• El fiscal no informa, pero presume
• Combate a la corrupción sin rumbo 
• Zoo León: un cazador cazado

1.- Vázquez Alatriste: ni coordinación ni eficacia

En un año, el fiscal que iba a venir a hacernos olvidar la época negra de Carlos Zamarripa se ha convertido en un nuevo problema para la política de combate a la inseguridad y la violencia en Guanajuato. 

Gerardo Vázquez Alatriste no ha mostrado ninguna eficacia y hay renglones en los que está muy por debajo de su polémico antecesor. En otros ámbitos lo iguala para mal, por ejemplo el de la opacidad, si bien con distinto estilo: Zamarripa era hermético y hosco; Alatriste es locuaz y cantinflesco. Pero en ambos casos, los iguala la resistencia a informar con oportunidad y responsabilidad a la sociedad a la que, teórica y legalmente, tendrían que deberse.

Sin embargo, en una cuestión particularmente preocupante, Vázquez Alatriste ha regresado a los tiempos de la incomunicación entre Fiscalía y Secretaría de Seguridad e, incluso, de rivalidad y recelo.

Si bien el compadrazgo del dúo dinámico que formaban Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca sirvió más para que se cubrieran entre ellos que para lograr resultados contundentes frente al asalto criminal que vivió Guanajuato desde mediados de la década pasada, se esperaba que con el relevo de ambos mandos se produjese un espacio de coordinación institucional, profesional y alejado de vanidades y complicidades. 

Se trataba de la gran apuesta para salir de la noche violenta vivida por la entidad.

A un año del desempeño del fiscal y del secretario de Seguridad, Juan Mauro González, es evidente que las cosas no están resultando. Y, de forma por demás evidente, las responsabilidades de lo que hasta hoy es un fracaso caen del lado de Gerardo Vázquez Alatriste.

Con una soberbia que roza la majadería, el exfiscal federal que decía gozar del padrinazgo de Alejandro Gertz Manero mandó regañar al secretario de Seguridad en una de sus esporádicas apariciones frente a los medios de comunicación, por haber anunciado la detención de tres presuntos responsables de la masacre en la comunidad salmantina de Loma de Flores, diciendo de forma textual:

“Ellos informaron, ellos que se hagan cargo de su responsabilidad. La Fiscalía se mantiene en su visión y en su versión de investigar y de dar cuenta cuando ya tengamos vinculación al proceso. No voy a romper la regla, no esperen que dé la nota informativa”.

Dos semanas después, no hay noticias acerca de la vinculación a proceso de los detenidos por el multihomicidio de Loma de Flores, tampoco se sabe si fueron liberados, pese a que los plazos legales ya expiraron. 

A últimas horas, la Fiscalía de Vázquez Alatriste se atribuyó la liberación del empresario y excandidato salmantino Gerardo Arredondo, secuestrado el viernes, en lo que parece un claro aprovechamiento para mejorar imagen. 

Aunque se sabe que el operativo fue coordinado y con participación de corporaciones estatales y federales, Alatriste no se aguantó de mandar un mensaje en redes donde se adjudica el liderazgo de la operación. Parece que, antes de la información, está la guerra de vanidades.

El anuncio, tras la advertencia a los reporteros de “no dar la nota” sobre los procesos legales que deben seguirse con los detenidos de Loma de Flores, evidencia una doble dinámica lesiva de los derechos y las expectativas de la sociedad que sufre las consecuencias del delito: podemos conocer la actuación de la fiscalía cuando festina sus logros, aunque ni siquiera sean exclusivamente suyos; pero no podemos saber nada del verdadero trabajo relevante de los ministerios públicos, que es el proceso que lleva al juicio y a la sanción a quienes violan la ley.

Es decir, los tiempos de Zamarripa parecen haber llegado para quedarse y que habrá que aguantarse con otro fiscal que se presenta como señor de horca y cuchillo, lo que de nuevo aleja a la sociedad de la participación en un esfuerzo conjunto para restablecer la paz y erradicar la violencia de forma efectiva.

Frente a esa cerrazón, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, hace lo que puede para atemperar la opacidad del fiscal, dando atisbos de información de los hechos delictivos que ocurren en el estado y de lo que hace la autoridad para enfrentarlos. ¡Cuidado! Puede salir regañado.

2.-  Honestidad, otra hoguera de vanidades

De forma inusitada, la Secretaría de la Honestidad, encabezada por Arcelia González, emitió un boletín en el puente del aniversario de la Constitución, para dar a conocer que había interpuesto cinco denuncias ante su propia dirección jurídica, por irregularidades detectadas en auditorías realizadas a cinco programas de la Secretaría de Economía, cuando la dirigía Ramón Alfaro, en el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez.

Lo primero a destacar es el azoro de saber que esta dependencia, de la que tan escasas noticias hay de forma regular, trabaja en días feriados. Lo segundo es más natural: la necesidad de lavar un poco la cara de la secretaria González, zarandeada a últimas fechas por su archivo de la investigación sobre la Casa Azul de Diego Sinhue y el posible conflicto de interés y también por su postulación para obtener una notaría pública, cuando la dependencia que dirige es la garante de la legalidad de ese proceso.

Urgía dar una buena noticia, aunque fuera en puente cívico.

Sin embargo, el asunto tiene sus aristas. Para empezar, la decisión de la secretaria de la Honestidad de presentar denuncias ante su dirección jurídica no es ningún logro, es un simple trámite derivado de los resultados de la auditoría. Sería irresponsable no hacerlo y parece que también lo es anunciarlo, pues apenas se trata de simples indicios, por lo que anunciarlo como logro resulta prematuro, además de que podría afectar el debido proceso.

Veamos. La dirección general de Asuntos Jurídicos, que desde hace algunas semanas tiene nuevo titular en la persona de Roberto Ávila García, un exmagistrado civil especializado en justicia familiar, podría archivar los casos, como ocurrió con el de la Casa Azul y Diego Sinhue, con lo cual el pomposo anuncio finsemanero para simular que algo se hace, volvería a quedar en agua de borrajas.

Quizá lo más grave no sea la insustancial función que realiza la Secretaría de la Honestidad desde siempre, cuando era Secretaría de la Transparencia y antes de la Contraloría. Nadie espera que de esa dependencia surja ningún signo claro de combate a la corrupción, menos cuando la única vez que ha pasado, en el sexenio de Juan Manuel Oliva, su titular, Luis Ernesto Ayala, debió renunciar después de encontrar responsables de corrupción a un secretario y un subsecretario de estado.

Lo más delicado es que hoy los pormenores de la labor de la dependencia están siendo utilizados bajo una lógica política y de imagen por la actual responsable, con la finalidad de superar críticas por su inacción en otros casos más relevantes. 

Parece que este fenómeno también forma parte del desorden con el que se viene desempeñando el gabinete de la Gente.

3.- Headhunters sin control de calidad

Está resultando paradójico que, en la administración de una alcaldesa defensora de los derechos de los animales, el zoológico de la ciudad de León esté pasando por un trance lamentable, primero por las muertes de animales y el descuido de la anterior gestión, a cargo de Rigoberto Montes Palomares, y ahora por un viciado proceso para elegir un nuevo director.

Después de la inversión de casi 60 millones de pesos en un hospital veterinario, el cual se concretó frente a críticas y polémicas, no parece haber explicación al descuido con el que se está afrontando la crisis del zoológico.

La inversión de 400 mil pesos en un despacho de reclutamiento, que por ese precio tiene que tener mínimos controles de calidad, ya era de por sí cuestionable. Sin embargo, empeoró las cosas el hecho de que el prospecto surgido del proceso, de entre una treintena de postulantes y una selección de 5 perfiles finalistas, el veterinario Alejandro Román Salazar, tenga en su haber serios cuestionamientos e incluso denuncias penales y administrativas por su desempeño en su anterior trabajo en un zoo de Tijuana.

¿En serio? ¿Una empresa de reclutamiento profesional que cobra esos precios no pudo ni siquiera googlear a sus seleccionados? La alcaldesa tendría que acudir a la Profeco a plantear un litigio para que le devuelvan su dinero.

Por lo pronto, sería un contrasentido o quizá peor, un error de magnitudes catastróficas, que se pretenda imponer a un candidato cuestionado y al que podrán venir a entregarle notificaciones para que se presente en Tijuana a aclarar la desaparición de un mono tití reportado muerto y del que no se encontró el cadáver.

¿Tiene necesidad la alcaldesa de León de un nuevo escándalo y, peor aún, de pagar 400 mil pesos para obtenerlo?

Estaríamos en el mundo del absurdo, aunque… parece que ya no debería extrañarnos.