo el carácter ciudadano con que nació el organismo.
El nuevo consejero electoral, contador público de profesión, es, por si algo faltara, el arrendador del inmueble donde se ubica el restaurante La Bufa, que administra Martha Oliva Martínez, la hija del gobernador Juan Manuel Oliva.
Así que no parece haber sido una ruptura de acuerdos entre la fracción parlamentaria del PAN y la del PVEM, lo que motivó el repentino cambio de señales que dejó al abogado Mario Emilio Vargas Islas, literalmente, vestido y alborotado.
Más bien se trata de uno de esos caprichos que se permiten casi todos los gobernadores en la recta final de su administración.
La petición fue turnada de última hora al coordinador parlamentario del PAN, Gerardo Trujillo, quien se ha empeñado en contradecir el deseo olivista de ceder su mayoría para ungir Alejandra Reynoso como la próxima dirigente panista.
En un afán de equilibrio, los diputados azules le concedieron al gobernador una de cal por las que van de arena; con ello, le permitieron devolver algún favor; y, como simple daño colateral, dejaron a los ecologistas y a Vargas Islas rumiando el coraje.
Total, más se perdió en la guerra.
