• Jorge Espadas le deja a Libia la carga de elegir fiscal
• Activismo migrante sin apoyo de la estructura consular
• Reporteras en lucha contra el pacto patriarcal

1.- El Legislativo no hace su tarea

El líder de la bancada panista en Guanajuato, el experimentado Jorge Espadas Galván, decidió no hacer su trabajo en la primera parte del proceso para renovar la titularidad de la Fiscalía General del Estado enviándole a la gobernadora Libia Dennise García la totalidad de los perfiles inscritos en el proceso, sin ninguna depuración. 

Con una torpe negociación con los grupos parlamentarios, sujeta solo a la maniobra política y no un trabajo objetivo de análisis, de definición de perfil y de comparación de currículas, el Congreso en el que funge Espadas como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, eludió ejercer como filtro que dejara a la mandataria elegir sólo entre los mejores perfiles.

La ley establece un mínimo de cinco candidatos en una lista integrada por el Poder Legislativo. El artículo 95 constitucional no especifica que la lista se forme solo a propuesta de partidos, dejando abierta su integración, por lo que el Congreso podría haber efectuado una consulta más amplia, lo que no ocurrió.

Al limitarse a propuestas de los partidos políticos, la mayoría de los cuales fueron omisos con el mal desempeño de Carlos Zamarripa, la selección del nuevo fiscal queda comprometida a los intereses partidistas, a sus negociaciones internas, nunca transparentes, y a un rejuego de poder que implica transacciones por la vía de las prebendas que maneja el Congreso para beneficiar a diputados y a grupos parlamentarios.

Espadas nunca se salió del esquema que mejor maneja: manipular mediante pactos bajo la mesa a cuatro partidos, incluyendo a dos que en el papel son opositores: PVEM y PT. Desde luego, su propio partido, el PAN y el casi extinto PRD, tampoco son ajenos a la maniobra.

Morena y Movimiento Ciudadano quedaron fuera de ese ejercicio de manipulación, pero lamentablemente sus propuestas tampoco destacan en la lista, sumando sus candidatos a una lista que solo puede ser caracterizada por su mediocridad.

La clase política estatal queda mucho a deber después de casi 16 años perdidos con el dominio de Zamarripa, al abordar con una gran superficialidad el trámite de la convocatoria y el análisis de las propuestas.

Al enviar una lista de 9 personas, igualando los perfiles más serios con algunos de escasa experiencia y hasta de cuestionable trayectoria, el coordinador panista le dejó el desgaste político a la gobernadora, quien deberá eliminar a seis de ellos, asumiendo la responsabilidad que el Congreso evadió.

La decisión, responsabilidad de Espadas y de nadie más, deja ver una deficiencia que está propiciando varias crisis en el inicio del nuevo gobierno, al dejar toda la operación política en el Poder Ejecutivo y sobre todo en su titular.

Por más que Libia haya decidido ejercer un liderazgo proactivo que contrasta notablemente con la incuria de su antecesor Diego Sinhue Rodríguez, eso no debería traducirse en una ausencia total de operación.

También la exposición a la que se encuentra sometido el candidato que parece poseer el visto bueno de la mandataria, el fiscal regional federal Gerardo Vázquez Alatriste, puede ser atribuido a la operación del pastor panista, con su ya muy sobada maniobra de simular pluralidad con los diputados a los que controla con favores políticos, sin hacer un esfuerzo verdadero por negociar con oposiciones más acreditadas como MC y Morena.

La apuesta de Libia, que en realidad viene sugerida por Juan Mauro González, secretario de Seguridad, tiene todas las posibilidades de salir adelante, dado el énfasis que ha mostrado en estos cien días por ir contra todo y sin medir consecuencias. 

Habrá que “convencer” a algunos diputados más con los métodos pecuniarios de Espadas e ignorar las preocupaciones de los ciudadanos de Guanajuato. El resultado a mediano plazo es previsible: una fiscalía débil y subordinada a los ex policías federales que han hecho de Guanajuato un nuevo santuario, ante la falta de imaginación y de soluciones de los panistas que hoy gobiernan.

No parece la mejor receta para remontar la montaña de impunidad que ha sepultado la paz de Guanajuato.

2.- Migrantes amenazados y cónsules ausentes

Las comunidades de migrantes mexicanos, los que cuentan con residencia desde hace años, quienes conforman familias con una situación mixta en términos de documentación y aquellos que carecen de estancia legal, enfrentarán a partir de mañana una verdadera emergencia en los Estados Unidos de Norteamérica.

Frente a ello, organizaciones de activistas, muchos de ellos guanajuatenses en diversos estados de la Unión Americana, han reforzado su organización, sus redes y sus capacidades para ayudar a los paisanos a enfrentar el embate antiinmigrante ya anunciado por el nuevo gobierno, encabezado por Donald Trump.

Sin embargo, hay un motivo de preocupación: la red consular mexicana, integrada en un gran porcentaje por funcionarios de carrera, dueños de numerosos privilegios y escasamente comprometidos con las nuevas políticas del país, se ha mostrado hasta ahora poco dispuesta a formar un frente común con los activistas ciudadanos.

Y tampoco los cónsules provenientes de la esfera política, muchos de ellos en un cómodo semiretiro, prometen aumentar su esfuerzo para tratar de detener el tsunami que combina, racismo, xenofobia, populismo político y una reconversión económica hacia el proteccionismo.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, fue enfática en la pasada reunión consular al inicio del año en Ciudad de México, para ordenar que los funcionarios del Servicio Exterior Mexicano adopten políticas de puertas abiertas hacia la numerosa comunidad mexicana en los Estados Unidos.

Las comunidades desconfían de algunos de esos funcionarios, sobre todo por su trayectoria y desempeño previo. Sin embargo, serán los activistas los mejores vigilantes de que las instrucciones presidenciales se cumplan y logren producir sinergias para una mejor defensa de los intereses de los mexicanos en el extranjero.

El reto es fenomenal, los funcionarios ya designados por Trump dispondrán de recursos, de apoyo político y de marco legal para extremar las medidas restrictivas para la inmigración. Lo peor que puede ocurrir es que la respuesta posible para paliar los efectos, se vea saboteada por resistencias burocráticas.

3.- Pacto patriarcal revictimiza a periodistas

Periodistas del Grupo Milenio en Guanajuato han denunciado situaciones de hostigamiento laboral por parte de un directivo local. Aunque el caso no prosperó en el Instituto de La Mujer Guanajuatense, al parecer, este organismo solo interviene en el caso de instituciones públicas, sigue su curso en instancias laborales.

Sin embargo, el propio gobierno manda señales encontradas a través de sus diferentes órganos. Mientras la gobernadora Libia Dennise García convierte al  programa “Aliadas” en emblema, desde la Fiscalía de Justicia y la Secretaría de Seguridad, se registran acciones de intimidación y mensajes de protección a un presunto hostigador.

El diario Milenio y sus programas de televisión y radio se han convertido, esos sí, en aliados incontestables de los gobiernos panistas, en voceros sin recato del oficialismo, incluso llegando a la censura de colaboradores. Para el diario, la vinculación con el gobierno es vital para mantener su viabilidad económica. Se dan las condiciones perfectas para los intercambios de favores.

¿Es esa la razón de las complicidades y los mensajes de protección? ¿O se trata simplemente del viejo pacto patriarcal que ni siquiera el liderazgo de una gobernadora mujer logra modificar?

En el Consejo de Milenio se integran destacadas mujeres feministas que hasta ahora no han tomado una posición. Sería bueno saber si además de las explicaciones del directivo, también han escuchado las versiones de las víctimas.  

El caso se mantiene vigente por la decisión y fortaleza de las denunciantes, más que por la actuación de las instancias de defensa de derechos o por solidaridad de organizaciones y colegas.

Por cierto, con salvedades, el silencio de los medios sobre el tema es impresionante, mostrando la subsistencia de complicidades gremiales por encima de los compromisos explícitos que todos hacen sobre “dar voz” a víctimas de injusticias.

Como a menudo ocurre, se trata de un caso de frontera, de esos que amplían derechos y visibilizan abusos largamente normalizados. Veremos quiénes quedan en el lado incorrecto de esta historia.