Arnoldo Cuellar

Precandidatos: entre abogados te veas

In Análisis Político on febrero 18, 2011 at 10:46 am

La secuelas de las medidas preventivas ordenadas por el Instituto Electoral de Guanajuato a cinco aspirantes a la candidatura a gobernador del Partido Acción Nacional, para que frenaran su actividad proselitista, darán aún mucho de que hablar en las próximas semanas y pueden cambiar drásticamente el panorama vivido hasta ahora en materia política en la entidad.

Uno de los candidatos afectados, el senador sanmiguelense Luis Alberto Villarreal, interpuso una impugnación en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Monterrey, después de lo cual hizo correr la especie de que su acción había hecho “temblar al IEEG”.

Otro de los aspirantes que fueron frenados por las acciones precautorias dictadas por el órgano electoral, Gerardo Mosqueda, anunció la presentación de un recurso similar ante el mismo Trife, luego del rechazo de su impugnación en el IEEG por razones de forma, como pasó también con la protesta de Ricardo Sheffield.

Ambos litigios ante la instancia jurisdiccional federal, en el caso de que el ex secretario de gobierno haya presentado la suya, corren el riesgo de ser desechados sin que se llegue a considerar el fondo del alegato, por una simple razón: el hecho de que el juicio de protección de derechos político-electorales de los ciudadanos ya se puede verificar en el Tribunal Estatal de Guanajuato, luego de las reformas realizadas el pasado mes de diciembre.

Más allá de la sesuda asesoría que pudo haber conseguido Villarreal, el único precandidato de quien se tiene la certeza que se inconformó ante el Tribunal Electoral Federal, lo cierto es que su alegato debió presentarse en Guanajuato.

De tener suerte, el recurso interpuesto en Monterrey podría ser direccionado a Guanajuato. También puede ocurrir que simplemente sea desechado, con lo que se perdería la oportunidad de defensa en vista de que los tiempos para plantearla en el nivel local ya se vencieron.

No terminarán allí las cuitas del partido gobernante en este litigio con la autoridad electoral, pues resulta que la denuncia realizada por el Partido Acción Nacional, en contra de los aspirantes priistas que también realizan campaña adelantada, no necesariamente correrá la misma suerte que la realizada en contra de sus militantes

El consejero presidente del IEEG, Jesús Badillo, ha sido muy claro al señalar que las medidas adoptadas en contra de los panistas se basaron en las pruebas aportadas por los denunciantes PRI, PRD y PT, además de atenderse la petición que se formuló en el cuerpo de la denuncia, para adoptar medidas preventivas.

En el caso de que la acusación de Fernando Torres Graciano no tenga el suficiente sustento probatorio, podría ocurrir la eventualidad de que Francisco Arroyo, Miguel Ángel Chico, Gerardo Sánchez y Nicéforo Guerrero, todos ellos  señalados por conductas extralegales, quedaran exonerados.

De ocurrir así, la crisis que se avecinaría en las relaciones entre el IEEG y el partido gobernante de Guanajuato sería de pronóstico reservado y sin antecedentes en la historia del órgano electoral desde su creación hace 16 años.

La suspensión de las precampañas panistas, excepto la de Ricardo Torres Origel; y una posible permisividad al activismo priista, serían los factores que pondrían los precedentes para una tormenta como hace tiempo no se ve en el panorama político electoral de Guanajuato.

Todo ello, quien lo dijera, se daría a causa de un intento para poner orden en la adelantada sucesión.

Botepronto

Los cambios en la estructura de la Secretaría de Salud se quedaron a medias. Tal y como pasó en el DIF, el titular de la dependencia, el ultra Jorge Armando Aguirre Torres, decidió que podía acotar los daños a funcionarios de hospitales generales y de una jurisdicción sanitaria, salvando a su director administrativo, Juan Carlos Ramírez Origel.

El tema no parece ser menor: se trata de compras sin licitación de un vasto número de medicamentos del Seguro Popular, cuyo principal responsable es el elemento que decidió proteger Aguirre Torres, con el riesgo de que el conflicto escale, como ya ocurrió en el DIF.

Lo preocupante de algunos yunques es que, si bien elevan plegarias, no blanden el mazo ni en defensa propia

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