• PAN sobran candidatos, falta partido
• Auditoría a la carretera: ser o no ser
• Apaseo el Alto: licencia para robar

1.- Banderazo de Libia a calenturas preelectorales

Frente a la inocultable carrera por la alcaldía de León, abierta de forma prematura por el coordinador parlamentario del PAN, Jorge Espadas, quien pasó de repartir tinacos a colocar espectaculares con un despliegue de fondos que ninguna revista de periodicidad irregular podría soportar, la gobernadora del estado ha debido salir a oficializar la competencia.

Con una juguetona indisciplina que forma parte de su peculiar forma de hacer política, el pastor panista forzó los tiempos y obligó a destaparse al diputado federal Alan Márquez y al funcionario del gabinete leonés Allan León, quien en materia de derroche los rebasó por la derecha.

Los aspirantes ni siquiera esperaron a que pasara el informe de la gobernadora en marzo, pero aumentaron la velocidad a partir de esa aduana. De refilón, un par de aspirantes morenistas hicieron su propio despliegue famélico frente al lujo panista: José Luis Manrique y Rudel Oliva pintan bardas con más pena que gloria.

Estamos en precampañas, así le pese a las anticlimáticas leyes electorales que solo parecen estar de adorno, violentadas por los mismos que las redactan. Así lo registran los medios y las columnas de opinión; así debió reconocerlo la primera panista del estado, contrastando con la visión de los dirigentes estatal y municipal de ese partido que viven en una realidad alterna.

Pero Libia, al reconocer que hay precampañas, dice algo que de momento no concuerda con la realidad: después de festejar que haya muchos candidatos y que vengan más, incluso desde la sociedad, pide “que haya procesos que tengan reglas muy claras”. 

Y eso es precisamente lo que está faltando desde que arrancaron estas pre pre precampañas, informales pero nutridas de dinero cuya procedencia se desconoce: no hay ningún tipo de reglas.

¿Cuántos espectaculares han colocado cada uno de los candidatos? ¿Cuántos tinacos y paneles solares ha repartido Espadas? ¿Cuánto tiempo de su función como secretario de vinculación ha empleado Allan León en promover su imagen? ¿Cuántas entrevistas ha tenido Alan Márquez, aprovechando sus buenas relaciones con los medios?

¿Qué hará Jorge Jiménez Lona para entrar en esa competencia cuando su tarea es hacer política en todo el estado y no solo en León? ¿Descuidará sus responsabilidades? ¿Cómo podrá igualarlos Juan Antonio Guzmán desde su posición de ciudadano de a pie con un cargo honorario en el invisible comité municipal panista?

A quienes tocaría poner reglas en una competencia que no está normada por los marcos formales, puesto que la elección ni siquiera ha empezado, es a los dirigentes panistas, Aldo Márquez y Juana de la Cruz Martínez. Sin embargo, eso no ha pasado ni pasará.

Lejos de llamar, si no a cuentas, por lo menos a cierta civilidad, a los desaforados aspirantes, Aldo se da a la tarea de invitar a miembros de la sociedad civil a inscribirse como precandidatos. Es decir: más leña al fuego.

El jefe panista en el estado ha dicho que no puede impedir que “los medios entrevisten a sus cuadros destacados”. Es decir, se trata de un espaldarazo a la simulación, a la indisciplina y al uso indiscriminado de dinero sin trazabilidad en la construcción de candidaturas.

Si esa es la idea que el PAN tiene de renovarse y de volver a sus orígenes, parece que persiste el extravío.

La gobernadora Libia García habló también, en entrevista concedida al reportero Alex Ramblas, de aquel PAN democrático en el que ella creció, donde había contiendas, libre adscripción a los distintos liderazgos y después procesos de reconciliación y reconstrucción de la unidad. Parece el paraíso perdido.

Lo cierto es que el PAN de Miguel Márquez y Diego Sinhue Rodríguez, que Libia hereda a medias porque aceptó dejarlo en manos de un cuadro identificado con su antecesor, ya no es el de sus esfuerzos juveniles: hoy se trata de la nómina por encima de la militancia, la ausencia de democracia interna, la prevalencia del dedazo y la discordia que lleva a la defección y al chapulineo.

Hablar de contiendas abiertas al partido y a la sociedad sin marcos de referencia y sin capacidad de conducción política solo parece una exposición de buenos deseos. Parece que eso no bastará.

2.- La concesión de Diego y la defensa de Libia

La gobernadora del estado dejó claro, en al menos dos intervenciones, una frente al colectivo de ciudadanos que buscan revertir la concesión de la carretera de cuota Guanajuato-Silao a un privado, la otra en una entrevista periodística cuatro días después, que se percató de esa decisión durante el proceso de entrega-recepción del Poder Ejecutivo. 

La afirmación de Libia García fue abordada periodísticamente por PopLab como un ocultamiento de parte de Diego Sinhue Rodríguez a la entonces gobernadora electa, incluso a la candidata en campaña y quizá incluso a quien antes fue su colaboradora en dos carteras: la de Gobierno y la de Desarrollo Social.

Una concesión con esas características no se cocina de un día para otro. La convocatoria se publicó en el mes de mayo de 2024, justo en plenas campañas electorales, y se resolvió en septiembre a días de concluir la administración. Sin embargo, los estudios sobre el trazo, la liberación de terrenos y el análisis de costos debieron iniciarse mucho antes.

De ser cierta la afirmación de Libia, y no hay por qué dudar, Diego Sinhue realizó un ejercicio de ocultamiento a su sucesora sobre una acción que le traería consecuencias, tanto por la pérdida de un ingreso al fisco estatal, al desprenderse de la muy rentable carretera Guanajuato-Silao, como por las posibles consecuencias sociales y políticas de la medida.

Sería algo parecido al madruguete de José López Portillo al nacionalizar la banca en septiembre de 1982, durante su último informe de gobierno, dejando sin margen de maniobra al entonces presidente electo, Miguel de la Madrid Hurtado, a 90 días de su toma de posesión y en medio de una de las crisis económicas más graves en la historia del país.

Sin embargo, surge una duda derivada del hecho de que Libia ratificó a varios funcionarios clave de la administración de Sinhue que participaron en el proceso de concesión: Héctor Salgado, el secretario de Finanzas, debió estar al tanto; también Juan Carlos Alcántara, exjefe de gabinete y hoy responsable de seguimiento de proyectos estratégicos; de igual manera, por más que no fuera su área, el secretario de obra pública, Juan Pablo Pérez, algo debió escuchar como subsecretario en la anterior administración.  

Si ninguno de ellos le avisó a Libia con oportunidad del tema y de las consecuencias en su gobierno, habría que tomar con reservas sus protestas de lealtad.

En la reunión del lunes con la Resistencia Ciudadana Guanajuato – Silao, como se han autodenominado los colectivos que buscan la reversión de la concesión y la cancelación del cobro en la caseta, Libia aceptó la posibilidad de una mesa de diálogo entre los expertos que los inconformes han consultado y los funcionarios del gobierno estatal, así como la contratación de un estudio independiente por parte de un consultor acreditado para que revise el proceso de concesión.

En la entrevista del viernes, dentro de la charla informal y relajada con el periodista Alex Ramblas a la que nos referimos en el anterior apartado, Libia estableció con claridad que discrepa de las conclusiones que le fueron presentadas por los ciudadanos a los que recibió el lunes y que las revisiones de su equipo realizadas después de que asumió el cargo le dan la certeza de que la concesión fue otorgada correctamente.

Llama la atención que eso no se dijo en la primera reunión, en la que se abrió a la posibilidad de escuchar y aceptar observaciones. Libia escuchó con atención los argumentos de sus interlocutores, donde se le dijo con toda claridad que sus hallazgos, enumerados uno a uno, les hacen ver que hay una lesión flagrante al patrimonio del estado. Ante ello, su respuesta fue: pongámosle rostro a los expertos y dialoguemos con ellos.

Cuatro días después y a espaldas de esos ciudadanos, en una posición probablemente pensada como control de daños y deslinde, la posición fue por completo opuesta: Libia aseguró que no hay ninguna situación irregular y que los argumentos de la contraparte no tienen un sustento que los valide.

Esa actitud le plantea un reto muy complicado al despacho independiente que realizará el estudio, que será elegido y contratado por el Iplaneg: si ratifica lo dicho por la gobernadora, aparecerá como una conclusión predeterminada, una especie de verdad histórica que no convence a nadie, sino que solo sirve de coartada. Si contra toda previsión, el externo encuentra deficiencias en la concesión, tendría que dar lugar a una sacudida profunda del gabinete de Libia, toda vez que no solo se equivocaron, sino que también la engañaron.

Sea lo uno o lo otro, el tema seguirá vivo por largo tiempo.

3.- Apaseo el Alto: el golpe

El presunto desfalco sufrido por la tesorería de Apaseo el Alto, un pequeño municipio de Guanajuato de poco más de 60 mil habitantes, cuya población decrece por la emigración, no es un asunto menor para la política estatal.

La administración encabezada por la alcaldesa panista Montserrat Mendoza Cano tiene mucho que explicar, dado que ya se habían registrado conductas irregulares del tesorero Jaime Aguirre Mejía en el pasado, detectadas en revisiones de la Auditoría Superior del Estado, sin que esto motivara sanciones ni ajustes.

En su segunda administración, después de haberse reelegido, a Mendoza Cano le explota la bomba cuando el propio edificio de la alcaldía sufre un corte de luz por falta de pago y después de casi un mes de ausencia del tesorero, presuntamente por enfermedad.

La de ASEG no fue la única luz ámbar en el historial del funcionario que hoy está prófugo de la justicia. También la Auditoría Superior de la Federación le había notificado a la alcaldesa irregularidades en el manejo de fondos y participaciones federales, como lo reveló la investigación de PopLab esta semana.

Estos antecedentes nos colocan frente a una incómoda situación: ¿sirven de algo las múltiples instancias creadas a lo largo de los años para “prevenir, detectar y erradicar la corrupción”, o sencillamente nos encontramos frente a tigres de papel que no asustan a ningún corrupto, potencial o real?

Tampoco las instancias políticas funcionan: el dirigente panista Aldo Márquez fustiga cada semana la corrupción de Morena, pero ha sido muy cauteloso para referirse al caso de su cabildo en Apaseo el Alto. Lo más que atinó a decir fue que expulsó a Aguirre Mejía del partido, cuando este ni credencial tenía.

El silencio también es monumental en el Sistema Estatal Anticorrupción, en la Secretaría de la Honestidad y en la Fiscalía Anticorrupción.

Viendo este y otros casos del pasado reciente, parece que en Guanajuato el PAN ya patentó la “licencia para robar”. Avísenle a los genios de la mentefactura que esa sí es creatividad innovadora.