• Libia y la revisión de su gabinete
• PAN: una carrera anticipada en León
• La cantera de los alcaldes panistas

1.- El desgaste y la glosa

Después del segundo informe de gobierno y de cara al año preelectoral, sería lógico y tendría sentido que la gobernadora Libia Dennise García realizara una revisión exhaustiva del gabinete con el que arrancó su administración hace 18 meses. 

La glosa del informe que el Congreso realiza esta semana será una oportunidad inmejorable para saber qué titulares de despacho han concluido su curva de aprendizaje y pueden aportar capital político y quiénes se quedan atrás, como peso muerto, en el proyecto de la primera gobernadora de Guanajuato. 

Hay dos tipos de circunstancias que se pueden revisar a estas alturas en el desempeño del equipo de gobierno.

En un primer caso, se trata de revisar los pasos encaminados a dar resultados de los diversos programas gubernamentales, analizar los perfiles para saber si ya lograron el periodo de aprendizaje y están aportando insumos de valor a la administración. También se trata de ubicar a aquellos funcionarios de los que no cabe esperar una compostura hacia la primera mitad del gobierno y la frontera que marca la elección intermedia de 2027.

En el segundo, se trata de prever los cambios que serán obligados por la construcción de candidaturas a cargos municipales y la renovación de las legislaturas local y federal, donde se recalculan las alianzas y los compromisos con sectores sociales y grupos internos del panismo.

El balance de los perfiles que no han cumplido con su encomienda en el equipo gubernamental puede tener dos puntos de partida: la insatisfacción que el trabajo del funcionario produzca al interior del propio gobierno o ante el mismo titular del Ejecutivo o su desgaste frente a la opinión pública, concretamente el sector con el que debe relacionarse.

Del primero de los casos tenemos dos ejemplos en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez: la secretaria de la Transparencia, Marisol Ruenes, que debió ser reubicada muy pronto en el sexenio; y el titular de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga, relevado a la mitad del gobierno. 

Ambos funcionarios sufrieron desgaste interno por su falta de resultados o por no entender la función que desde el círculo dieguista se quería que desarrollaran. En su remoción, la opinión pública tuvo muy poco o nada que ver.

Del segundo caso, el mejor ejemplo es el de la secretaria de Turismo con la que arrancó el anterior sexenio, Teresa Matamoros, quien exactamente fue despedida cuando la administración cumplía 18 meses, en marzo de 2020, sobre todo a causa de un coro unánime de quejas de los prestadores de servicios turísticos, a los que no solo ignoraba, sino que incluso regañaba en sus intermitentes estancias en Guanajuato entre las constantes giras por el país y el extranjero que caracterizaron su breve gestión.

En el gobierno de Libia Dennise empiezan a destacarse piezas del gabinete que han entrado en conflicto con los sectores a quienes deberían atender y con quienes deberían relacionarse para cumplir su encomienda y aportar resultados a la imagen del “Nuevo Comienzo”. 

En ese renglón se ubica la secretaria de Cultura, Lizeth Galván Cortés, quien casi desde su llegada ha abierto líneas de conflicto con el estamento cultural del estado: creadores, críticos y audiencias. Quizá su mayor equivocación ha sido abandonar la tarea educativa y formativa de la política cultural para incorporarse al núcleo económico del estado, con la peregrina idea de que las actividades culturales pueden generar ingresos, cuando la cultura en todos los países del mundo recibe subsidios, por su importancia como creadora de valores y promotora de integración comunitaria.

Resultó muy llamativo que en el segundo informe de gobierno no hubiese una sola mención a la política cultural del estado, ni por equivocación.

Otra funcionaria que ha incumplido sus encomiendas es la Secretaria de la Honestidad, la ex priista Arcelia González, quien rápidamente se acomodó como valedora de las conductas irregulares del pasado sexenio y se dedicó a fiscalizar a funcionarios de ínfimo nivel.

Además, la exmagistrada incurrió en el error mental de anteponer sus intereses personales en la búsqueda de una patente notarial, que otorga el gobierno al que debe vigilar, como si su función fiscalizadora fuese solo una actividad secundaria frente a sus intereses profesionales, lo que la colocó en un gigantesco conflicto de interés que vulnera por completo su credibilidad como garante de la política de combate a la corrupción. 

Un tercer caso, más complicado por la autonomía que le otorga la ley, es el del fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, desatado en la búsqueda de notoriedad política, con un narcisismo que en nada contribuye a superar la negra etapa de Carlos Zamarripa al frente de esa dependencia, pero que también afecta de manera sustancial una de las políticas de mayor relevancia de la gobernadora Libia García: la del combate a la impunidad como vía para pacificar Guanajuato.

Desde luego, la complejidad de iniciar un procedimiento para remover a un funcionario designado por 7 años a través del Congreso hace casi imposible pensar que pudiera darse un cambio en esa área, lo que contribuye aún más a los desplantes de un personaje que no parece haber llegado para sumarse a un equipo, sino para ejercer poder por su cuenta sin importar los resultados.

Sin embargo, es muy difícil pensar a estas alturas que la gobernadora esté en el modo de aceptar las fallas de sus colaboradores. En el entorno de la gobernadora se aprecia su firme disposición a defender sus decisiones en la integración del gabinete, incluso con el sacrificio de salir a dar la cara de forma personal por quienes están cometiendo errores o no están a la altura de la responsabilidad que se les asignó.

Libia parece estar asumiendo una responsabilidad que definitivamente no es suya: si un funcionario que llegó al cargo por sus antecedentes y su calificación no está respondiendo, no significa ningún desdoro para quien le otorgó su confianza proceder a un cambio. Así son los equipos en cualquier tipo de actividad, desde el deporte hasta la política al más alto nivel.

Habría que recordar que no se trata de compartimentos separados, sino que todas las funciones se apoyan entre sí y contribuyen al logro de los resultados de una administración. Al final, una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones.

Por otra parte, el tiempo transcurre de forma inexorable y la política está sujeta a su dictado. Darle tiempo de más a quien no está funcionando puede comprometer el margen de maniobra de la administración y debilitar la capacidad de reacción cuando llegan coyunturas fijas en el calendario, como las citas electorales, o las que surgen de forma imprevista.

En pocos meses, el proceso electoral estará de lleno entre nosotros. Ya hay precalenturas como la que ocurre de forma abierta en León. Deberán preverse movimientos en el gabinete y en la estructura de gobierno. Más vale que esas circunstancias tomen a la administración con todos sus integrantes cumpliendo su tarea con entrega y eficacia.

La glosa del segundo informe de la gobernadora Libia García probablemente tenga pocos efectos en la tarea de rendir cuentas de forma exhaustiva, pero sí los tendrá para observar con detenimiento las fortalezas y las debilidades del gobierno de la gente. 

Ya después sabremos si la gobernadora está dispuesta a apretar tuercas y afinar motores, o si sencillamente se limita la política a las campañas de imagen y las sonrisas en redes sociales.

2.- Corredores sin árbitro

Para el dirigente estatal del PAN, Aldo Márquez Becerra, nada hay que hacer en las anteprecampañas desatadas por al menos 3 destacados militantes de su partido en la ciudad de León, donde se disputa la elección más importante del 2027 en cuanto a tamaño de población y significado político.

Las apariciones en carteleras y publicidad masiva de Jorge Espadas, coordinador del Congreso; Alan Márquez, diputado federal y vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados; y Allan León, secretario de vinculación del municipio de León, vino disfrazada de “entrevistas” con medios de comunicación de escasa difusión que solo constituyen un frágil disfraz de una anticipada precampaña interna al interior del PAN.

Ninguna de esas revistas se anuncia con tal profusión ni realiza una inversión en las nada baratas carteleras fijas y electrónicas de León. Casi todas ellas, las que sí existen, son de difusión gratuita, por lo que no les interesa ni pueden costear la publicidad y normalmente no lo hacen. Que lo hagan cuando entrevistan a un político solo indica que el costo corrió a cargo del entrevistado, lo que constituiría una clara violación a la reglamentación electoral.

Lo que queda claro de fondo es que al menos tres personajes que quieren gobernar a los leoneses no tienen ningún escrúpulo en hacerle un fraude a la ley. Se trata además de militantes de un partido que se ha erigido en guardián de la normatividad vigente ante los exabruptos del gobierno federal, lo que viene a mostrar la elasticidad con la que toda la clase política se toma el respeto a los marcos que nos regulan.

Ya en el terreno de la política real, lo que se sabe es que la dirigencia nacional panista, a cargo de Jorge Romero Herrera, ha planteado la realización de encuestas como el método para elegir sus candidatos en el 2027, sobre todo en el caso de gobernadores y alcaldes de las mayores ciudades, con la intención de que esos liderazgos arrastren al resto de los aspirantes a diputaciones federales y locales.

Desde la dirigencia del PAN, Aldo Márquez asegura que no puede prohibirles a los medios “que entrevisten a los funcionarios y difundan las entrevistas”. Lo cierto es que, además de no poder, tampoco quiere, porque uno de ellos es su propio hermano, quien además parece ir encabezando las preferencias en León, de acuerdo a encuestas que circulan de forma selectiva.

El problema se le viene a la gobernadora Libia Dennise García, jefa política del panismo en Guanajuato, quien ya navegó 3 años en una difícil relación con la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos y que podría ver cómo la alcaldía de la principal ciudad de Guanajuato queda en manos de un proyecto cercano, pero no estrictamente suyo.

Quien podría ser un candidato de su hechura, el secretario de Gobierno Jorge Jiménez Lona, se rezaga por el apego a su responsabilidad y por el hecho de haberse convertido en una indispensable válvula de escape para las insuficiencias de gestión del gobierno estatal.

Difícilmente podría el funcionario que atiende los conflictos de gobernabilidad, chiflar y andar en la procesión: hacer campaña mientras atiende las vicisitudes de un tiempo complicado. Mientras que los otros aspirantes, con menor carga de trabajo y responsabilidades relajadas, pueden dedicarse alegremente a posicionar sus nombres y su imagen.

No estamos frente a proyectos realizados bajo un diseño y una conducción política: estamos frente al arrebato, el albazo y el desprecio a la legalidad. Nada bueno surgirá de ahí. 

3.- Alcaldes, el ejército de reserva

Si la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo se tomara el tiempo para revisar la pertinencia de cambios en su equipo de trabajo, más tarde o más temprano, quizá debería echar una ojeada a los alcaldes que terminarán su gestión en 2027, algunos de ellos con dos periodos en el cargo, como posibles alternativas para apretar el paso en la segunda parte del sexenio.

Acción Nacional ha descuidado la construcción de nuevas generaciones políticas y a menudo ha premiado lealtades sin reconocer capacidades; quizá por ahí ha venido un desdibujamiento del oficio de gobernar y, por ende, de la eficacia en la función pública.

Alcaldes como Adrián Hernández, de Dolores Hidalgo; Lorena Alfaro, de Irapuato; la propia edil leonesa Alejandra Gutiérrez, más allá de antipatías personales; José Luis Oliveros, de Apaseo el Grande, entre los principales, constituyen una reserva de experiencia que mucha falta le hace a un panismo que se desdibuja aceleradamente.

En el gabinete actual de Libia, los cargos en manos de militantes de su partido son mínimos. Apenas tres en los catorce puestos de primer nivel. Quizá esa proporción no pueda continuar en los próximos años, máxime si el experimento pluralista y ciudadano, no está funcionando.