• Ese lastre llamado Vázquez Alatriste
• Solís, el acuerdo antes que la obra
• Claudia evade respeto a derechos

1.- El fiscal que no cuajó 

Cuando se revisan las circunstancias de su selección, no es de extrañar que Gerardo Vázquez Alatriste, un mediocre fiscal federal que había rodado por varios estados del país sin pena ni gloria, esté mostrando su absoluta falta de capacidad para asumir la responsabilidad de la Fiscalía General de Guanajuato.

El funcionario no llegó por ningún mérito, sino por un entramado de circunstancias: su buena relación con Juan Mauro González cuando este se desempeñó al frente de un grupo de inteligencia en la Secretaría de Seguridad de León; su nexo más bien casual con el fiscal federal Alejandro Gertz Manero; y, finalmente, pero quizá lo más relevante, el servicio que le hizo a la gobernadora Libia Dennise García al archivar una investigación sobre su candidato a ocupar la Secretaría de Salud.

De esas situaciones, dos ya no existen: Vázquez Alatriste tensionó su relación con Mauro González por celos superficiales y por una soberbia que le asomó desde sus primeros días en el cargo; Gertz Manero ya está tan lejos como Londres y su sucesora, Ernestina Godoy, no parece ver con buenos ojos las herencias que recibió.

Finalmente, el agradecimiento de la gobernadora se evapora aceleradamente y lo seguirá haciendo cada día frente a los excesos, la evidente autocomplacencia y el disfrute del cargo sin resultados de Gerardo Vázquez.

Ha sido el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, quien ha debido convertirse en el ángel de la guarda del fiscal cada vez que se mete en líos, lo que pasa a menudo y sin freno. Lo grave es que ni siquiera muestra disposición a aprender de sus errores.

El exministerio público federal desconoce el estado, no tiene habilidades políticas ni diplomáticas y, sobre todo, no parece mostrar las capacidades administrativas que exige el gigantesco entramado de la Fiscalía que creó Carlos Zamarripa a la medida de su egolatría y gracias a las complicidades con los exgobernadores Miguel Márquez y Diego Sinhue.

En su primer año, Alatriste pretendió sustituir la estructura servil a Zamarripa con fiscales federales cuya experiencia y ritmo de trabajo son muy distintos a lo que se vive en las fiscalías estatales. La resultante ha sido ineficacia y el deterioro de un clima laboral que ya estaba marcado por la verticalidad, el temor y altos índices de rotación.

Los fiscales estatales ya sabían a qué atenerse con Zamarripa y se sometían o buscaban emigrar lo más pronto posible al ejercicio de su profesión una vez que habían sido capacitados en el ejercicio penal. Hoy, ni siquiera pasa eso; lo que priva es la confusión y se nota en la productividad.

Cuando se postuló como candidato a fiscal, Vázquez Alatriste expuso con una arrogancia digna de mejor causa que “Gerardo es números”, pretendiendo sugerir que sus resultados podían ser medidos de forma objetiva. Lo que hemos visto en este año son los “numeritos” en los que ha incurrido, pero de indicadores no sabemos nada.

Si nos atenemos a las quejas de los colectivos de víctimas, la fiscalía de hoy no es mejor que su antecesora. Si bien Carlos Zamarripa fue el rey de la obcecación y el desprecio a los ciudadanos, al final de su mandato las luchas que lo enfrentaron habían logrado abrir el muro y generar un diálogo incipiente. Hoy eso también se ha perdido.

Cómo no recordar pifias con la acusación de trata de personas contra una empresa china de agricultura en Dolores Hidalgo, que tras el lucimiento y la grandilocuencia, terminó en un simple “usted disculpe” y una recomendación de mejoras laborales que ni siquiera competían a su área.

Cómo no recordar la inmovilización de un tren cargado de combustible en una zona habitada de Irapuato, tras un accidente con víctimas fatales, que puso en riesgo a cientos de habitantes por una mala práctica ministerial.

Cómo olvidar las negativas de las intrusiones tecnológicas a los sistemas de la fiscalía, cuando por todos lados se sabía, los litigantes no podían checar sus asuntos y los propios empleados se burlaban de las versiones oficiales, mientras cientos de miles de datos oficiales se exponían impunemente. Y ahí quedará en las historias locales de la infamia su respuesta sobre el hackeo: “250 gigabytes no es nada”.

Hoy, cuando la gobernadora Libia García ha mostrado una empatía histórica con las víctimas, resulta un contrasentido que el fiscal que apoyó no tenga la menor disposición para una justicia eficiente y cercana. Pero aún más paradójico es que la mandataria haya tenido la valentía de decidir el cambio de un fiscal cuyo tiempo constitucional aún no vencía y que el beneficiario de esa decisión no se muestre a la altura de la medida y se solace en actitudes prepotentes que solo parecen esconder indolencia y desconocimiento del terreno.

Sin embargo, el tema parece perdido en un laberinto. Cambiar de fiscal no parece opción en el gobierno de la Gente, donde se ha asumido que reconocer errores es un signo de debilidad. Con ello, Alatriste se sabe inmune, lo que no constituye un incentivo para que se esfuerce en aprender y mejorar. En esa espiral de equívocos todos perdemos.

Cuando se decidió la salida de Zamarripa, la urgencia era electoral. Muy probablemente el año próximo, veamos que algunas de las posturas dogmáticas de hoy se reblandecen bajo la presión de la realidad. Ojalá no sea demasiado tarde.

2.- Acueducto: convencer el nombre del juego

El activismo de los habitantes de Acámbaro y de los agricultores de los módulos de riego de ese municipio y de Salvatierra contra el proyecto del acueducto Solís-León ha logrado algo importante: sensibilizar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de la necesidad de escuchar sus planteamientos antes de decidir la suerte del proyecto. 

En su gira por la entidad de esta semana, la presidenta estuvo lejos de la insensibilidad de los técnicos de Conagua, que ven las bondades del proyecto desde su gabinete, pero ignoran el impacto en las poblaciones. También tomó distancia del paternalismo del gobierno estatal, que siempre ha considerado a los inconformes como “desinformados”. Pero, sobre todo, evitó el fatalismo prepotente de quienes echan por delante al Ejército como responsable de la obra con la lapidaria frase de “se va a hacer porque se va a hacer”.

De forma reiterada, la mandataria federal postuló el diálogo como la única forma de llevar adelante la obra y rechazó cualquier imposición o uso de la fuerza. Se trata de “ponernos de acuerdo, de que no haya nadie en contra”, aseveró.

Incluso, Sheinbaum reconoció que hay quienes dicen que debe cancelarse el proyecto, pero que su idea es “seguir trabajando, buscando el diálogo, buscando los consensos necesarios y la información suficiente”.

Esa actitud debe retomarse en el gobierno de Libia Dennise García, pues para el estado la obra es doblemente importante: no solo se trata de ampliar el horizonte del abasto de agua a las principales ciudades del estado, sino que también hablamos de la obra más significativa del sexenio, sobre todo por la carga que representa para el erario estatal el programa de subsidios a las mujeres.

Hasta ahora no se ha producido una intención de dialogar con profundidad y sentido político, como lo evidencian las teorías de conspiración que todavía repiten algunos periodistas cercanos al estado: que si el sabotaje proviene de Morena, de otros actores políticos, incluso del clero católico, sin entender que hay un sentimiento profundo de la población del sur del estado, vinculado al reparto histórico de la inversión en el estado.

La gobernadora, tan abierta para afrontar los temas, en este caso no se ha planteado una interlocución directa con las cabezas del movimiento en Acámbaro, Jerécuaro y Salvatierra, ni ha buscado intermediarios. 

Interlocutores factibles no faltan: ahí está el exalcalde priista de Jerécuaro, Luis Alberto Mondragón, quien se ha hecho presente en el movimiento. No ocurre así con la alcaldesa de Acámbaro, la expriista Claudia Silva, quien ha perdido la capacidad de intermediar por sus devaneos frente al proyecto.

Ni siquiera se trataría de que Libia tuviese que acudir a Acámbaro, sino de tender puentes y de invitar a las cabezas más lúcidas del movimiento, que por lo demás es profundamente horizontal, a un diálogo franco en un espacio neutral.

Esperemos que el ejemplo de la actitud de la presidenta sea retomado a nivel estatal y que las comunidades escuchen y sean escuchadas, más allá de radicalismos, para encontrar soluciones viables y racionales.

3.- Interrupción legal del embarazo: abdicación presidencial

Plantear que el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo es una asignatura que depende de los diputados de un estado no solo suena anacrónico, sino que plantea una abdicación del gobierno federal para hacer respetar derechos humanos reconocidos por la Constitución, por el Poder Judicial y por los tratados internacionales que México ha firmado.

La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del viernes en Irapuato pareció más una cortesía hacia el gobierno panista que una postura responsable de la autoridad federal.

No solo se trata de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que viene a refrendar lo que la jurisprudencia de ese mismo órgano definió desde hace años, sino que es además de una postura que debería ser consustancial al primer gobierno de una presidenta mujer: erradicar en todas sus formas la penalización del derecho de las mujeres a decidir.

El “llegamos todas” de Claudia Sheinbaum en su toma de posesión tendría que traducirse en posturas proactivas y concretas, sobre todo en materia de definiciones legales, no en el escapismo de dejar a la maniobra de las fuerzas políticas el respeto a derechos que ya no están a discusión más que en el imaginario de activistas que quisieran regresarnos un siglo en los calendarios.

Debe recordarse una y otra vez que lo que se encuentra en litigio no es una “licencia para abortar”, como quieren manejarlo los detractores de las políticas de pleno respeto a los derechos femeninos, sino que es la plena despenalización de la interrupción legal del embarazo y la creación de protocolos de salud pública para hacer accesible ese derecho.

La postura presidencial para dejar el tema en el terreno de las legislaturas locales lo deja en realidad en manos de las y los gobernadores, dada la inexistencia real de la división de poderes, lo que ata la decisión a criterios electorales y políticos y provoca un relativismo legal que solo puede operar en contra de los derechos humanos.

Sin embargo, como afirman convencidas las activistas cuyas voces representan a más mujeres de las que se manifiestan, pese a los viejos y los nuevos obstáculos, será ley.